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Le roban el caballo a un puestero, lo matan sin piedad y todos estamos en riesgo

En Argentina, la faena clandestina crece al amparo de la impunidad. Roban animales en el campo, los sacrifican a cielo abierto y venden su carne sin control. El Estado no actúa, y los consumidores terminan comiendo crueldad, delito y engaño.

Foto ilustrativa

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Walter Moreno/Mdz

En Argentina, la faena clandestina crece al amparo de la impunidad. Roban animales en el campo, los sacrifican a cielo abierto y venden su carne sin control. El Estado no actúa, y los consumidores terminan comiendo crueldad, delito y engaño.

La voz de los que resisten en el campo

Estuvimos en el Puesto “El Descanso”, en Las Heras. Nos recibió Omar Torres, uno de esos hombres que madrugan desde siempre, sin descanso ni domingos. Alrededor del fuego, junto a otros puesteros, compartimos el mate y también su bronca contenida.

Nos contaron que cada vez es más común salir a buscar los animales y descubrir que faltan. “A veces cinco, a veces diez… y lo peor es que no es solo pérdida económica. Algunos eran del nieto, otros los criamos desde potrillos”, dice Omar, sin levantar la voz pero con la angustia marcada en la cara.

Lo que sigue es todavía peor. Cuando logran que la policía actúe y detenga a un cuatrero, a los pocos días lo ven suelto por el pueblo. “Vuelven a robarnos como si nada. Más confiados. Más violentos”.

Y cuando —con suerte— aparece un animal, está en un potrero estatal, flaco, enfermo, con hambre. “Nos matan dos veces: cuando nos roban, y cuando los recuperamos destruidos".

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El abigeato: un delito que la justicia no quiere ver

El Código Penal es claro: el robo de ganado, el abigeato, es un delito grave. Pero la realidad judicial lo trata como si fuera un hurto menor.

La mayoría de los fiscales no encuadran los hechos con la seriedad que ameritan. No investigan la organización, ni las redes de distribución, ni los vínculos con carnicerías.

Y lo que es peor: no consideran el peligro sanitario que representa esta práctica para la población.

El resultado es escandaloso. Detienen a un ladrón de animales y en 48 o 72 horas está libre. No hay prisión preventiva, no hay condenas, no hay decomiso de herramientas ni vehículos.

Es una justicia que actúa con liviandad frente a un crimen que tiene consecuencias económicas, sanitarias y humanas.

Porque este no es un robo cualquiera: es un robo que enferma, que arruina y que mata animales con una crueldad inaceptable.

Faena clandestina: el lado invisible del crimen

Los caballos y mulas robados no llegan a un frigorífico. Se faenan directamente en el campo, sin higiene, sin herramientas, sin anestesia. A cielo abierto, entre ramas, barro o al borde de una zanja.

Lo que se puede vender se carga en camionetas, sin cadena de frío. Lo que no, se deja tirado: cabezas, huesos, tripas.

La escena es brutal. Pero es cotidiana.

Esa carne se distribuye por canales informales y termina en puntos de venta que no son improvisados: algunas carnicerías la compran a sabiendas. Porque es más barata. Porque nadie controla.

Y porque, en muchos casos, el silencio se compra con una coima.

Allí aparece una forma perversa de economía ilegal: la venta clandestina de carne faenada sin control bromatológico ni trazabilidad, mezclada con cortes legales para disimular su origen.

Hamburguesas sin marca, picadas “en oferta”, milanesas en bandejas sin sello ni fecha de elaboración. El consumidor no tiene cómo distinguir.

¿Qué derechos se están violando?

Cuando un producto alimenticio se vende sin indicar su especie, origen, tratamiento sanitario ni condiciones de conservación, se está violando la Ley de Defensa del Consumidor, el Código Alimentario Argentino y varias normas sanitarias nacionales y provinciales.

El artículo 5 de la Ley 24.240 establece que todo alimento ofrecido al público debe ser seguro y no representar un peligro para la salud.

El artículo 4 exige información veraz y completa sobre el producto.

Y el artículo 8 bis consagra el derecho al trato digno: algo que no ocurre cuando se le vende a una familia carne robada, de origen equino o en mal estado, disfrazada de vacuna molida.

También se incumple la legislación de protección animal: la Ley 14.346 castiga expresamente el maltrato, la faena cruel y la muerte innecesaria de animales domésticos, entre ellos caballos y mulas.

Una bomba sanitaria sin desactivar

La carne faenada de manera clandestina puede estar contaminada con bacterias como E. Coli, Salmonella, Listeria o Trichinella.

Si no hay cadena de frío, si no hay inspección veterinaria, si no hay control oficial, hay riesgo real para la salud pública.

Y nadie se hace cargo. Ni el comerciante, ni el distribuidor, ni el frigorífico informal. Mucho menos el Estado, que debería estar controlando.

El mercado negro que sigue creciendo

Mientras los controles bromatológicos brillan por su ausencia, el mercado negro de carne avanza sobre la informalidad y la pobreza.

Carnicerías que venden lo que les traen. Camiones que no pasan por barreras sanitarias. Ferias sin inspecciones reales.

Y entre medio, el bolsillo del consumidor como único filtro.

El Estado no garantiza seguridad alimentaria. Y eso es gravísimo. Porque cuando el sistema no protege, lo que hay es una lotería: podés comer sano… o podés estar sirviendo a tu familia carne de un caballo robado, faenado en el suelo, y podrido en una camioneta.

El caso “Muñeco”: cuando la justicia dejó de mirar para otro lado

El Dr Alfredo Mellado, especialista en los casos de dignidad animal, nos ilustra sobre un caso emblemático: En 2018, un fallo judicial en Chubut: Luis Ángel Carmona fue condenado por abigeato y crueldad animal tras robar un caballo manso llamado “Muñeco”, degollarlo sin anestesia y faenarlo a cielo abierto. El juez no solo reconoció el robo, sino también el sufrimiento innecesario infligido al animal, aplicando la Ley 14.346 junto al Código Penal.

El caso sentó jurisprudencia: la faena clandestina de animales robados —con métodos brutales y sin control sanitario— no es una costumbre rural, es un crimen complejo que debe ser castigado. El fallo también dejó claro que no hace falta probar el “espíritu de perversidad”: alcanza con el sufrimiento real y evitable del animal.

¿Qué hace falta?

  • Un sistema nacional de trazabilidad obligatoria, con acceso al consumidor.
  • Controles bromatológicos semanales y sin aviso en carnicerías, ferias y mercados.
  • Fiscalías especializadas en abigeato y venta clandestina de carne, con enfoque penal y sanitario.
  • Sanciones ejemplares para comerciantes que compran carne sin documentación.
  • Protección real al productor rural, con recuperación rápida de animales secuestrados y garantías de bienestar.

Porque esto no se arregla con una multa menor o una nota de prensa.

Esto se arregla cuando el Estado deja de mirar para otro lado y empieza a proteger al que trabaja, al que consume, y al que no tiene cómo defenderse.

Hoy la carne más barata puede salir muy cara.

Y la impunidad —esa que arranca en el potrero y termina en la mesa— tiene que acabarse.