Abortos no punibles: cuando Mendoza fue el centro de la discusión
Hace cuatro años, el "caso Claudia" puso a la provincia en el centro del debate sobre la legalidad de interrumpir embarazos que son productos de violaciones. La presión de los grupos ultracatólicos y el recordado fallo de Aída Kemelmajer. La polémica continúa.
Hace cuatro años, Mendoza se convirtió en el epicentro de un debate que sigue vigente: la práctica de abortos no punibles. Los médicos del Hospital Militar de la provincia se negaron a interrumpir el embarazo de una mujer discapacitada que había sido violada, e hicieron caso omiso a las contemplaciones que tiene el Código Penal para situaciones como estas. La historia fue conocida como “el caso Claudia”.
Frente a este panorama, la madre de la chica –tenía 25 años en ese momento- acudió a la justicia civil para conseguir una autorización que permitiera realizar la intervención quirúrgica en un hospital de la red pública.
El trámite fue rápido. El juez Germán Ferrer aprobó el pedido hecho por los abogados Dante Vega y Diego Lavado, que representaban a la familia. Y se puso en contacto con Armando Calleti -quien era ministro de Salud de la provincia- para que se instrumentaran los medios para llevar a cabo la operación. El lugar elegido fue el hospital Lagomaggiore.
En ese lapso, una ONG llamada Vitam presentó un recurso de amparo para evitar que el aborto se concretara. Se trataba de una organización de las denominadas “provida” y de fuertes vínculos con la iglesia católica.
El amparo fue resuelto por la Segunda Cámara de Apelaciones en lo Civil. Se le hizo lugar al planteo hecho por los militantes cristianos y el tribunal sacó una medida de no innovar. A pesar de que el Código Penal lo permitía, la justicia local prohibía llevar adelante el aborto.
El caso ya había tomado estado público y estaba en la agenda de los principales medios del país. En medio del debate, el gobernador Julio Cobos salía a dar su opinión en contra del aborto, pero admitía que sus funcionarios responderían a las disposiciones judiciales, independientemente de su postura sobre el tema.
Las idas y venidas judiciales sólo dilataron la situación. El embarazo seguía avanzando y crecían las complicaciones. Los médicos aseguraron entonces que a medida que pasaba el tiempo se reducían las chances de practicar un aborto.
Los abogados de la familia de la chica decidieron hacer una presentación en la Corte. Y allí cobró protagonismo la figura de Aída Kemelmajer de Carlucci.
En cinco horas, la jueza sacó un fallo basado en la simpleza judicial y en el sentido común. Básicamente, explicó que el caso se enmarcaba en las excepciones legales para poder interrumpir un embarazo, y que el amparo presentado por la ONG Vitam nunca debió haber sido aceptado. Más allá de las cuestiones ideológicas, no tenían ningún tipo de interés en un tema de índole privado. Y que por lo tanto, sus pensamientos no pesaban a la hora de tomar decisiones.
Así fue. Unas horas más tarde, y sin brindar muchos detalles para evitar que los médicos fueran escrachados los grupos ultracatólicos, la intervención se realizó en un hospital público.
Claudia padecía síndrome de Lennox-Gastaut, y había quedado embarazada producto de una violación. Meses más tarde, la justicia penal confirmaría que había sido su cuñado el autor del abuso sexual.
El caso ya había tomado estado público y estaba en la agenda de los principales medios del país. En medio del debate, el gobernador Julio Cobos salía a dar su opinión en contra del aborto, pero admitía que sus funcionarios responderían a las disposiciones judiciales, independientemente de su postura sobre el tema.
Las idas y venidas judiciales sólo dilataron la situación. El embarazo seguía avanzando y crecían las complicaciones. Los médicos aseguraron entonces que a medida que pasaba el tiempo se reducían las chances de practicar un aborto.
Los abogados de la familia de la chica decidieron hacer una presentación en la Corte. Y allí cobró protagonismo la figura de Aída Kemelmajer de Carlucci.
En cinco horas, la jueza sacó un fallo basado en la simpleza judicial y en el sentido común. Básicamente, explicó que el caso se enmarcaba en las excepciones legales para poder interrumpir un embarazo, y que el amparo presentado por la ONG Vitam nunca debió haber sido aceptado. Más allá de las cuestiones ideológicas, no tenían ningún tipo de interés en un tema de índole privado. Y que por lo tanto, sus pensamientos no pesaban a la hora de tomar decisiones.
Así fue. Unas horas más tarde, y sin brindar muchos detalles para evitar que los médicos fueran escrachados los grupos ultracatólicos, la intervención se realizó en un hospital público.
Claudia padecía síndrome de Lennox-Gastaut, y había quedado embarazada producto de una violación. Meses más tarde, la justicia penal confirmaría que había sido su cuñado el autor del abuso sexual.