Quién es Virginia Aparicio, la científica del INTA que reveló cuántos argentinos tendríamos glifosato en sangre

Virginia Aparicio, investigadora del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) y del Conicet, coordinó en Argentina el proyecto internacional SPRINT, una investigación financiada por la Unión Europea que estudió la presencia de plaguicidas y sus posibles impactos sobre el ambiente, los animales y las personas. Entre los resultados, la científica destacó la presencia de plaguicidas en distintas matrices y menores concentraciones en muestras ambientales correspondientes a productores agroecológicos frente a aquellas de sistemas que utilizan productos fitosanitarios.

Según se dio a conocer, el proyecto SPRINT —Sustainable Plant Protection Transition: A Global Health Approach— se desarrolló entre septiembre de 2020 y febrero de 2026, reunió a investigadores de diez países europeos y la Argentina y estuvo coordinado por Wageningen University & Research, de Países Bajos. El proyecto, financiado por la Unión Europea con casi 15 millones de euros, buscó construir herramientas para evaluar la presencia, exposición y posibles riesgos asociados a los productos fitosanitarios sobre los ecosistemas, las plantas, los animales y las personas.

Durante las campañas de campo se analizaron sistemas productivos convencionales, integrados y orgánicos, con muestras de suelo, lombrices, sedimentos, agua, peces, polvo, aire y cultivos, además de biomonitoreo humano de agricultores, vecinos y consumidores. En el conjunto del proyecto se analizaron 4.573 muestras y 209 sustancias activas, mientras que posteriormente se realizaron estudios toxicológicos y ecotoxicológicos, incluidos ensayos con células humanas y organismos no objetivo.

Ahora bien, según difundieron distintos medios especializados en agro, en el componente argentino participaron 73 personas, "entre productores y habitantes de zonas rurales y urbanas, a partir de muestras destinadas a determinar la presencia de distintos plaguicidas".

Qué encontraron sobre la exposición a plaguicidas

De acuerdo con el medio TN24, los resultados del relevamiento fueron los siguientes: "El 86,1% de los argentinos evaluados -un total de 73 personas- tenía presencia de glifosato en sangre. En las muestras de materia fecal analizadas en la región, el glifosato apareció en el 100% de los casos. El estudio detectó residuos de plaguicidas no solo en el cuerpo humano, sino de forma generalizada en agua superficial, aire, alimentos, polvo de hogares y suelos".

El glifosato es un agroquímico utilizado en la industria agrícola.

Shutterstock

El estudio también detectó clorpirifos en el 37,7% de los argentinos analizados, frente al 3,7% registrado en Europa. A su vez, en el polvo recolectado dentro de las viviendas se encontraron entre 43 y 86 plaguicidas, mientras que los alimentos analizados presentaron entre 6 y 22 sustancias. Los datos permitieron estudiar la exposición combinada y observar la presencia de diferentes compuestos tanto en muestras humanas como ambientales.

Aparicio también destacó diferencias entre los sistemas productivos estudiados. Según explicó la investigadora, las muestras ambientales correspondientes a productores agroecológicos presentaron menores concentraciones de plaguicidas que aquellas pertenecientes a productores que utilizan productos fitosanitarios. Para la científica, esos resultados pueden servir para identificar prácticas que permitan disminuir aplicaciones y trasladar herramientas utilizadas en sistemas agroecológicos hacia otros modelos de producción.

Qué pasó con la difusión de los resultados

El conflicto dentro del INTA comenzó a tomar forma cuando correspondía avanzar con la presentación de los resultados obtenidos en la Argentina. Según la reconstrucción de Aparicio, los datos individuales fueron comunicados a los voluntarios que habían participado del estudio y posteriormente estaba prevista una presentación de los resultados generales, sin identificar a las personas involucradas. Esa instancia finalmente fue suspendida.

De acuerdo con el relato de la investigadora, posteriormente el INTA decidió retirar su participación de la siguiente etapa del proyecto. Aparicio sostiene que a partir de ese momento comenzó una serie de diferencias internas relacionadas con el desarrollo de la investigación y la comunicación de sus resultados, que posteriormente derivaron en actuaciones administrativas.

Quién es Virginia Aparicio

Aparicio es ingeniera agrónoma, doctora en Ciencias Agrarias e investigadora del INTA y del Conicet, con más de dos décadas de trayectoria vinculada con el organismo.

Actualmente enfrenta un procedimiento administrativo que, según informó su abogado Mario Bolla y denunciaron organizaciones que respaldan a la científica, contempla un pedido de exoneración. Se trata de una de las sanciones disciplinarias previstas dentro del empleo público y supondría su salida del organismo.

Bolla cuestionó públicamente el procedimiento y vinculó el expediente con el trabajo científico realizado por Aparicio. “No le perdonan que tenga en su poder los resultados que el Gobierno no quiere mostrar. No lo quería mostrar el gobierno anterior que se iba, no lo quiere mostrar este gobierno actual”, sostuvo el abogado. También afirmó que la presencia de plaguicidas en el polvo de viviendas alcanzó zonas urbanas y no solamente lugares próximos a áreas donde se realizan aplicaciones.

Las afirmaciones forman parte de la posición de la defensa de Aparicio y no constituyen por sí mismas una demostración de los motivos que llevaron al INTA a iniciar las actuaciones. La propia investigadora, al ser consultada sobre una eventual intervención o presión de empresas alrededor de SPRINT, evitó atribuir las decisiones a compañías determinadas ante la falta de elementos que permitieran sostener esa conclusión.

La polémica del caso

El caso generó pronunciamientos de sectores del sistema científico, gremial y ambiental. APINTA impulsó un petitorio bajo la consigna “No a la exoneración de Virginia Aparicio”, acompañado por sectores de ATE Conicet, investigadores, asambleas socioambientales y otras organizaciones. La campaña reclama que se respete el debido proceso y cuestiona que la actividad científica desarrollada por la investigadora pueda derivar en su expulsión.

La defensa informó además que presentó descargos, recursos jerárquicos e impugnaciones dentro del procedimiento administrativo y evalúa avanzar por la vía judicial. Mientras tanto, todavía resta una definición sobre la situación de Aparicio dentro del INTA.