Autoplanes: la Justicia mendocina sigue frenando un fallo histórico
Prometen el auto propio con cuotas accesibles y condiciones claras, pero detrás del contrato, los autoplanes se convierten en una trampa: aumentos injustificados, cambios unilaterales, seguros obligatorios y miles de familias atrapadas.
Todo comienza con una promesa: cuotas fijas, acceso seguro al cero kilómetro y condiciones claras para llegar al sueño del auto propio. Pero apenas se firma el contrato, la realidad de los autoplanes cae como una trampa. Las cuotas empiezan a subir sin explicación. El precio del vehículo cambia por decisión unilateral de la empresa. Se impone un modelo distinto al elegido, o se obliga al ahorrista a pagar un seguro carísimo impuesto por la misma administradora. Y si alguien quiere rescindir el contrato, la respuesta es el laberinto: no hay devolución, no hay respuestas, y el dinero aportado se esfuma. Miles de familias quedan atrapadas, con deudas que crecen cada mes y con la prenda retenida incluso después de haber pagado todo.
Frente a esta estafa sistemática, la Justicia mendocina no brinda soluciones. Y cuando por fin lo hace, se encarga de no ejecutar lo que dicta.
El 2 de mayo de 2023, el Juzgado de Procesos Colectivos N.º 1 de Mendoza dictó sentencia en el expediente caratulado "ACIAR, Esteban c/ Volkswagen SA de Ahorro para Fines Determinados p/ acción colectiva – consumo" (Expte. N.º 13.607). Se trató de una demanda colectiva que reveló lo que miles de familias suscriptoras de autoplanes vienen denunciando hace años: las cuotas son impagables, arbitrarias y violan el derecho del consumidor.
La sentencia fue ejemplar. Ordenó recalcular las cuotas de todos los autoplanes involucrados, restituir lo cobrado de más, liberar las prendas y adecuar los contratos a los principios de buena fe, equilibrio y transparencia. Las pericias demostraron que los consumidores pagaban hasta un 14% más que el valor de mercado del vehículo adquirido de contado. Se probó que las administradoras de planes modificaban unilateralmente los contratos, aplicaban aumentos retroactivos y seguían reteniendo las prendas incluso después de cancelado el plan.
Desde que la demanda se presentó en 2019, han pasado más de cinco años. Miles de familias siguen atrapadas en autoplanes con cuotas que suben cada mes y sin ver justicia.
Una sentencia que nunca se ejecutó
Pese a su claridad y firmeza, el fallo ACIAR fue paralizado por la Cámara de Apelaciones en lo Civil de Mendoza. En lugar de hacer cumplir la ley, habilitó incidentes de caducidad, de nulidad, audiencias de conciliación inconducentes y extendió la suspensión de la ejecución por plazos injustificados. Incluso después de que los propios jueces reconocieran la "abstracción" de los planteos dilatorios, no se ordenó ejecutar.
El artículo 206 inciso 6 del Código Procesal Civil y Comercial de Mendoza es claro: las sentencias de primera instancia en procesos de consumo tienen ejecución inmediata, incluso si son apeladas. Esta norma protege especialmente a los suscriptores de autoplanes, que necesitan una solución urgente para frenar cuotas abusivas y recuperar lo pagado.
Pero nada de eso se cumplió. Los jueces eligieron postergar. Y mientras los tribunales dilatan, las administradoras de autoplanes siguen cobrando, enviando cartas documento intimidatorias y reteniendo vehículos.
La trampa del plenario
El 25 de julio de 2025, la Suprema Corte de Justicia de Mendoza adoptó una decisión que empeora la indefensión de los ahorristas: resolvió que el recurso extraordinario presentado por las empresas se tramite “en pleno”, conforme a la Ley 9423 de acciones colectivas.
En teoría, esta decisión jerarquiza el caso. En la práctica, lo congela sin plazo alguno. El pleno de la Corte puede tardar años en resolver. Mientras tanto, la sentencia que debería proteger a miles de suscriptores de autoplanes queda en una “zona muerta judicial” donde las causas colectivas se van a dormir.
Las cifras del abuso
En los últimos meses, muchos suscriptores han recibido la infame “cuota 85” con valores que superan los 15 o más millones de pesos. Algunos ya rescindieron el contrato, pero no logran recuperar lo pagado. Otros siguen atrapados en autoplanes que cambian las reglas cada mes. Las administradoras retienen la prenda incluso cuando el plan está cancelado y presionan a los usuarios con cartas documento redactadas en tono amenazante.
Todo esto ocurre pese a que existe un fallo firme que lo prohíbe. Pero la justicia mendocina ha preferido callar. En lugar de proteger a las familias afectadas por los autoplanes, protege a las terminales automotrices, a las financieras asociadas y a un modelo de negocios abusivo que representa más del 60% de las ventas financiadas de vehículos en el país.
Derecho hay, lo que falta es voluntad
La legislación es clara y favorable al consumidor. La Ley 24.240, la normativa de la Inspección General de Justicia de la Nación y el propio Código Procesal están del lado de los suscriptores de autoplanes. Lo que falta es una justicia que se anime a enfrentar al poder económico y que tenga la valentía de hacer cumplir las sentencias que dicta.
El fallo ACIAR podía haber cambiado para siempre el esquema de los planes de ahorro automotor. Podía haber reparado el daño de miles de familias. Pero fue paralizado por jueces que, por acción u omisión, decidieron demorar lo que debía ser inmediato.
Un nuevo reclamo ciudadano: 20 de agosto a las 11
Tras la manifestación del 26 de junio frente al Palacio Judicial de Mendoza, damnificados por autoplanes están convocando a una nueva concentración para el martes 20 de agosto a las 11 de la mañana, en la explanada del Palacio de Justicia, para exigir un paso clave:
Que la Suprema Corte de Justicia de Mendoza ordene levantar la suspensión dictada por la Cámara de Apelaciones, que impide ejecutar la sentencia del caso ACIAR, y así permitir que los ahorristas liberen sus prendas y cancelen sus créditos como paso preliminar, antes de que se resuelvan los recursos planteados por las empresas.
Porque si la Corte no se anima a hacer cumplir sus propias leyes, las estafas seguirán protegidas por el silencio judicial. Y eso es inadmisible.