Riquezas en una provincia pobre: la tensión por el agua, el petróleo, la minería y el Estado
Mendoza tiene riquezas, pero su población es pobre. El acceso a recursos como el agua, el petróleo y los minerales son la clave.
Hay una confusión frecuente a la hora de referirse a Mendoza que cada vez tiene un contraste mayor. Es una provincia con riquezas y potencial, que no es lo mismo que ser una provincia rica. Hilando más fino, también hay una distorsión en cómo impacta la riqueza general en la calidad de vida de los mendocinos. Es decir la clave es cómo de aprovecha el potencial y cómo se distribuyen los beneficios.
Si en Mendoza el 20% más rico se queda con el 50% de la riqueza y el 20% más pobre solo tiene el 3% de los recursos o, más agudo aún, el grupo de mayores ingresos gana 31 veces más que el resto, quizá hay un problema; más aún cuando se evalúa la “potencial riqueza” con la realidad en la que 4 de cada 10 personas son pobres, más de la mitad de los trabajadores están en la informalidad y llegar a fin de mes es el principal problema revelado por los mendocinos. Para volver al primer punto, Mendoza está en un pico de tensión por el acceso a los recursos clave que hacen a la generación de riqueza, al valor y la posibilidad de desarrollo. En esa puja hay actores nuevos, empresas, empresarios y lobbies que se potencian. El agua, el petróleo, los recursos mineros y, como recurso intangible, el vínculo con el estado como catalizador de negocios son los elementos clave de la redefinición del poder en la provincia.
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Mientras, ocurren resignificaciones preocupantes. El caso extremo es el de las personas que viven en la calle y que fueron motivo de discusiones políticas. El hecho más simbólico del abordaje es que fueron los recolectores de residuos con sus camiones los que sacaron las pertenencias de las personas, como forma de "persuadir".
Agua
Un ejemplo vivo de esa tensión ocurre con el acceso al agua en una de las mecas del vino premium, el turismo VIP y los emprendimientos inmobiliarios de lujo en Luján de Cuyo. Se trata de la zona de Agrelo y Ugarteche, en la llamada margen derecha del Río Mendoza y que no tiene acceso a agua superifical. Por eso depende del “lago” de agua que hay bajo la superficie, en la subcuenca el carrizal, el acuífero más deseado, impactado y vulnerable del oasis norte de Mendoza.
Tan relevante es, que desde la década de los 90 existe una restricción para perforar por la fragilidad y, también desde la misma época, hay un alto riesgo de contaminación en la zona norte y de agotamiento por exceso de uso en la zona sur. El Departamento General de Irrigación avanzó en la autorización de nuevos pozos en esa zona restringida, tras un largo proceso administrativo y judicial que se desarrolló en la Suprema Corte y las disputas recobraron fuerza. El acceso al agua se haría en “reemplazo” de los permisos que tenían otros superficiarios y que no utilizaron, con la idea de no romper el equilibrio del acuífero, una misión compleja si se tienen en cuenta los informes científicos y la coyuntura.
El contexto es más complejo aún, pues se trata de la misma cuenca y el mismo sistema que generó uno de los escándalos más grandes de la historia reciente, cuando se le otorgaron 20 pozos de agua de manera irregular a un grupo de empresas que usaron como mascarón una organización intermedia que no tuvo más función que esa: ser usada para acceder a pozos de agua como si fuera de uso comunitario. Los pozos no fueron cegados como luego pidió Irrigación, la Suprema Corte durmió las causas, que llevan más de 10 años, y los emprendimientos generados con el acceso irregular al agua están en una etapa que parece irreversible: son los principales emprendimientos turísticos VIP de Mendoza.
El poder de los actores que están en la nueva disputa por el agua le da otro matiz. El principal destinatario de los permisos, que aún no están firmes, es CRESUD, un gigante dedicado al negocio agropecuario que es parte del holding de empresas liderado por Eduardo Elsztain. El empresario, altamente conocido por los negocios inmobiliarios y de retail a través de IRSA, tiene un proyecto para desarrollar 600 hectáreas en Agrelo. Los pozos habían sido pedidos, rechazados y judicializados. La Suprema Corte le dio la razón y le pidió a Irrigación que diera curso al reclamo de CRESUD para seguir el trámite de solicitud de acceso al agua. En 2024 Irrigación lo hizo, pero rechazando el pedido. Tras la confirmación de la “baja” de algunos pozos, avanzaron para beneficiar a CRESUD y darle acceso al agua subterránea deseada. La promesa de Irrigación es que no se cambian los volúmenes a extraer, sino que se reemplazan unos destinatarios por otros.
CRESUD se presentó como empresa, reclamó administrativa y judicialmente el acceso al agua y ahora el DGI le abrió la puerta. En el mismo proceso hay otros actores importantes. Es el caso de la firma Chimpay La Rioja, que tendría acceso a pozos de agua según la resolución 125. Esa empresa es propiedad de Yong Woo, un magnate que en realidad en Mendoza es propietario de Dragon Back, el negocio inmobiliario, vitivinícola y turístico “madre” de todos los desarrollos de la zona.
El nombre es nuevo, pero el proyecto no. Es que su nombre original es Santa María de los Andes y no es otra que la empresa que lideró el acceso a los pozos de agua cuestionados y sospechados por corrupción, al usar como mascarón legal la Cámara de Comercio y Turismo Alto Agrelo para saltarse la fila y que los empresarios accedieran a 20 pozos de agua antes que los otros 84 que había en la lista. Justamente Santa María de los Andes, o Dragon Back, fueron los más beneficiados en ese proceso, por la cantidad de agua que le otorgaron. Young Woo siempre fue parte del proyecto, del que también forman parte varios integrantes de la farándula. Pero luego se hizo cargo en su totalidad. No hubo causa penal, la Suprema Corte demora la decisión y aunque Irrigación había ordenado cegar los pozos, eso nunca se hizo, también por orden judicial. A pesar de que el propio DGI toma como irregular el trámite de Santa María de los Andes y el resto de los beneficiarios, no hubo sanción y ahora le otorga agua de manera legal en la misma zona en la que usa el agua “irregular”.
En el acuífero hay muchos actores relevantes. Accedieron a pozos, por ejemplo, la empresa Simplot, vinculada a la familia Calcaterra, que tiene uso industrial. Y también deberá acceder en volúmenes enormes de extracción y reinyección, la petrolera YPF. El acceso al agua de la zona permite una plusvalía enorme con las tierras, como informó MDZ.
Nuevos actores petroleros
La industria petrolera está en una crisis enorme en Mendoza y también en un proceso de reformulación. De la dependencia enorme de YPF que había, ahora se pasa el “duelo” por la confirmación del desinterés de esa empresa en el negocio de la exploración y explotación petrolera. La cesión de áreas seguirá: a los tres bloques de áreas maduras ejecutadas, se le sumará la venta de Chachahuén. El escenario cambió drásticamente y comienzan a aparecer otros actores. La empresa Petróleos Sudamericanos pasó a ser, por ejemplo, la tercera petrolera más importante de Mendoza por nivel de producción, tras haberse quedado con los “mostruos” de la cuenca cuyana: Barrancas, La Ventana, Vizcacheras y Mesa Verde. PS produce el 20% del total de petróleo, superado solo por Pluspetrol e YPF, por ahora.
La relevancia de esa llegada es tal que el CEO de la empresa decidió radicarse en Mendoza. Se trata de Afredo Bonatto, que encabeza el plan de arraigo de esa petrolera en la Provincia, que incluirá además la presentación para sumar activos en Malargüe cuando el Gobierno licite áreas. Esa petrolera apunta a cambiar el declino de producción y estirar por 15 años la vida de los yacimientos que tiene a cargo y de los que se extrae un 95% de agua (en cerca de 1000 pozos). Es una zona emblemática, con muchísimas complejidades, impactos ambientales e historia, como había explicado MDZ. PS llama a su plan “la extracción convencional de cuarta generación”, que tiene en la búsqueda de eficiencia con uso de tecnología como principal postulado. Ese panorama incluye, claro, un ajuste grande respecto a lo que hacía YPF; en cuanto a cantidad de personas y empresas involucradas.
En el Gobierno daban tomaban a la zona como una “pérdida” por el abandono de hecho que había ejecutado YPF. “Todo lo que se sume, es ganancia”, solía decir Alfredo Cornejo. En ese camino, decidieron promover las inversiones cediendo recursos. Entre otras cosas, se bajaron drásticamente las regalías en las extensiones de las concesiones; cosa que permite mejorar la ecuación económica de las empresas. “Es una buena señal que no pasa en todos lados”; explican desde las empresas. Claro, hay diferencias. Las petroleras con contratos vigentes que enfrentan los mismos costos miran de reojo, pues mantienen el pago alto de regalías. Y la crisis hace crujir al modelo, pues ya hay caídas. Es lo que le pasó a Petrolera Aconcagua, que entró en default y viró el plan de gestión para priorizar la renegociación con los acreedores, antes que expandirse.
En el nuevo esquema petrolero aún falta ver cómo reaccionarán otros actores importantes por la forma de moverse, como son las petroleras relacionadas con el grupo Integra (de José Luis Manzano) y que traían una situación de confort al estar asociadas con YPF. La petrolera estatal, mientras tanto, debería ejecutar la segunda etapa de exploración en la lengua mendocina de Vaca Muerta. Igual, el plan para Mendoza está mucho más en el aprovechamiento del petróleo que se extrae en Neuquén y llega a la refinería de Luján de Cuyo.
Minería
El plan de futuro para Mendoza que ejecuta Cornejo tiene a la minería como eje. Claro, con algunas dudas porque el “Distrito Minero” de Malargüe es un proyecto a larguísimo plazo y con dudas. Los hechos tangibles y los ojos están puestos en otro lado; particularmente en Las Heras. En un plazo récord el Poder Ejecutivo avanzó con el análisis del plan de explotación de la mina de cobre San Jorge, que va por su segundo intento en el marco de la ley 7722. La Manifestación de Impacto Ambiental se presentó este año, hubo advertencias y dudas, se respondieron por escrito y ya se hizo el llamado a audiencia pública. Ese hecho ocurrirá con una metodología extraña que restringirá la participación. En vez de hacerlo en un lugar de fácil acceso y neutral, se hace dentro de los terrenos privados de quienes proponen el proyecto. El sentido común y el tratado de Escazú indican que no es el formato más adecuado para motivar la participación, sino que se parece mucho más a una estrategia para evitar protestas y que la audiencia sea más un proceso administrativo que político.
La audiencia es no vinculante, pero sí influyente. Ya ocurrió en el primer intento de San Jorge, donde hubo una “energía negativa” importante, promovida también por muchos de quienes hoy cambiaron de opinión y promocionan en proyecto. Luego de la audiencia, el Gobierno debe emitir la Declaración de Impacto Ambiental y la Legislatura debe votar si aprueba o no el proyecto. Al ritmo que va, podría ocurrir antes de fin de año. Lo que es seguro, es que será antes del recambio legislativo del 1 de mayo de 2026.
Las Heras es el “foco” real de la minería en el mediano plazo, como lo era el Valle de Uco hace algunas décadas. Allí hay una gran cantidad de datos sobre la presencia de oro y cobre. También de conflictos con el Estado y entre privados. Expectantes a lo que pasa están algunas firmas relevantes, como la influyente Desarrollos de Prospectos Mineros, la empresa de exploración que tiene vínculos con las mineras más importantes del mundo y que ya exploró en Paramillos, tras comprarle los derechos a Minera del Oeste. El futuro que esa empresa y el Gobierno tienen en mente es más complejo, pues las empresas grandes quieren ir por todo: avanzarían en Mendoza si pueden extraer sin restricciones todos los minerales, entre ellos el oro y el cobre “metálico” (óxidos) para lo que sería necesario reformar la 7722.
Aunque se mantiene cierto escepticismo en el sector, hay movimientos entre las empresas para al menos tener un pie en la provincia.
La otra pata relevante de los recursos es el intangible “relaciones con el Estado”. Buena parte del impulso que tomaron algunos de los nuevos actores económicos de la provincia y que tienen proyección de futuro están vinculados con el catalizador que representa el Estado como contratante o benefactor con concesiones. Eso impacta hasta en el negocio turístico, donde se cruzan variables. Es lo que pasa con el grupo Kristich, que inauguró con tres años de atraso un hotel en el Este al que accedió gracias al casino, o lo que ocurrió con el mismo grupo empresario en la Terminal (con un hotel dentro de una concesión) y al que aspira a ejecutar en Luján, también de la mano de una concesión pública. Hay coincidencias en otros emprendimientos en los que el Estado es el facilitador: Potrerillos, metrotranvía y obras públicas en el horizonte (como el tren hacia el Este) para CEOSA (socio de Kristich). La ejecución de los 1023 millones de dólares del fondo de resarcimiento operarán también como ordenador de los actores económicos de la provincia.