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Factura de gas más cara: el Gobierno recortará el beneficio de zona fría

El Gobierno estudia y avanza un recorte en la zona fría de la factura del gas, pero el impacto de la medida sería devastador y solo beneficiaría a las empresas.

La factura del gas sufriría un impacto con la eliminación de zona fría. Foto: MDZ

La factura del gas sufriría un impacto con la eliminación de zona fría. Foto: MDZ

El Gobierno ya estudia –y en los hechos avanza– un recorte de la zona fría en la factura del gas, argumentando un alto costo fiscal. Pero ese costo no existe: el impacto será socialmente devastador, beneficiará a las empresas y aumentará la carga impositiva sobre los hogares.

El oficialismo dice y ciertos medios repiten que “hay que eliminar la Zona Fría porque le cuesta al Estado más de 300 millones de dólares ”. Lo dicen con seguridad, como si estuvieran revelando un despropósito fiscal. Pero nadie se toma cinco minutos para leer la ley.

Porque si lo hicieran, sabrían que el régimen de Zona Fría –no le cuesta un solo peso al Tesoro Nacional –. Es un subsidio que –se paga solo–, financiado por los propios usuarios de gas del país a través de un fondo solidario.

Entonces, ¿por qué insisten con que esto “cuesta”? ¿Quién gana si se elimina? ¿Y quién pierde?

Un subsidio que no sale del Estado

La Ley 25.565, en su artículo 75, crea el Fondo Fiduciario para Subsidios de Consumos Residenciales de Gas. Este fondo se alimenta con un recargo de hasta el 7,5% sobre el precio del gas en el Punto de Ingreso al Sistema de Transporte (PIST), aplicado a todas las transacciones de gas del país.

En la Ley 27.637, artículo 4: “Los beneficios establecidos en la presente ley serán financiados con el Fondo Fiduciario creado por el artículo 75 de la Ley 25.565, el que deberá adecuar su presupuesto y ejecución financiera para dar cumplimiento a las disposiciones de la presente.”

Ese recargo lo pagan todos los usuarios de gas en su factura. No lo paga el Estado, ni el Tesoro, ni sale del presupuesto. Es decir, no hay gasto público, sino –un mecanismo solidario entre usuarios residenciales–.

Y lo más importante: el fideicomiso –tiene superávit–. Por eso eliminarlo no es una decisión técnica. Es una decisión ideológica y comercial.

Cuando más frío tenés, más te castigan

El sistema tarifario del gas en Argentina clasifica a los usuarios según su consumo anual: R1, R2, R3.1, R3.2, hasta R3.4. Cuanto más alto el consumo, mayor la categoría y más cara la tarifa por metro cúbico.

El problema es que quienes viven en zonas de bajas temperaturas –necesitan consumir más gas para calefaccionarse–. No porque sean derrochadores, sino porque viven en regiones donde el invierno dura meses y donde cortar la estufa puede significar enfermarse o incluso morir de frío.

El resultado: el usuario de Zona Fría es automáticamente ubicado en las categorías más altas (R3), mientras que alguien que vive en una zona templada puede seguir pagando tarifas bajas en R1 o R2.

La Zona Fría corrige esa injusticia: –devuelve entre un 30% y un 50% de la factura de gas–, no por privilegio, sino por necesidad.

El lobby que no quiere ganar menos

Entonces, ¿quién se beneficia si se elimina la Zona Fría? Las empresas distribuidoras y transportistas de gas, que volverán a cobrar tarifas más altas a millones de usuarios. También los funcionarios que quieren “mostrar recortes” a cualquier costo, sin decir la verdad completa.

Pero hay más: –el Estado también gana más si sube tu factura–. Porque –alrededor del 35% al 40% de lo que pagás en una boleta de gas son impuestos, tasas y cargos nacionales, provinciales y municipales–.

Y cuanto más alta la boleta, más recauda –ARCA (ex AFIP)–, más ganan las provincias, más plata entra sin necesidad de subir impuestos.

En resumen: –todos ganan más–. Menos los usuarios, menos vos.

¿Y la eficiencia? Bien, gracias

Si la Zona Fría se elimina, millones de usuarios volverán a pagar tarifas desproporcionadas, mientras se premia a quienes menos consumen por vivir en lugares con clima benigno como los del AMBA, que siempre por motivos electorales pagan menos.

Y lo peor es que se intenta disfrazar esta injusticia como si fuera una medida de “eficiencia fiscal”.

Pero la realidad es otra: –no hay ahorro del Estado porque nunca hubo gasto–. Hay sí –una transferencia directa del esfuerzo del usuario hacia las empresas–. Hay más recaudación sin reforma tributaria. Y hay un país que se vuelve más desigual, otra vez.