Ley Micaela: el número de agentes del Estado que están capacitados

Ley Micaela: el número de agentes del Estado que están capacitados

Hoy se cumplen 4 años desde que se cometió el femicidio de Micaela García, crimen que llevó a la sanción de una ley que establece la capacitación obligatoria en la temática de género y violencia contra las mujeres para todas las personas que trabajen en los tres poderes del Estado.

Verónica Piñol Nahim

Desde 1979, fecha en que se aprobó la Convención para la Eliminación de todas las formas de Discriminación hacia las mujeres (CEDAW) que luego formó parte del bloque de constitucionalidad en 1994, y la Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la Mujer -Convención de Belem do Pará en 1996, que considera a la violencia hacia las mujeres por primera vez como una violación a los derechos humanos-; por recomendaciones de los diferentes mecanismos que surgen de ellas es que a los Estados que adhieren a las mismas se les exige capacitación obligatoria en perspectiva de géneros a los/as funcionarios/as que trabajen con las violencias por motivos de géneros.

¿Por qué esta introducción? Porque en abril de 2017, a sus 21 años, Micaela García fue víctima de un femicidio, en Gualeguay, Entre Ríos. Luego de la movilización popular y la lucha de sus padres, la justicia condenó a Sebastián Wagner a prisión perpetua. Sería oportuno pensar y preguntarnos, después de cuatro años del hecho, que está pasando con la ejecución de la ley que surgió a raíz de este femicidio y que tiene como caballito de batalla aquello que se viene exigiendo por más de 40 años.

La Provincia de Mendoza adhiere a la ley Nº 27499, Ley Micaela de capacitación obligatoria en perspectiva de género a todos/as los agentes de la Administración Pública cualquiera sea su nivel o jerarquía,  el 30 de diciembre de 2019 a partir de la ley Provincial Nº 9196.

El órgano ejecutor en Mendoza es el Instituto de Administración Pública (IPAP) dependiente de la Subsecretaria de Gestión Pública del Ministerio de Gobierno, Trabajo y Justicia. La Dirección de género de la Provincia es el espacio que organiza los lineamientos y contenidos para la elaboración de los cursos.

Se capacitan los y las personas que trabajan como empleados públicos, en general, con un curso virtual a través de tutores, con los contenidos mínimos para la sensibilización en violencias por motivos de género. Diversos sectores de la Administración Pública ya han accedido al mismo.

Según un Informe del Observatorio de Género y Diversidad de Mendoza, hasta Junio de 2020 hay aproximadamente 8273 agentes públicos capacitados, y se calculan casi 13.000 (dato no corroborado) hasta el momento.

Necesario es recordar para reflexionar que esta Ley establece un Programa Nacional permanente de capacitación institucional en Género y en violencias por motivos de género; y entre los objetivos está arraigada la idea de promover y  pensar nuevas reconfiguraciones institucionales y revisiones críticas de las prácticas e intervenciones cotidianas en el Estado en su conjunto.

¡Es fuerte pensar que muchas tareas que se realizan los agentes públicos en los espacios laborales impactan diferencialmente dominando, desigualando o discriminando a las personas cuando ellos están ejerciendo su tarea cotidiana!

Según el Observatorio Lucía Pérezen lo que va del año hubo 77 femicidos, de los cuáles 15 de ellos tenían denuncias previas. Esto significa que siguen sucediendo estas situaciones, entre otras, que se supone estamos pensando en revisar y recomponer.

Es cierto que estamos en una etapa inicial de sensibilización, estableciendo pisos comunes y criterios que unifiquen la mirada para establecer la permanencia y la sistematicidad de estos procesos educativos. Pero es bueno pensar qué estamos poniendo en la palabra “capacitación”: ¿un dictado unidireccional de ciertos contenidos para recibir un papel o un certificado más¿ ¿o nos preocupamos porque ésta produzca cambios actitudinales, de construcción conjunta de herramientas en los espacios en donde trabajamos?

La capacitación debe incentivar además a la interpelación personal y colectiva para establecer cambios que impacten en los servicios, desarmando sesgos de géneros en los comportamientos institucionales y estructuras estatales.

Los y las empleados que habitamos el Estado debemos dimensionar las consecuencias de no incorporar la mirada de género, que no son otras que la dominación, discriminación y exclusión de vastos sectores de la población.

Tener o no tener el certificado que acredite el curso no es lo que pide esta ley. Lo que deja entrever es un pedido de interpelación personal y actitudinal y un compromiso de todas las partes para cambiar un Estado que a estas alturas debe ser flexible, interseccionado en sus políticas y abierto a los cambios que promueven transformaciones culturales inclusivas.

La formación institucional debe contribuir a transformar la cultura de las organizaciones del Estado, haciendo lugar al adecuado abordaje de las situaciones por motivos de género.

Capacitar al interior de cada organismo para que puedan diagnosticar, luego diseñar y ejecutar políticas públicas que apunten a erradicar y superar las desigualdades entre los géneros es el requerimiento de máxima, no nos conformemos con los mínimos, porque un despiste nos cuesta vidas.

Entre lo legal y lo legítimo, esa es la cuestión. Educar, educar, educar.

Hay mucho por hacer, y es responsabilidad de todas, todos y todes.

Lic. Verónica Piñol Nahim. Socióloga.

Especialista en políticas sociales con perspectiva de Géneros.

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