"Sumisión total": los detalles de la denuncia de Anabel Fernández Sagasti a Alfredo Cornejo
Malversación, abuso de autoridad y negociaciones incompatibles son algunas de las acusaciones al mandatario por las obras que se realizarán en rutas nacionales con fondos provinciales.
Anabel Fernández Sagasti denunció a Alfredo Cornejo.
ALF PONCE MERCADO / MDZLa senadora nacional kirchnerista, Anabel Fernández Sagasti, denunció este lunes al gobernador Alfredo Cornejo por presuntas irregularidades en torno al convenio que firmó el mandatario con el Gobierno Nacional para que Mendoza se haga cargo de diversos tramos de rutas nacionales, como la 7, 40 y la 143, con fondos provinciales -del resarcimiento por los perjuicios por la Promoción Industrial-.
Entre las acusaciones de la legisladora nacional se suman posible malversación de caudales públicos, incumplimiento de deberes, abuso de autoridad y negociaciones incompatibles, todos delitos penados por el Código Penal que podrían englobar también a otros funcionarios que puedan resultar responsables "por la suscripción, aprobación y ejecución del denominado 'Convenio entre la Nación y la Provincia de Mendoza'”.
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En el documento presentado en Tribunales Federales junto al abogado Carlos Blanco, reconocido dirigente peronista, se señaló que hay pruebas de hechos que "constituirían" actos de malversación de fondos públicos y violaciones al principio de legalidad presupuestaria, "consistentes en la afectación de recursos públicos para financiar obras de jurisdicción federal, sin la debida autorización legislativa ni previsión presupuestaria, y en presunto perjuicio del erario provincial".
Blanco, en diálogo con MDZ Radio, sostuvo que la obligación del Gobernador "es que el Estado Nacional cumpla sus obligaciones y sean ellos los que realicen las obras", teniendo en cuenta que Mendoza "debería recibirlo parte de lo que recauda Nación con el impuesto a los combustibles".
El letrado fundamentó sobre cómo se decidió denunciar sobre posible malversación de fondos públicos en momentos en los que no se han imputados recursos en las rutas nacionales y dijo que cuando se habla de fondos públicos "no se trata solo de empezar a hacer las obras, también hace referencia a que antes de eso hay que trabajar en un proyecto ejecutivo y se pone en funcionamiento la maquinaria estatal para lograr los proyectos y llevar adelante la licitación.
Y dijo: "Si ponemos en funcionamiento a Vialidad Provincial para iniciar los proyectos ejecutivos es malversar fondos públicos porque tienen que estar atentos en las rutas provinciales y no a las nacionales".
Agregó que también hay delito "cuando el funcionario no cumple con el ordenamiento legal establecido. La obligación del Gobernador es tener una partida presupuestaria previa para poder realizar los gastos, pero la realidad es que debería haber tramitado la partida o pedir autorización a la Legislatura, cosa que no pasó".
Respecto a la ratificación legislativa que hubo sobre el convenio, Blanco sostuvo que la Legislatura "no le autoriza al Gobernador a modificar la partida que sea para destinar fondos a la reparación de obras que no son de competencia provincial".
La denuncia de Anabel Fernández Sagasti a Alfredo Cornejo
Entre los hechos que enumeró Fernández Sagasti y Blanco en la denuncia, se planteó que la ley del Presupuesto 2025 "no tiene una partida presupuestaria referida a ejecución de obras, conservación, mejoramiento y mantenimiento integral sobre los tramos de rutas de jurisdicción nacional”.
Aseguraron que esto violaría la Constitución Provincial, ya que la misma establece "el principio de 'legalidad' y de determinación específica en la autorización de los gastos" por parte del Poder Legislativo.
"Este convenio no solo violenta la voluntad republicana del constituyente respecto a la legalidad de los gastos, sino que altera el orden de establecido en la ley de responsabilidad Fiscal de la Provincia de Mendoza, que establece claramente el deber de efectuar una 'previsión de los gastos', lo que no fue respectado en este punto", indicaron.
E insistieron en que "no existe previsión presupuestaria específica que autorice al Poder Ejecutivo provincial a destinar recursos a obras nacionales ni ley provincial habilitante. Se configura así una violación al principio de legalidad del gasto y una posible renuncia tácita a percibir fondos específicos nacionales, en perjuicio del erario público", plasmaron.
Por otro lado, tal como aseguró Blanco, la ley 9640 con la que la Legislatura ratificó el convenio "no cumple con los requisitos mínimos para considerar salvada la autorización legislativa, toda vez que en la misma nada se menciona respecto a con qué recursos se va a hacer frente a las obligaciones ilegalmente constituidas ya que solo se limita a ratificar el mismo".
"En consecuencia, vemos incumplimientos a mandas constitucionales y legales, pero no queda aquí, sino que esta violación del principio de legalidad de los gastos es realizado, para solventar la ejecución de obras que son por definición legal del orden nacional. Lo que implica claramente, la utilización de los recursos del estado provincial, para financiar lo que debería ser cumplido por la Nación", sostuvieron.
La crítica política de Anabel Fernández Sagasti
En otro orden de la denuncia, Fernández Sagasti puso el foco, en términos políticos, sobre una falta de "críticas" por parte del gobierno de Alfredo Cornejo con la gestión de Javier Milei en la "retirada" de la gestión del libertario de las obras públicas (y viales); y también expresó que los fondos para el arreglo de las rutas nacionales ya están previstos en parte de la recaudación del impuesto a los combustibles.
"Este impuesto de 'recaudación' nacional, no es coparticipado de acuerdo al mencionado régimen general, sino que tiene un régimen de reparto especifico, el cual desde que asumió presente gestión nacional, no fue cumplimentado", comentó.
Y agregó: "El Señor Gobernador, con este convenio, no solo utiliza de manera discrecional, arbitraria y antijurídicamente fondos provinciales, cuya recaudación esta destinada al cumplimiento de las metas y funciones que posee el estado provincial, sino que está avalando el actuar notorio, palpable y omisivo del gobierno nacional de distraer en cuestiones ajenas, fondos que poseen un destino especifico".
Tal como dijo esta mañana Fernández Sagasti, los mendocinos "pagarán varias veces" las obras; y comentó en la denuncia formal: "Con la aplicación de este convenio, los mendocinos pasan a pagar impuestos nacionales al combustible para el mantenimiento de las rutas nacionales, impuestos provinciales para el mantenimiento de rutas nacionales y por último también un peaje, por el uso de algo que ya pagaron dos veces. Una verdadera locura".
"En definitiva, estamos frente a una sumisión total, poniendo en juego el patrimonio de los mendocinos y las mendocinas, para salir a cubrir la deficiente gestión nacional". cerró.
