El gran problema argentino y una comparación molesta

El Gran Problema

Los datos de la inflación de marzo de 2021 fueron peores a los esperados. Los datos duros habla de un alza de 4,8%, un nivel sensiblemente superior al 4% de enero y el 3,6% de febrero. En el primer trimestre del año el incremento alcanza el 13% y en el año la diferencia trepa al 42,6%. Por ahora el mal resultado de marzo, el mayor registro desde que Alberto Fernández es presidente, está por debajo de los cuatro peores del gobierno de Mauricio Macri: 6,7% en abril de 2016; 6,5% en septiembre de 2018; 5,9% de septiembre de 2019 y 5,4% en octubre de 2018. Pero compite con los resultados generales de la gestión anterior. El análisis se complica aún más, si se tiene en cuenta que el alza de los precios en marzo, se da en un contexto de un dólar oficial con cepo y signos de cierto atraso en la comparación anual, un mercado del Blue desinflado, con tarifas congeladas, combustibles por alzas controladas, salarios sin presionar (aún) por paritarias, tasas de interés por debajo de la inflación y una batería amplia de medidas para contener los precios de los alimentos y los productos de consumo masivo. Aún así el índice de marzo arrojó un incremento en el rubro alimentos y bebidas de 4,6%; aunque los sectores más problemáticos fueron Educación, con 28,5% e Indumentaria y Calzado, con 10,8 por ciento. En un año, este último rubro mostró un alza de 70%. Caso curioso, teniendo en cuenta que la producción de textiles cayó un 30% en el mismo período.

La Comparación Molesta

El alza de la inflación en lo que va del año acumula un 13% en el primer trimestre; e impone un cuestionamiento serio y fuerte a la meta de 29% fijada en el Presupuesto; porcentaje que a esta altura parece una anécdota. Sin embargo el análisis se complica al tener en cuenta que ese es el nivel pactado entre el gobierno nacional y los sindicatos más cercanos al Ejecutivo para las paritarias 2021. De hecho, esta misma semana la Unión Obrera Metalúrgica (UOM), cerró sus negociaciones anuales con un incremento de 32% en cuotas para todo el ejercicio. Si se cumpliera la proyección de un alza inflacionaria de 40% (para los privados es el piso) y se cruzara el porcentaje con el incremento de los salarios de los metalúrgicos (como ejemplo para el resto de la industria); el 2021 será un nuevo año donde los precios habrán superado largamente la reestructuración de sueldos; hecho que se sucedería por cuarto año consecutivo. En otras palabras, los salarios de los trabajadores argentinos habría perdido contra la inflación (con mayor o menor nivel) entre el 2018 y el 2021. Y, durante la gestión Alberto Fernández, nunca habrían mostrado mejoras. Obviamente es una situación política insostenible, y ameritará una revisión de las pautas pactadas para los incrementos salariales de este año; lo que, a su vez deriva, en una mayor inquietud entre las empresas que no pueden aún cerrar el cálculo anual de costo salarial, ya que descartan que antes que termine el año deberán readecuar los niveles salariales.

El vencimiento fallido

Sin mayores expectativas de éxito recaudatorio, vencerá hoy el plazo establecido por la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) para el pago del Aporte Solidario Extraordinario a las grandes fortunas. Los ingresos difícilmente superen el 30% de lo esperado, lo que inevitablemente derivará en una batalla judicial entre los que pagaron el tributo y los que eligieron litigar, conflicto que seguramente durará años. Más tiempo incluso que la actual gestión de Alberto Fernández. No sólo mostraron una posición levantisca grandes empresarios, sino personalidades públicas como el futbolista Carlos Tevez La gran discusión legal para saber quién tiene razón será la decisión final de la justicia sobre si se trata de un impuesto, como aseguran los privados, o de un aporte puntual que no volverá a repetirse. Si es lo primero, regiría el principio de "doble imposición", con lo que la carga sería ilegal e inconstitucional. Si fuera lo segundo, la razón la tendría el gobierno y los contribuyentes que no liquidaron el aporte deberán hacerlo con intereses. Seguramente será una cuestión que terminará en la Corte Suprema y que demandará un largo tiempo de resolución. Se abre así otro debate. Mientras el conflicto se defina en la justicia, ¿deberán pagar o no los afectados?. Para los abogados del organismo que maneja Mercedes Marcó del Pont la respuesta es obviamente afirmativa; y debe regir en principio de "Solve et Repete". O dicho de otro modo "pague ahora y proteste después". Para los privados, de ninguna manera habrá que liquidar. Por esto los abogados que representan a los contribuyentes eligen los amparos judiciales. Este último capítulo será algo que los jueces deberán resolver en pocos días.

Negociar en Paris

Finalmente llegó el día en que Argentina negocie cara a cara con el Club de Paris, para saber cómo se pagará la deuda de U$S 2.400 millones que Argentina le debe a ese organismo, dinero que hoy está en virtual default y que debería liquidarse en mayo, aunque legalmente haya tiempo hasta julio). El encuentro será hoy en Francia entre el ministro de Economía argentino Martín Guzmán y su par y anfitrión local Bruno Le Maire; quién por su cargo detenta el tradicional sillón de presidente del Club de Paris. El punto donde habría acercamiento, es que no tendría problemas el organismo en otorgar una prórroga en los pagos para el 2022 o incluso el 2023. Incluso también podría aceptar una reducción de las tasas de interés del algo exorbitante 9% actual a casi la mitad. Lo que parece difícil de lograr, es la exigencia por estatuto no escrito de tener previamente un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI); como imprescindible paso previo a cerrar un pacto con el Club. Como esa posibilidad está hoy en negociaciones congeladas hasta después de octubre, y los vencimientos con la entidad que maneja Le Maire son anteriores, a Guzmán le cabrían dos alternativas: pagar con reservas o entrar en default. Para una tercera alternativa (una postergación de los vencimientos hasta que se defina la situación con el FMI), se necesita una decisión política de todos los países acreedores. Entre estos se encuentran Alemania, Japón, España, Francia y Gran Bretaña. Será un tema que se deberá resolver en los próximos 30 días.

El Peso del Gasto Público

El último informe elaborado por la Fundación Mediterránea se concentra en uno de los grandes focos que atentan a la estabilidad macroeconómica en la Argentina: el nivel de gasto del sector público, y su peso contra el producto traducido en la presión de los impuestos sobre la actividad privada. Los datos son demoledores. La entidad cordobesa, "luego de bajar del 33,8 al 30,9% del PIB entre 2015 y 2019, la presión tributaria en Argentina subió a 32,4% en 2020 y apunta a 33,1% en 2021, retomando una tendencia alcista que había exhibido entre 2002 y 2015, cuando pasó del 19,3 al 33,8% del PIB (cerca de 15 puntos porcentuales de suba en 13 años). En una comparación internacional de presión tributaria, Argentina y Brasil aparecen claramente a la cabeza en Latinoamérica, superando además a muchos países desarrollados como USA, Australia y Corea del Sur. Sólo en Europa se observan guarismos mayores, con algunos países superando el 45% del PIB". Para el informe, "la presión tributaria subió 11 puntos del PIB en dos décadas en Argentina, para financiar un gasto público que también aumentó con desmesura en dicho período, cuando pasó de 30 a 47% del PIB. Dado que la fuerte suba de impuestos no resultó suficiente para financiar tal incremento en el gasto público, se generó además un elevado déficit primario, que en 2020 resultó 6,5% del PIB (para este año el presupuesto prevé 4,2%), con sus conocidas consecuencias en términos de inflación y endeudamiento". Concluye que "Argentina se ubica así con uno de los mayores pesos del estado en la economía en Latinoamérica, superado en el mundo por algunos países europeos, aunque con una diferencia notable en la calidad y eficiencia de los servicios públicos. Argentina, a pesar de gastar en el sector público 17 puntos extras del PIB en las últimas dos décadas, no exhibe una mejora notoria en algunas variables claves sobre las que el Estado debería influir, como educación, seguridad o tasa de pobreza". La conclusión sobre el informe elaborado por la Fundación Mediterránea, es simple: en dos décadas el peso de sostener un gasto público creciente aumentó 5 puntos porcentuales; en coincidencia con un estancamiento productivo que lleva 12 años; un nivel agravado por la pandemia.