La estrategia de los bonistas para no perder y presionar al FMI

Los bonistas que ingresaron al canje de deuda organizado por el gobierno en agosto del año pasado, por ahora siguen confiando. La novedad de un acuerdo dentro de la coalición gobernante para utilizar los Derechos Especiales de Giro (DEGs) para cumplir con los dos vencimientos de la segunda mitad del año, renacieron la expectativa por llegar a un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) para después de las elecciones. En el mismo sentido, mejoraron los precios de los papeles canjeados el año pasado.

Aunque aún no inviten a la venta, permiten esperanzarse de, al menos, esperar un tiempo con los títulos públicos en cartera para poder aunque sea empatar durante el 2022 el valor de canje. Pero se mantendrán  en alerta durante toda la etapa que se inicia luego de la certeza que el país cumplirá con los pagos al organismo; para que el Fondo le exija al país un plan económicos fiscal, monetario y macroeconómicamente sustentable para que en el período 2022- 2026, la cotización de los bonos canjeados en poder de los grandes fondos de inversión internacionales que permanecen con las posiciones argentinas (la mayoría) se recupere a niveles normales de cotización.

En esto coinciden fuentes los acreedores que aún están concentrados y organizados en los grupos que representaron a los bonistas durante las negociaciones que llevaron al acuerdo en agosto del año pasado, llamados en aquel tiempo Grupo Ad Hoc de Bonistas Argentinos, el Comité de Acreedores de Argentina y el Grupo de Bonistas del Canje. Hoy la  mayoría opera dentro del primero, desde donde periódicamente se lanzan comunicados de advertencia hacia el país y el FMI; llamando a un acuerdo y reclamando planes de ajustes que lleven a equilibrios fiscales y monetarios que luego deriven en una mejora en las cotizaciones de los bonos.

Intenciones y realidades

La intención primaria de los fondos de inversión que integraron estos grupos, era la de desmantelarse luego de la firma del acuerdo con el FMI (se lo esperaba para febrero/marzo de este año) y pasado un tiempo prudencial de la firma del Facilidades Extendidas. Se esperaba dejar el caso argentino en el olvido hasta nuevo aviso, descartando que la paz con el Fondo y el tiempo que el país pasaría sin obligaciones importantes de pagos a los acreedores (hasta el 2025), serían tiempos de desconcentración (y algo de ganancia) para los bonos criollos. Esto no ocurrió.

Pasó el primer trimestre y en lugar de un acuerdo con el FMI, se profundizaron las internas dentro de la coalición gobernante; con un kirchnerismo que boicotea un acuerdo si el plazo máximo se mantiene en 10 años. Esto, obviamente, fue leído por los bonistas externos que interpretan que esta lejanía e incertidumbre en cerrar con el Fondo, es la principal causa en la pérdida de cotización de los bonos a niveles de default; con pérdidas millonarias para los tenedores de los papeles y la incógnita sobre qué sucederá con la capacidad de pago del país hacia 2025; cuando Argentina debería comenzar a liquidar el grueso de los compromisos firmados en agosto del año pasado. Fue por este panorama que los bonistas decidieron permanecer unidos y organizados. Y demandantes de respuestas.

Una advertencia en el horizonte

Estos tenedores de deudas creen que un acuerdo con el FMI sólo será posible después de las elecciones. Y están dispuestos a esperar el resultado de las legislativas de noviembre. Consideran que un nuevo Congreso será más permeable a las intenciones de Martín Guzmán de lograr un acuerdo en el Legislativo que le avale lo negociado con el FMI. Descartan que el país cumplirá con los compromisos pactados con el Fondo hasta el momento de firmar el nuevo Facilidades Extendidas, pagando los dos vencimientos por  1.800  cada uno que deben concretarse en septiembre y diciembre de este año; y que antes de la liquidación de los 4.050 millones de dólares de capital de marzo de 2022, habrá acuerdo con el FMI.

Se coincide en los fondos que no se deben pensar en pagos parciales, y se considera indiferente si esa liquidación es con reservas o con fondos aportados por los DEGs del propio FMI o girados por terceros países como Rusia o China. Están alertas sin embargo en lo que creen son pocos avances serios y reales en las negociaciones con el FMI en cuanto a las pautas que debe cumplir el país en las metas fiscales, monetarias y macroeconómicas que se deberán cumplir para firmar el acuerdo. Se molestan por el pedido permanente de país de recibir un trato diferencial frente al resto de los países, y se consideran estos reclamos como trabas para el avance rápido de las negociaciones. Se cree que una vez terminadas las elecciones, en el período noviembre 2021- febrero 2022, "Argentina tendrá que enfrentar la dura realidad y sentarse a la mesa a hablar de lo que nunca quieren hablar: el ajuste que la Argentina debe hacer para resolver sus propios problemas económicos". Mientras se llegue a ese tiempo, prometen mantener las posiciones en los bonos argentinos.

Hacen una advertencia final. Citan el caso de las negociaciones de la deuda de las provincias de Buenos Aires y La Rioja para mostrar que la relación con el país no está "en condiciones de pedir favores" sino "de dar respuestas".