Volvemos a ser rehenes de un corralito de facto y de la informalidad

¿A quién no le pasó últimamente? De repente es sábado, uno está cansado, hace calor y se tienen ganas de salir a comer a fuera. Todo bien, pero hay un problema. Se quedó si efectivo y hay que encontrar un restaurante que reciba tarjetas de crédito o débito. Este “problema”, que resulta impensado en pleno siglo XXI en cualquier país de las características de la Argentina o incluso menos desarrollado, se está volviendo estructural más que coyuntural. Y esto impacta no sólo en el ánimo de los consumidores, al punto tal de motivarlos a quedarse en casa para evitar disgustos, sino que también en el clima de negocios en general y en el comercio en particular.

La falta de efectivo llegó para quedarse. Si bien dejó de ser caótica, porque ya nadie tiene depositado en el banco sueldo y aguinaldo, la inflación acumulada en todos estos años y el arrastre que hay tenido sobre el nivel de los salarios (desde octubre de 2001 a diciembre de 2010 el índice oficial de salarios en blanco acumula una suba del 387,58% y las jubilaciones subieron en este período 780%), choca no sólo con la cantidad de billetes circulando, sino con que sigamos usando todavía billetes con denominación máxima de $100.

El no reconocimiento de la inflación por parte del Gobierno nacional hace que sigamos usando billetes con la misma denominación que teníamos durante la época de la convertibilidad, ahora que el peso cotiza a una relación de 4 a 1.

Que no haya billetes de mayor denominación también hace que la red de cajeros automáticos en los bancos quede desbordada. Imaginen por un momento: cada cajero automático tiene una capacidad máxima de carga de dinero de unos $580.000. Eso, claro, con la actual gama de billetes que van de $2 a $100. Si hubiera billetes de $200, automáticamente la capacidad de carga de los cajeros aumentaría.

En otra dirección
Pero nuestros gobiernos no se caracterizan por pensar más allá de sus intereses. Y en vez de avanzar hacia la impresión de billetes de mayor denominación para aliviar este problema, optó por otro camino. En la escasez de efectivo, el Gobierno encontró una forma “heterodoxa” de enfriar la economía (para contener la inflación) y apeló a la mayor bancarización que da el uso de las tarjetas de crédito y débito para que el mayor consumo tenga un correlato directo sobre la recaudación de impuestos.

Pero una vez más lo hizo por la fuerza, intempestivamente, en una economía que estructuralmente tiene elevados índices de informalidad y evasión fiscal; trasladándole además los mayores costos de operar con tarjetas de crédito a los comercios. Y en ese plan, desde el sector empresario de Mendoza encendieron la luz de alerta ante la posibilidad de que se vuelva obligatorio para los comercios contar con la opción de pago electrónico para desalentar el uso de efectivo.

Y más allá del problema de la evasión fiscal, que en definitiva es un delito, el problema de raíz es quién paga los mayores costos.

Considerando que el costo del  Post-Net es de unos $130 mensuales por negocio al mes y que por cada venta, el banco cobra por comisión el 1,5% del monto total de la compra hecha con débito y el 3% si el pago es con tarjeta de crédito, explican desde la Federación Económica de Mendoza (FEM), generalizar por la fuerza el pago electrónico es poner en manos de los bancos y la empresa que ofrece el servicio de Post-Net un gran negocio.

Es por eso que desde la FEM empezaron a agitar el debate de que si la decisión del Gobierno es hacer obligatorio, por parte del Banco Central y la AFIP, la opción de pago con tarjeta de débito y crédito, primero se tienen que rever las comisiones que se pagan.

En concreto, desde la FEM reclaman:

- Reducir al mínimo el costo del servicio mensual  del Post-Net ya que se incrementaría exponencialmente su utilización, por lo cual esta empresa incrementará sus beneficios.

- Reducir al mínimo las comisiones del banco, por la misma razón mencionada anteriormente, sus operaciones crecerán exponencialmente de un día para el otro.

- Evaluar la posibilidad de exceptuar  a los monotributistas, o aquellos negocios que manejan muy bajos importes de ventas por cliente.

En el medio de esta puja de intereses, están los consumidores. Sí, todos los que sufren largas colas para hacerse de efectivo o los que cuando no lo tienen, deben peregrinar por comercios en busca de que les acepten pagar con tarjeta de crédito o débito. Y eso, claro, termina desalentando las decisiones de consumo, haciendo que las ventas caigan y perjudicando a los comercios más chicos por sobre los grandes, que tienen menos espalda para hacer frente al pago de comisiones y gastos bancarios. Más parches sobre parches.