El Gobierno no cree que las PASO sean el límite de su batalla con los intendentes

En el Poder Ejecutivo están decididos a pelear para invalidar las candidaturas de Jorge Gimenez, Emir Félix, Roberto Righi y Martín Aveiro incluso si la Corte no llega a tiempo con un fallo de fondo antes de las elecciones PASO del 28 de abril. Es un hecho que la sentencia de la Corte será plenaria.

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Cornejo y el presidente de la Corte.

Prensa Poder Judicial

Quien piense que la batalla para evitar que los intendentes peronistas que adelantaron las elecciones vuelvan a ser candidatos tiene una fecha tope, probablemente está equivocado.

En la Casa de Gobierno están decididos a pelear para invalidar las candidaturas de Jorge Gimenez, Emir Félix, Roberto Righi y Martín Aveiro incluso si la Corte no llega a tiempo con un fallo de fondo antes de las elecciones PASO del 28 de abril.

El 28 de abril se entiende como un plazo máximo para esa sentencia porque, si ese día los cuatro intendentes peronistas que adelantaron las elecciones ganan las PASO en sus departamentos, habrán obtenido en las urnas un derecho difícil de doblegar por medio de un fallo.

Pero esto no es lo que piensan en la Casa de Gobierno para el caso en que los cuatro intendentes ganen en sus departamentos las PASO: "Van a tener que cambiar los candidatos, porque esto lo vamos a pelear hasta último momento", se dice en el cuarto piso.

Esto quiere decir que el gobernador está convencido de que tarde o temprano se impondrá en la Justicia la constitucionalidad de la enmienda que limita las reelecciones de los intendentes. Si así fuera, el interrogante será si los intendentes señalados pueden competir en las generales o no.

Cornejo logró esta semana cuadrar al presidente de la Corte, Jorge Nanclares, quien apuró el proceso de la causa de fondo e incluso declaró públicamente que intentará que ese fallo surja en abril.

Si se cumple el pronóstico, sería un récord para la Corte mendocina, que ha llegado a demorar 10 años la sentencia frente a una acción de inconstitucionalidad. Eso ocurrió con la discusión en torno a la ley 7722, que restringe la minería, pero no será éste el caso: la incertidumbre y la expectativa de la política son altísimas y presionarán para que el caso de la reelección de los intendentes demore mucho menos.

Nadie garantiza que el fallo salga sí o sí antes de las PASO de San Rafael, San Martín, Tunuyán y Lavalle y el líder de la Corte trata de desentenderse de las presiones políticas. Sin embargo, a la vez, está tomando todos los recaudos para no demorar la definición y por eso ya comenzó a redactar su voto.

Esta decisión no habla solamente del apuro del titular de la Corte. También es un indicio claro de algo que todavía no se anuncia oficialmente: la acción de inconstitucionalidad de los intendentes del PJ será definida por el plenario del alto tribunal.

El pleno de la Corte ha sido un escenario favorable para el Gobierno. El caso del Ítem Aula es es el antecedente más importante. Cornejo parecía que perdía la batalla en la Sala Segunda y su pedido de plenario, que llevó ese expediente al escritorio de cada uno de los siete ministros, derivó en una victoria judicial.

Justamente, la Sala Segunda es la que maneja ahora también el caso de la reelección de los intendentes peronistas. Y otra vez el panorama parece que se complica en esta fase para el Gobierno: es casi un hecho que, la semana que viene, sus integrantes le darían la cautelar que han pedido los intendentes.

Contra lo que se suponía o esperaba, al final podrían no ser aceptadas las recusaciones contra dos magistrados y eso pondría de nuevo en carrera a Mario Adaro, el magistrado de la Sala Segunda que tenía un pie afuera de la cautelar.

Y la sospecha oficial es que tanto Adaro como Omar Palermo votarán a favor de la cautelar, lo que alcanzaría para imponerla. El tercer integrante de la sala es José Valerio.

El otro juez que zafaría de las recusaciones cruzadas del Gobierno y el PJ es Dalmiro Garay, quien no tiene intervención en este punto de proceso, pero sí sería un voto para el Ejecutivo cuando se discuta la causa de fondo.

Si se dan los pronósticos, en pocos días los intendentes del PJ que accionaron contra el Gobierno festejarán una victoria preliminar gracias a la aceptación de la medida precautoria y podrán presentarse como candidatos otra vez en sus departamentos, antes de la fecha tope del cronograma electoral: 9 de marzo.

Aunque no tendrán la victoria total asegurada. De hecho, por el lado de Cornejo, los preparativos para el duelo definitivo ya arrancaron.

Con el objetivo de acelerar las decisiones judiciales, la Asesoría de Gobierno emitió este jueves un dictamen que promueve el rechazo de la acción de inconstitucionalidad de los justicialistas.

El asesor de Gobierno, Ricardo Canet, se tomó apenas 24 horas para presentarlo, cuando los plazos judiciales le hubieran permitido demorar cerca de un mes.

El que debe opinar ahora es el fiscal de Estado, Fernando Simón. Y en su caso, el apuro no sería tan grande. "No es un escrito fácil" es la frase que emanó de la Fiscalía esta semana.

Simón puede demorarse si quiere hasta el 21 de marzo y es probable que ocupe casi todo el tiempo disponible.

Esa es la mayor incidencia de la Fiscalía de Estado, ya que la opinión de su titular no es vinculante para la Corte pero puede generar una demora de la sentencia. 

Además, está la defensa de los intendentes, la cual ha prometido custodiar al detalle los plazos legales del proceso.

A la Corte no le gusta el brete en el que ha quedado y siente que está presa de un conflicto entre dos partidos políticos que están midiendo cuánto poder tienen. Pero no le queda otra que apretar el acelerador para tratar de llegar a la sentencia rápidamente y tendrá los ojos del Gobierno encima hasta que así sea.

Es que el gobernador no va a aflojar. El argumento de la especulación política no hace mella en él y el Ejecutivo dice que no importa que se piense que armó todo con el único objetivo de sacar de la cancha a cuatro intendentes peronistas, ya que no es ilegal ir por el fin de las reelecciones en los departamentos.

Insiste en que la oposición es hipócrita, porque critica las reelecciones pero se aferra a ellas, y defiende a capa y espada la legitimidad del plebiscito constitucional de 2009, cuando el 83 por ciento de la población votó contra la reelección de los intendentes.

Las presiones de la política dejan un solo camino para los miembros de la Corte: arremangarse y trabajar en el fallo de fondo. Entre ellos hay diferencias políticas y de concepción evidentes.

Eso sí, para todos corre el mismo desafío jurídico: sostener o confrontar con el reconocido "fallo Kemelmajer".

Esa sentencia de 1989 es muy sólida y obligará a los ministros a argumentar con profundidad y certeza a favor o en contra del precepto que fundó: la reforma constitucional o las enmiendas requieren el voto de la mitad más uno del padrón de electores.

Por algo el presidente de la Corte ya se puso a escribir.

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