Desregulan el gas envasado y la garrafa ya vale más que un alquiler

Este 3 de julio, el Gobierno Nacional publicó en el Boletín Oficial el Decreto 446/2025, con el que resolvió desregular completamente la actividad del Gas Licuado de Petróleo (GLP) envasado y elimina de un plumazo todos los precios máximos, márgenes regulados, controles de comercialización y restricciones para importar o distribuir garrafas.

En Mendoza, donde más del 50% de la población depende de garrafas para cocinar o calefaccionarse, el impacto puede ser demoledor. Una garrafa de 10kg cuesta hoy entre $15.000 y $20.000, y el envase cargado llega hasta los $150.000. Este decreto, lejos de traer alivio inmediato, puede agravar una situación ya crítica si no se aplican reglas claras que eviten abusos, cartelización o exclusión de los sectores vulnerables.

¿Qué significa esta desregulación?

El Decreto 446/2025 deroga el régimen de precios máximos establecido por la Ley 26.020, que regulaba la actividad para asegurar el acceso equitativo a un combustible esencial. Desde ahora:

• Ya no habrá precios tope oficiales para la venta de garrafas.
• Cualquier actor puede ingresar al mercado, abrir plantas de fraccionamiento o distribuir sin limitaciones de zona.
• Se permite la libre importación de GLP y envases, eliminando trabas aduaneras o autorizaciones previas.
• Desaparecen los controles a los márgenes de ganancia, que antes fijaban un porcentaje máximo desde fraccionador a consumidor.

La idea oficial es simple: "a más competencia, mejores precios". Pero en una economía donde ya hay posiciones dominantes, inflación, bajos salarios y escaso control, esto puede traducirse en lo contrario: precios más altos, menos acceso y mayor concentración.

El problema no es la libertad, sino la falta de reglas

Desregular no es en sí negativo. La apertura a nuevos jugadores puede ser una oportunidad enorme para cortar con los históricos monopolios del gas envasado. Municipios, cooperativas, pymes y hasta consorcios comunitarios podrían sumarse a la producción o distribución, bajando costos logísticos y generando empleo local.

Pero esto sólo será posible si el Estado regula el juego, define criterios de acceso justo, evita abusos, y protege a los consumidores más vulnerables.

Porque no es lo mismo desregular en CABA que en Jocolí, Alvear o el Manzano Histórico, donde el gas natural nunca llegó, y las garrafas se reparten en camiones cada 15 días —si hay stock—. Allí no hay mercado: hay necesidad, aislamiento y desigualdad.

El riesgo de convertir la garrafa en un bien de lujo

Hoy en Mendoza una familia que necesita dos garrafas al mes tiene que gastar entre $30.000 y $40.000, solo para cocinar y calentarse. Y esto no incluye el precio del envase, que muchas veces debe pagarse aparte si no se tiene uno propio.

Sin subsidios, sin precios testigo y sin control, la garrafa se convierte directamente en un artículo de lujo. Un asalariado informal debe elegir entre comer caliente o pagar el alquiler.

Esto no es teoría. Lo estamos viendo todos los días en los barrios. Cuando el Estado se retira por completo, no queda libertad: queda sometimiento a los más poderosos.

¿Qué debería hacer Mendoza?

Frente a esta nueva etapa, el Gobierno Provincial no puede mirar para otro lado. El gas envasado es una política energética y social, y como tal, requiere respuestas locales. Algunas medidas urgentes:

• Crear un registro provincial de actores del GLP, para controlar precios y evitar abusos.
• Impulsar la creación de cooperativas locales de distribución, sobre todo en zonas rurales.
• Restituir subsidios provinciales focalizados para hogares sin acceso a gas de red.
• Monitorear márgenes de ganancia y disponibilidad de stock, para evitar desabastecimientos especulativos.
• Financiar con fondos específicos la compra de envases a precios accesibles, garantizando el acceso inicial.
• Establecer precios testigo regionales, aunque no sean vinculantes, para informar y empoderar al consumidor.

Una mirada con esperanza: abrir el juego sin entregar la cancha

Si esta desregulación es usada para romper con décadas de privilegios y permitir que nuevos actores entren con reglas claras, puede ser un avance. Pero si simplemente reemplazamos al "monopolio viejo" por un "oligopolio nuevo", el resultado será peor: menos control, más abuso y más exclusión.

La garrafa no es un producto de lujo. Es un derecho básico. Y si el Estado se borra, tenemos que ser los ciudadanos, los municipios y las cooperativas quienes ocupemos ese lugar con organización, control comunitario y participación.

No hay libertad real cuando sólo pueden acceder quienes más tienen. Pero sí puede haber una libertad verdadera si abrimos el juego con inteligencia, justicia y participación popular.

Porque cuando la garrafa se convierte en privilegio, el modelo energético se convierte en fracaso. La energía tiene que estar al servicio de la gente, no de las empresas.