Cómo financiar un "nuevo IFE", un viaje clave y deudas que crecen entre los argentinos

Cómo financiar un "nuevo IFE", un viaje clave y deudas que crecen entre los argentinos

Se concretó el avance en el Senado. Guzmán se defiende. El viaje a Europa y el Club de Paris. Problemas serios de endeudamiento en las familias.

Carlos Burgueño

Carlos Burgueño

El Senado concretó su avance

La Comisión de Presupuesto de la Cámara Alta le dio todo el espacio necesario para que el "ala política" del kirchnerismo sea el inicio de la prohibición para que el ministerio de Economía utilice los fondos de los Derechos Especiales de Giro (DEGs) para pagar deudas. Y que, por lo contrario, se apliquen para crear, fondear y aplicar nuevas versiones de los dos planes que mejor resultado dieron para aplacar las consecuencias del Covid-19 en 2020.

Esto es, el Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) y el Programa de Asistencia de Emergencia al Trabajo y la Producción (ATP). Según la visión, ya pública y concreta, del kirchnerismo, los U$S 4.354 millones que el Fondo Monetario Internacional (FMI) giraría a la Argentina en agosto, deberían utilizarse para garantizar el dinero suficiente para las nuevas versiones de los dos planes; además de otras aplicaciones sociales y de sostenimiento de la economía real. Ayer, fue el senador Oscar Parrilli quién solicitó formalmente a la cámara alta que apruebe un "Proyecto de Declaración que solicita que los fondos correspondientes a la Argentina, como consecuencia de la próxima emisión de los Derechos Especiales de Giro del FMI, se apliquen para financiar la puesta en marcha de políticas públicas para resolver los problemas derivados de la pandemia de Covid-19".

El viernes 30 de abril se había producido la primera avanzada, cuando desde el bloque del oficialismo del Senado se publicó un comunicado pidiéndole a la Cámara Baja que apruebe una declaración sobre el tema. Ese proyecto reclama que “los DEG se apliquen para financiar la puesta en marcha de políticas públicas tendientes a resolver los graves problemas de la sociedad argentina derivados de la pandemia de covid-19, tales como salud, reducción de la pobreza, educación, vivienda, generación de trabajo, entre otros” y que esos fondos no se destinen “al pago de la deuda por capital, intereses o gastos, que el país mantiene con dicho organismo financiero internacional y/o con otros países englobados en el Club de París y que en ambos casos se encuentran en vías de negociación”. En el comienzo del comunicado, los senadores señalan como el objetivo del reclamo al ministerio de Economía de Marín Guzmán. Firman el pedido Oscar Parrilli, José Mayans, Anabel Sagasti, Carlos Caserio, María de los Ángeles Sacnun, Alfredo Luenzo, José Neder y Jorge Taiana. Esto es, el bloque más cercano a Cristina Fernández de Kirchner.

El reclamo de los legisladores tiene una aval y padrinazgo casi impensado. El reclamo el kirchnerismo, indirectamente, está respaldado por un trumpista de la línea dura. Geoffrey William Seiji Okamoto, el ya plenamente establecido como número dos del FMI, presentó en sociedad los DEG el 22 de abril pasado, cuando en una de las conferencias de la Asamblea Anual conjunta del FMI y el Banco Mundial, le tocó aclarar los alcances legales del beneficio presupuestado por unos u$s650.000 millones. El economista norteamericano anunció que el dinero disponible para cada socio del Fondo (a la Argentina le corresponden unos u$s4.354 millones aproximadamente por estar al día de la cuota correspondiente al 0,7% de las acciones), estaría recién en agosto, que no se podría utilizar para liquidar deuda vencida ni con el FMI ni con otros organismos internacionales y que se deberá aplicar en finalidades específicamente vinculadas con las consecuencias de la pandemia en la economía de cada país. Okamoto dijo que si los países aceptan el dinero, deberán sí o sí aceptar fiscalizaciones directas y puntuales de los agentes del FMI, para confirmar el buen destino de los miles de millones de dólares aportados. Y dijo puntualmente que, sí o sí, los DEG “se deben destinar a adecuar las reservas de los países socios del organismo, no para suplantar programas específicos de crédito en apoyo de reformas estructurales. Tampoco para evitar una necesaria restructuración de deuda que tengan los países con acreedores privados”. Siguiendo la línea que expuso Okamoto, y que el propio Fondo prometió fiscalizar, el dinero de los DEG sólo podrá utilizarse para paliar las consecuencias del Covid, y no para liquidar deuda. Aclaró además el funcionario que este destino será fiscalizado por el propio organismo financiero; lo que fue además avalado por el G-7, el grupo de países más desarrollados que también manejan el directorio del FMI y el Club de París.

La visión de Economía 

Para el ministerio de Economía, el reclamo de utilizar los DEGs para aplicar a políticas sociales y de apoyo económico como consecuencia de la segunda ola del COVID, podría no alterar sus planes para cumplir con los pagos de septiembre y, eventualmente diciembre, con el Fondo Monetario Internacional (FMI). La interpretación de la cartera que maneja Martín Guzmán, es que si el Senado avanza en ese reclamo, y si finalmente al menos parte de los U$S 4.354 millones se destinan exclusivamente para planes de apoyo en tiempos de Pandemia; la estrategia será avanzar sobre las reservas del Banco Central para concretar los pagos de U$S 1.800 millones.

Este será el mensaje que en conjunto le transmitirán Alberto Fernández y Martín Guzmán a todos los interlocutores con los que se reunirán la próxima semana en Europa, cuando ambos protagonicen con cartel compartido un viaje por Francia, Italia, España y Portugal. Los dos encuentros más importantes para discutir las negociaciones que el país mantiene con el FMI y el Club de Paris, serán la que mantendrá Alberto Fernández en la capital francesa con Emmanuel Macron, y la que en Roma sostendrá Guzmán con la directora del FMI Kristalina Giorgieva. En ambas Fernández y Guzmán quieren confirmar la buena fe en las negociaciones, la voluntad de llegar a un acuerdo, y el compromiso de cumplir con lo pactado para que el Club de Paris acepte un "Puente de Tiempo" para no caer en default el 30 de julio.

Ese día vencerá el plazo extra de 60 días en el que la Argentina debe cumplir con el pago de unos U$S 2.400 millones que  deberían pagarse el 30 de mayo; y, de no mediar un acuerdo, Argentina caería en default. La intención de Guzmán es conseguir un "waiver" del Club, para lo que necesita un acuerdo político que sólo puede negociar Alberto Fernández; ya que se necesita el aval de los jefes de Estado de cada país acreedor del organismo financiero. Este exige a su vez un acuerdo previo con el FMI, lo que no será posible de conseguir hasta después de octubre, con lo que la negociación debe incluir el perdón a la Argentina por un período determinado de tiempo. Sólo con la aceptación de los integrantes del G-7 de la verdadera "Buena Fe" del país, este podría ser posible. Y únicamente Alberto Fernández puede explicar esta situación. La hará ante Emmanuel Macron, donde deberá confirmar lo que en abril pasado Guzmán le explicó al ministro de Economía francés, Bruno Le Maire, también en Paris. El tándem Macron- Le Maire es clave para convencer al resto del Club, ya que por cuestiones de tradición su sede está en Paris y el presidente francés y su ministro de Economía son los máximos responsables.

Una de las misiones de Alberto Fernández y Guzmán en el encuentro de la próxima semana, es garantizar que los pagos al FMI de aquí a fin de año se concretarán; como muestra de esa "Buena Fe" que piden los acreedores. Y que no habría problemas en ejecutarlos sin contar con los DEGs. La reflexión macroeconómica de parte del Ejecutivo para calmar las preocupaciones (especialmente internas), sobre los avances del legislativo oficial sobre las DEGs; es simple. El dinero es fungible. Y si no se pueden utilizar los fondos de los derechos de giro aportados por el FMI para garantizar los cumplimientos, habrá otros dólares que podrán aplicarse. Se recuerda incluso un mensaje que envió el propio Guzmán sobre el tema. El ministro siempre aclaró que cuando hablaba de los pagos al FMI con dinero de los DEGs, se refería a una cuestión contable.

Préstamos

El total de préstamos en pesos en abril alcanzó los $ 2.965.603 millones, representando una suba anual de 40,4%. Los préstamos personales crecieron por 11º mes consecutivo alcanzando un alza del 26,1% en el año y las operaciones con tarjetas de crédito subieron 75,4%. Por su parte, los préstamos personales crecieron 3,6% mensual, mostrando un alza por décimo primer mes consecutivo. El saldo subió a $504.754 millones para el total acumulado, presentando un crecimiento  en términos nominales del 26,1%, contra los $ 400.418 millones al cierre del mismo mes del año anterior. Los datos pertenecen al último informe de la consultora First Capital Group, que indicó además que en cuanto a las operaciones con tarjetas de crédito, se registró un saldo de $ 976.546 millones, lo cual significa un aumento de 1,2% respecto al cierre del mes pasado, unos $ 11.961 millones por encima de marzo, claramente por debajo de la inflación del mes. El crecimiento interanual, por lo contrario, llegó al 75,4%, muy por encima de la inflación del año.

Aproximadamente 6,1 millones de personas mantienen deudas por afuera del sistema financiero con entidades identificadas como Otros Proveedores No Financieros de Crédito (OPNFC) por un monto global de $195.000 millones, según el relevamiento semestral que publicó esta semana el Banco Central de la República Argentina (BCRA). Los OPNFC son un grupo heterogéneo de empresas conformado por cooperativas y mutuales, empresas de venta de electrodomésticos y fintechs, entre otros. Desde octubre de 2020, el BCRA introdujo modificaciones significativas en la regulación que implican, básicamente, la obligación de registro como OPNFC para la mayoría de las empresas no financieras de crédito (aún cuando no reciban financiamiento de entidades financieras) y el cumplimiento de disposiciones que otorgan mayor protección a la persona usuaria de servicios financieros. Según el Informe, en los últimos dos años creció en forma significativa el número de OPNFC registrados en el BCRA, alcanzando en enero del corriente un total de 323 empresas, frente a 235 proveedores a fines de 2018. Entre junio de 2020 y enero de 2021 se inscribieron 50 nuevos proveedores, el mayor registro desde el segundo semestre de 2018 y más que duplica el promedio de los tres semestres anteriores.

Otras de las conclusiones del Informe son:

  • Deudores totales: La cantidad de personas que tomaron crédito de los OPNFC alcanzó 6,1 millones en octubre de 2020, siendo casi en su totalidad personas humanas.
  • Deudores exclusivos: La cantidad de personas deudoras exclusivas de los OPNFC (es decir, que a su vez no poseían deuda con el sistema financiero) fue de aproximadamente 2,8 millones de personas. 
  • Comparación con el sistema financiero: Si se considera que las entidades financieras poseían asistencias crediticias a 13,4 millones de personas humanas en octubre de 2020, esto implica que los deudores exclusivos de los OPNFC representaban alrededor de 20% de las personas deudoras de las entidades financieras.
  • Deudores compartidos con el sistema financiero: El total de clientes de los OPNFC que poseían también deuda con el sistema financiero fue descendiendo desde 4,3 millones de personas en enero de 2018 hasta alcanzar 3,4 millones de clientes en octubre de 2020.
  • Monto de las financiaciones: La cantidad de OPNFC que reportaron al BCRA su cartera alcanzó a 215 empresas en octubre de 2020, registrando saldos de financiamiento por $195.000 millones. Excluyendo las asistencias por tarjetas de crédito, el saldo adeudado a los OPNFC fue de $88.000 millones. 
  • La tasa nominal anual promedio se ubicó en 84%, con una caída de 28 puntos porcentuales entre el primer trimestre de 2020 y octubre del mismo año.
  • Irregularidad: La irregularidad de la cartera de los OPNFC (excluidas las financiaciones por tarjetas) se mantiene en niveles elevados, alcanzando en octubre de 2020 un 39%. Sin embargo, esto no se debe a un deterioro de la cartera en situación irregular, sino a la contracción de la originación de préstamos, que redujo el total de los saldos adeudados y la base de comparación para el cómputo de ratio de cartera. 
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