Portezuelo del Viento: los vicios históricos de un modelo centralista

En el proceso de construcción de identidad territorial, la relación con el lugar de origen siempre es especial. Habiendo nacido en Malargüe y estudiando actualmente la conservación de los ecosistemas fluviales de la Patagonia, comparto algunas reflexiones sobre el proyecto Portezuelo del Viento. Esta opinión se funda en la experiencia de participación en un equipo de investigación sudamericano sobre la adaptación de la gobernanza del agua a escenarios ambientalmente críticos y en la formulación del Plan Estratégico Territorial del Río Colorado.

En un contexto de pandemia que invita a repensar las relaciones entre sociedad y naturaleza como un todo integrado, cuestionar la modificación de un ecosistema constituye no sólo un deber intelectual sino también moral. Más allá de los impactos ambientales y sociales del emprendimiento, quisiera hacer mención a la forma en la que se está reproduciendo un modelo de desarrollo territorial que privilegia lo urbano sobre lo rural, el oasis sobre el secano y la centralidad sobre la participación. Un modelo territorial que replica una lógica de explotación de los recursos naturales a favor de los sectores concentrados de la economía, principalmente los empresarios y los dueños de la tierra, y que va en contra de los pobladores tradicionales de ese territorio.

La gestión actual de los recursos naturales requiere que los usuarios estén implicados en los procesos de toma de decisión. Esta participación de los usuarios que ha caracterizado la administración del agua en Mendoza y que es promovida por la Constitución Provincial, parece no haber tenido relevancia para los ríos del sur de la provincia. De hecho, en el Departamento General de Irrigación no hay consejeros por los ríos del departamento de Malargüe, ni inspección de cauce expresa para el Río Grande. Da la impresión que la obra se fuera a ejecutar sobre un vacío institucional que favorece la visión de los oasis de riego del norte provincial sobre las vastas tierras no irrigadas de Malargüe y que desconoce dentro de su ciudadanía del agua a aquellos usuarios que no son regantes.

Los esfuerzos de cooperación realizados por cada provincia en el Comité Interjurisdiccional del Río del Colorado (COIRCO) parecen diluirse en cada recambio gubernamental. Las iniciativas de planificación territorial emprendidas a nivel intermunicipal e interprovincial, que ilustrarían un destino concertado de las inversiones en infraestructura, fueron dejadas de lado por una puja de localismos de suma cero que poco contribuyen a un proyecto conjunto de Nación y a garantizar el derecho humano al agua. Como si estos territorios no compartieran una historia de reconocimiento institucional tardío, se les impone desde los centros una visión productivista de sus recursos, reafirmando los privilegios de quienes están en lo alto de la cuenca y lo que es más grave de quienes están fuera de ella.

Pensar el agua en el siglo XXI es ante todo asumir los efectos del cambio climático y desplegar en consecuencia estrategias de adaptación. Con este objetivo, reconocer las relaciones de poder que subyacen en la distribución del recurso hídrico y los procesos de exclusión a los que los actores territoriales son sometidos, es un simple llamamiento para una sociedad más democrática y plural. Poco sirve levantar una represa en este contexto, si no nos planteamos previamente qué uso estamos haciendo del agua y de la energía en nuestros territorios; no como malargüinos, ni como mendocinos, sino como seres humanos conscientes del impacto ecológico de nuestras decisiones.

Más de cincuenta años han pasado para diseñar alternativas a un proyecto que sin reparos se lo presenta como renovable y participativo. La ausencia de opciones pone de manifiesto el desinterés de la dirigencia por cuestionar un modelo de desarrollo que se apoya en una visión fragmentada del territorio en la que hay ganadores y perdedores. Una visión que busca consolidar un territorio concentrado y una relación de fuerza con los recursos naturales. Con el justificativo de las necesidades de empleo de la población, se continúa con las prerrogativas de una sociedad desigual.

Franco Salvadores. Geógrafo y becario doctoral INTA-CONICET.