Cuáles son los planteos que las empresas llevarán al Gobierno si convoca a un pacto social

La muy probable postal que devolverán las elecciones generales del 14 de noviembre será la de un Gobierno nacional derrotado en las urnas y condicionado a rever el rumbo con el que ha llevado adelante el mandato otorgado en 2019. No son pocos en las filas oficialistas los que incluso han esbozado un discurso para decir que “conviene” perder, para limpiar a fondo lo que haya que limpiar, y relanzar los dos años que restan de gestión.

Abriendo el paraguas con anticipación, algunos socios del Frente de Todos comenzaron a ensayar el gesto de convocar a la oposición y a otros sectores sociales para discutir ciertos acuerdos sobre la convivencia política y lineamientos básicos de la política económica, cuando se supone que el principal escollo al crecimiento, la deuda contraída por Mauricio Macri en el Fondo Monetario Internacional (FMI), entró en la “recta final”.

El establishment económico tiene bien en claro lo que quiere. El acuerdo para acceder a un programa de Facilidades Extendidas con el Fondo emerge como la imperiosa necesidad de estas horas para ordenar las variables económicas. Para barajar y dar de nuevo. Para abrir el grifo al crédito externo (al endeudamiento privado), para aliviar el cepo cambiario y dar más acceso a divisas, y para eliminar el cepo a las importaciones,- y otros tecnicismos de la burocracia estatal que demandan cambiar.

Preparándose para tal escenario, entre los jerarcas del Grupo de los 6 comenzaron los sondeos informales. Esta plataforma que reúne a las principales gremiales empresarias del país –bancarios, industriales, mercantiles, ruralistas, traders de commodities- en representación de vastos sectores de la economía ha decidido no patear el tablero. Por eso, es improbable que el G6 se pronuncie como tal. Pero no por ello resignan demandas.

Vale recordar que, en el primer trimestre de 2020, el Gobierno convocó a un “Acuerdo de Precios y Salarios” en diálogos tripartitos para moderar la puja distributiva y mantener aumentos y paritarias en torno al 30%. A la vista está el fracaso de dicha convocatoria.

Menú de reclamos

Los planteos empresarios podrían ordenarse en cuatro niveles. Resolver la deuda con el Fondo es el tema más apremiante para el empresariado interesado en volver a tener acceso al crédito internacional, hoy vedado por la amenaza de default en la que está la Argentina, y la disparada del Riesgo País, cuyo valor incide directamente en el encarecimiento de las tasas de repago de cualquier préstamo en mercados foráneos.

La inflación que este año rondaría el 50% también es otro tema pendiente. “La estabilización macroeconómica y los niveles de inflación bajos son condiciones necesaria para el crecimiento. Los precios por las nubes son malos para el consumidor, pero también para el productor, que no tiene previsibilidad”, dijo a MDZ Daniel Funes de Rioja, presidente de la Unión Industrial Argentina (UIA).

Para Funes -que asumió en la UIA hace pocos meses y viene de pelear al Gobierno por el congelamiento de precios- el segundo aspecto que más preocupa al empresariado es la necesidad de introducir una reforma laboral.

“Hay que adecuarse a las nuevas realidades: hay todo un sistema laboral con otras demandas de empleabilidad y nuevas realidades de contratación”, sostiene. “La economía está rebotando suavemente, y la demanda en la industria hoy se suple con horas extras, más que con nuevas contrataciones”, precisa, antes de zanjar el pedido: “Necesitamos formas de contratación temporaria, de emergencia, que nos permitan generar marcos más realistas”.

Olfateando la oposición de los gremios, el empresariado aclara que todo lo dicho debe aplicarse “a las nuevas contrataciones”, y preservar las condiciones de la población ya registrada en empleos formales. Pero en el paquete también incluyen planteos como la reforma del fuero laboral, al que ven como el causante de la “industria del juicio", y mecanismos para reducir costos de despedir personal.

Más allá de lo regulatorio, también afloran quejas por el lado impositivo. Los  empresarios mercantiles. Junto con el reclamo de una mayor “armonización” del sistema tributario nacional, que está en los planes del ministro de Economía, Martín Guzmán, pero sin títulos rimbombantes, sino quirúrgicamente y a través de una batería de leyes, se exige que las provincias y municipios frenen la creación de impuestos y tasas. En tal sentido, no hay perspectiva de que se negocie un Pacto Fiscal, como el que hubo en la era Macri, para reducir progresivamente gravámenes bajo la expectativa (a la postre, errónea) de un crecimiento sostenido en el tiempo.

Independientemente de esto, varias cámaras buscarán empujar sus iniciativas para coadyuvar al ventilado objetivo del Gobierno de generar empleo genuino y afianzar la recuperación. Al respecto, el presidente de la Cámara Argentina de la Construcción, Iván Szczech, sostiene que “debería haber una ley que asegura una inversión pública nacional mínima en infraestructura, como sucede con el Presupuesto para Educación”, y anticipó que pelearán por ver avanzar en el Congreso un proyecto de ley de fomento al crédito hipotecario para la compra de viviendas.

Del ámbito rural, el dirigente de Coninagro Carlos Iannizzotto avisó que pedirá el debate de “una ley de Economías Regionales”, que “trata de federalizar la actividad agroindustrial”. El dirigente mendocino también reclama “volver al debate serio de un Plan Ganadero que aleje el tener que recurrir a los cepos”, en referencia a la suspensión temporaria de la exportación de cortes vacunos, dispuesta durante algunos meses del año.

La válvula de escape

Aunque Sergio Massa fue el primero en lanzar el globo de ensayo de una convocatoria amplia al diálogo, y pretende jugar un rol que lo catapulte en sus ambiciones políticas, el presidente de la Cámara de Diputados no tendría a su cargo la tarea de articular los intereses dispares. No es tanta la confianza que el presidente tiene en el tercero en el orden de sucesión.

Esa tarea la tendrá un hombre alineado con Fernández. El secretario de Asuntos Estratégicos, Gustavo Béliz, está a cargo del Consejo Económico y Social (CES) creado por decreto y que espera convertirse en la herramienta a futuro con la que la clase dirigente dirima sus cuitas y fije rumbos claros.

Béliz, un hombre de fe y cercanía con la Iglesia católica, cultor de los buenos modales, el perfil bajo, y las relaciones con las corporaciones, trabaja en la Casa Rosada como un monje negro. Se trata de un personaje clave de la política, con cuotas significativas de poder, y una baja exposición pública. Su manera preferida de operar es así, a la sombra, lejos de los flashes, las luces y los titulares.

“En el Consejo Económico y Social el diálogo es permanente; muchos empresarios y sindicalistas lo pueden confirmar”, dijo a este medio un asesor de Béliz –puesto que el secretario rehúye obsesivamente de la prensa.

El empresariado ve con buenos ojos que allí se dé el debate, y que este espacio funcione como la válvula de escape de los reclamos, frustraciones y anhelos. Szczech, presidente de Camarco, evaluó que el CES “es un ámbito a sostener, y es necesario darle legitimidad por ley”.