Vialidad Nacional no era el tumor, era la arteria: la motosierra va al lugar equivocado

La disolución de la Dirección Nacional de Vialidad ya no es un proyecto, es una decisión ejecutada por el Gobierno Nacional. Se la presenta como un acto de valentía, como si derribar estructuras del Estado fuera sinónimo de eficiencia. Pero detrás del relato del ajuste, lo que hay es una verdad más incómoda: no se está combatiendo la corrupción, se está desmantelando la capacidad del Estado para prevenirla y controlarla.

Porque Vialidad Nacional no era una oficina más. Era —y sigue siendo— una arteria funcional del Estado federal, el sistema a través del cual la Nación mantiene unida, activa y segura su red vial estratégica. Disolverla es como extirpar el sistema circulatorio de un organismo y pretender que siga funcionando.

Una red técnica que sostenía la integridad del país

Vialidad fue durante décadas una institución federal, con presencia territorial real, capacidades operativas y un cuerpo técnico robusto que —con poco o mucho presupuesto— sostenía en condiciones más de 40.000 kilómetros de rutas nacionales.

Esto incluía tareas invisibles pero fundamentales: relevamientos técnicos permanentes, inventarios viales, inspección de puentes, controles de peso, mantenimiento de calzadas en zonas críticas, tratamiento de nieve y aludes, supervisión de obras y auditoría de concesiones.

Cada tramo de ruta que uno transita implicaba planificación, inspección, logística, informes estructurales y muchas veces, intervención directa. Vialidad era presencia real, no escritorio. Era operatividad, no relato.

Ese esquema, con distritos en cada provincia y más de cien campamentos, funcionaba como un sistema vital de mantenimiento, planificación y vigilancia del territorio nacional.

Desaparecerlo de un plumazo no es mejorar nada. Es vaciar la capacidad del Estado de garantizar que ese sistema vial siga existiendo y funcionando.

Cuando el discurso político desconoce la lógica técnica

El problema es político, sí. Porque hay una porción de la dirigencia y de la opinión pública que cree que todo lo público es ineficiente por definición, y que todo lo estatal debe ser reducido por reflejo.

Pero también es un problema técnico: porque esa misma dirigencia desconoce o ignora deliberadamente la función estructural de Vialidad como sostén y auditor del sistema de transporte terrestre nacional.

En Vialidad había —y aún hay— conocimiento acumulado, cuadros técnicos especializados, equipamiento estratégico, protocolos de emergencia y datos que ningún privado va a generar por sí solo.

No hay empresa concesionaria que haga control ambiental, relevamiento de fisuras o estudios geotécnicos en forma sistemática si el Estado no lo exige, no lo regula y no lo fiscaliza. Y eso era justamente lo que hacía Vialidad.

La corrupción se combate con control, no con demolición

Que hubo corrupción, nadie lo niega. Pero era una corrupción política, encarnada en funcionarios, contratistas amigos y gobiernos de turno. No en los técnicos que elaboraban informes, ni en los jefes de distrito que hacían bacheo con presupuestos congelados, ni en los ingenieros que revisaban cada pliego.

La función de Vialidad no era solo proyectar y mantener. También era auditar, certificar y garantizar que las obras se hicieran como corresponde. Suprimir ese control es regalarle el negocio a los mismos que antes necesitaban coimear: ahora ya no tendrán que hacerlo, porque no habrá nadie que los vigile.

La trampa del ajuste: peajes, abandono y negocios provinciales

Lo que viene, ya lo anunciaron: licitación masiva de rutas, peajes donde haya tránsito, y abandono donde no lo haya.

Las rutas que no den ganancia quedarán a la buena de Dios, y las provincias verán en esto una caja propia para concesionar sin control nacional, replicando esquemas desiguales y fragmentados.

Se rompe el criterio de red, de continuidad, de planificación integrada. Cada gobernador se convierte en concesionario. Cada tramo, en negocio. El país deja de ser un sistema conectado y empieza a ser una suma de intereses viales inconexos.

Todo esto ocurre mientras se sigue cobrando el impuesto al combustible, que debía financiar obras y mantenimiento. Pero ahora no financiará obras públicas bajo control estatal: financiará contratos privados, sin supervisión, sin fiscalización técnica y —lo que es peor— sin garantía de continuidad.

Un ejemplo que lo dice todo: la Ruta Nacional 40

La Ruta 40 es un símbolo. Desde La Quiaca hasta Cabo Vírgenes, une once provincias. Atraviesa cordillera, desiertos, centros turísticos, pasos fronterizos y zonas productivas.

Su mantenimiento no puede quedar librado a la voluntad de cada provincia. Hay tramos donde hace falta maquinaria especializada para remoción de nieve, otros donde se requiere señalamiento reforzado por derrumbes, otros con puentes que necesitan inspección estructural constante.

En Mendoza, dos puentes claves de la Ruta 40 se derrumbaron y llevan años sin ser puestos en funcionamiento. Aunque hay desvíos alternativos, el mensaje es claro: ni la Nación ni la Provincia fueron capaces de resolver el problema, a pesar de que los fondos para ese tipo de emergencias existen y se siguen recaudando vía impuestos al combustible.

Ese tipo de ejemplos son los que erosionan la confianza pública y muestran que el problema no es la existencia de los organismos, sino la ineficiencia política que impide que funcionen como deben.

¿Cómo se explica que algo tan elemental como reponer un puente en la red vial más emblemática del país pueda quedar empantanado durante años? Esa es la verdadera pregunta que nadie quiere responder.

Cirugía institucional, no motosierra ideológica

La solución no es amputar. Es intervenir. Es depurar, profesionalizar, abrir los sistemas, sancionar a los corruptos y blindar a los técnicos.

– Crear carrera vial nacional con mérito y estabilidad

– Publicar auditorías y contratos en tiempo real

– Blindar la autarquía operativa del organismo

– Invertir en tecnología y equipamiento provincial

– Centralizar normativa técnica, pero descentralizar ejecución

– Usar el impuesto al combustible en rutas, no en caja general

Eso es Estado inteligente. Lo demás es relato.

Vialidad Nacional no era el tumor, era la arteria

Y cuando uno confunde infección con circulación, lo único que logra es dejar al país sin pulso.

La Argentina necesita planificación, control y técnica. No una motosierra ideológica que no distingue lo que hay que cortar de lo que hay que salvar.