¿Hasta cuándo seguirán las familias mendocinas pagando cargos e impuestos en sus facturas de electricidad?
Pasan los meses, y los usuarios mendocinos continúan realizando reclamos para que se eliminen de las facturas los cargos ajenos, como el alumbrado público e impuestos adicionales, que ya han sido prohibidos por el Gobierno nacional mediante la Resolución 267/2024. Sin embargo, en Mendoza, estos cargos siguen presentes, ignorando tanto las denuncias de los consumidores como la normativa nacional.
"El Gobierno de Mendoza protege a las distribuidoras eléctricas y perpetúa la carga sobre los usuarios".
El reciente accionar del Gobierno de Mendoza, encabezado por el gobernador Alfredo Cornejo, evidencia un preocupante uso de las herramientas legales para obstaculizar las imputaciones realizadas por la Subsecretaría de Defensa del Consumidor de la Nación contra las distribuidoras eléctricas. Estas empresas han sido denunciadas por los usuarios debido a la incorporación de conceptos ajenos al consumo eléctrico en las facturas, incrementando sus costos en más de un 30%.
La Resolución 267/2024 de la Secretaría de Comercio de la Nación estableció la prohibición de incluir cargos ajenos al servicio en las facturas de electricidad, protegiendo así los derechos de los consumidores. Sin embargo, el Gobierno de Mendoza presentó un amparo y logró que el Juzgado Federal Nº 2 dictara una medida cautelar justo antes de la feria judicial. Esta medida, que suspendió temporalmente la aplicación de la resolución, no declara su ilegalidad, sino que pospone su implementación hasta que el Ministerio de Economía de la Nación conteste el amparo.
¿Por qué seguimos pagando cargos e impuestos en las facturas de electricidad?
El fallo del Juzgado Federal, basado en la competencia del fuero federal y en el principio de "verosimilitud en el derecho" y "peligro en la demora", plantea que la medida cautelar enfatiza que la suspensión es provisional y depende del informe solicitado al Ministerio de Economía bajo el artículo 4 de la Ley 26.854.
Lo que resulta cuestionable es cómo el Gobierno provincial priorizó esta acción judicial en defensa de las distribuidoras, utilizando recursos de la Fiscalía de Estado y la Asesoría Letrada, en lugar de proteger los derechos de los consumidores. Este accionar no solo refuerza la posición de las distribuidoras, sino que también perpetúa una carga financiera sobre las familias mendocinas, que continúan financiando conceptos ajenos como el alumbrado público.
Implicancias económicas y políticas
La inclusión de estos cargos representa un sobrecosto promedio del 30% en las facturas de electricidad. Este porcentaje, que debería destinarse exclusivamente al consumo eléctrico, es utilizado para financiar lo que muchos consideran "la caja política" del Gobierno provincial y los municipios. El alumbrado público, que debería ser financiado a través de recursos propios o tasas municipales claras, se mantiene como un costo adicional para los usuarios, disfrazado dentro de las facturas eléctricas.
Crítica a la estrategia del Gobierno provincial
El gobernador Cornejo ha utilizado recursos legales no para buscar justicia o equidad, sino para garantizar que las distribuidoras mantengan un esquema de facturación que claramente perjudica a los consumidores. La presentación del amparo justo antes de la feria judicial evidencia una estrategia dilatoria, aprovechando los tiempos procesales para ganar ventaja temporal y evitar la implementación de una normativa que protege a las familias.
Además, el argumento de la provincia sobre la "invasión de competencias" es cuestionable, ya que la Resolución 267/2024 se enmarca en la Ley 24.240 de Defensa del Consumidor, que establece criterios claros sobre la transparencia en la información y los derechos de los usuarios.
Repercusiones de una estrategia judicial que prioriza intereses ajenos
El impacto de esta medida cautelar no debe ser subestimado. Mientras el conflicto legal sigue su curso, las familias mendocinas continúan pagando cargos adicionales que benefician a las distribuidoras y sostienen un sistema opaco y regresivo. Este es un momento clave para que los ciudadanos exijan mayor transparencia y justicia en la facturación de los servicios públicos.
Es fundamental que el Juzgado Federal resuelva el fondo del amparo con la celeridad necesaria, garantizando que las facturas reflejen exclusivamente los costos reales del consumo eléctrico. También es crucial que el gobierno provincial explique por qué decide actuar en defensa de las distribuidoras en lugar de proteger a las familias mendocinas.
Mendoza necesita un liderazgo que priorice a sus ciudadanos y no a los intereses de las empresas o la política partidaria. La Resolución 267/2024 es un avance en la protección de los derechos de los consumidores, y su aplicación no debería ser postergada por intereses económicos o políticos. Es hora de que las instituciones y los gobernantes actúen con responsabilidad y transparencia.