La trama secreta del acceso al agua en una zona privilegiada y la conexión con un condenado por lavado de dinero
La autorización irregular de pozos de agua en Agrelo generó un enorme negocio inmobiliario. Cómo fue esa trama y un protagonista inesperado: uno de los condenados por lavado en la "ruta del dinero K" fue gestor de los pozos.
Agrelo es una de las zonas productivas más cotizadas de Mendoza. Pero hay un detalle relevante que hace la diferencia entre tener un potencial negocio en la “tierra prometida” o un campo sin futuro. Esa diferencia es el acceso al agua, cuya presencia revaloriza los terrenos a valores incalculables. El área tiene una restricción de acceso al agua subterránea, única fuente posible, y desde hace décadas hay pujas de intereses para poder conseguir un permiso. De hecho más de 80 pedidos fueron rechazados.
Pero hay una historia vertiginosa que incluye a algunas de las fincas y proyectos turísticos más cotizados de Alto Agrelo: Irrigación les autorizó acceso al agua a pesar de las restricciones y usando una figura irregular. Tras los escándalos, el propio Departamento General de Irrigación ordenó cegar los pozos, pero eso nunca se ejecutó y hoy, según la información a la que accedió MDZ, 18 de los 20 pozos están activos, dando agua a los campos y emprendimientos de lujo que lograron acceder, mientras que la prohibición para el resto sigue vigente.
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La entrega de los pozos generó una fuerte sospecha de corrupción, pero la causa penal se archivó rápidamente sin mayores avances. Según los documentos a los que accedió MDZ; entre los adquirientes de campos y gestores de los pozos de agua hay empresarios y lobistas que fueron investigados y hasta condenados por lavado de dinero, incluso en una de las causas más resonantes de los últimos años: la llamada “ruta del dinero K”, donde la Corte Suprema de la Nación ratificó las condenas contra Lázarao Báez por haber lavado más de 50 millones de dólares.
En paralelo la Suprema Corte lleva más de una década con las causas en las que se debe determinar si se ratifica o no el cegado de los pozos. Esos procesos judiciales están en “estado de resolver” y deberán votar los 7 ministros de la Corte. La demora fue funcional a profundizar el problema, pues los vinos que se gestaron con el agua “prohibida” ya son añejos.
En el medio, quienes accedieron al agua lograron multiplicar el valor de las tierras y aparecen nuevos indicios de los caminos que llevaron a autorizar las perforaciones.
Protagonistas
El Departamento General de Irrigación es el único organismo autorizado a permitir el acceso al agua y en el caso del agua subterránea hay reglamentaciones especiales. La margen derecha del río Mendoza tiene una restricción desde el año 1998, que se mantiene hasta hoy. En el año 2010 ocurrió un hecho extraño que se ejecutó de manera rápida. Un informe técnico determinó que se podía ampliar hasta un 5% la entrega de agua, es decir permitir algunas perforaciones nuevas. Eduardo Frigerio era quien conducía el organismo y Villalón su asesor más influyente. La lista de postulantes era enorme, pero un grupo de empresarios cortó camino: formaron una asociación para saltarse de la fila. Se trata de la Cámara de Comercio, Vitivinicultura, Turismo y Producción Alto Agrelo”.
Estaba formado por empresas que buscaban tener acceso al agua para desarrollar sus proyectos productivos e inmobiliarios. Esa figura fue usada para quedar priorizados para conseguir ese recurso, aún cuando el único fin era lucrativo. La normativa establece que las organizaciones intermedias tienen un orden de prioridad superior, pero bajo el supuesto de que el agua sea usada de manera mancomunada. Irrigación les otorgó 20 pozos de agua con una serie de trámites rápidos. La Asociación fue creada en abril del 2009 sin ningún antecedente. En marzo del 2010, Irrigación le otorgó los permisos de perforación para acceder al agua a las empresas que formaban esa organización. Los beneficiados fueron Santacroce, Vignes des Andes, Aymuray, Golf Club Alto Agrelo, Santa María de los Andes, Inmobiliaria Reconquista y Cerezas Argentinas. Pero los nombres que hicieron lobby para que eso pasara trascienden a esas firmas. Así figura en la decenas de testimonios a los que accedió MDZ: entre ellos hay varios conocidos bodegueros e industriales.
Lavado de dinero, la conexión desconocida
En el acta de constitución de la Cámara que consiguió los privilegios, así como en la conformación de las sociedades aparecen algunas vinculaciones con otras causas. Uno de los integrantes de esa organización era Martín Eraso, que además figuraba como presidente de la empresa Santacroce, beneficiaria de los pozos de agua. Es el mismo Martín Eraso que fue condenado a 4 años de prisión por facilitar lavado de dinero proveniente de la corrupción en la causa que tuvo como principal condenado a Lázaro Báez. Eraso fue hallado culpable como facilitador del lavado a través del banco suizo Lombard Odier y de la sucursal Ginebra del HSBC Private Bank en las que trabajaba. Junto a él también fue condenado otro mendocino: Juan Alberto De Rasis, que era su jefe en el banco y además socio en otros negocios. Incluso ambos figuran como titulares de otra sociedad en la provincia (Terrua SA). Ambos facilitaron la apertura de cuentas y también la compra de sociedades para facilitar el lavado de dinero en la “ruta del dinero K”. Los hechos por los que fue condenado Eraso son contemporáneos a las negociaciones que se hicieron para comprar campos sin agua, conseguir los pozos en la zona prohibida y luego expandir el negocio. El año clave es 2010, cuando consiguieron los permisos de agua, perforaron y, en paralelo, ejecutaron las maniobras de lavado a favor de Lázaro Báez, según la sentencia.
El “valijero” Leonardo Fariña fue el que dio los primeros detalles sobre el accionar de los mendocinos que, en paralelo, hacían otros negocios en la Provincia. Eraso no era propietario de Santacroce, empresa que presidía, pero figuraba en todo. Algo similar ocurría con otras sociedades que consiguieron los pozos. El hombre, nacido en San Rafael, se promocionaba como especialista en finanzas.
Una particularidad: los edictos en los que se informa que se harán las perforaciones para acceder al “agua prohibida” tienen fecha previa a las resoluciones que las autorizaron.
Mendoza tenía algunas facilidades extra para evitar controles fiscales. Era, por ejemplo, una de las provincias exceptuadas vía judicial de informar sobre operaciones inmobiliarias sospechosas a la UIF.
El valor del agua y un enorme negocio
El acceso al agua revalorizó los campos de manera exponencial. Una de las transacciones que realizaron los empresarios que fueron parte del negociolo deja en evidencia. En la escritura a la que tuvo acceso MDZ, figura la compra de más de 500 hectáreas sin mejoras ni acceso al agua por un total de 1,2 millones de dólares. Los vendedores del campo eran los integrantes de las familias Vargas Arizu.
Entre ellos estaba el actual ministro de Producción de Mendoza, Rodolfo Vargas Arizu. En la misma escritura figuran los compradores, entre los que está Alberto Tawil, directivo del HSBC que fue acusado por el Estado de facilitar fuga de divisas a Suiza y luego liberado de culpa por la Justicia. La lista de compradores tiene a varias empresas. Según un informe de Irrigación, el acceso al agua multiplica ese valor. Cada hectárea sin mejoras ni producción tiene un costo base de 100 mil dólares por el solo hecho de tener agua.
Los valores actuales están mucho más cerca del negocio del real state que de las inversiones agropecuarias.
La subcuenca el carrizal es una de las más sensibles del oasis norte. Se recarga con el río Mendoza y es altamente vulnerable. El sector más cercano al río tiene otro impacto: hay una zona contaminada por productos derivados de los combustibles que se producen en la refinería de Luján de Cuyo.
Más al sur, la restricción para hacer pozos complica los planes productivos. El año pasado Irrigación decidió mantener el cepo para nuevas perforaciones. Quedaron fuera algunos proyectos productivos como el de CRESUD, que tiene 600 hectáreas y también había solicitado legalmente acceder a agua subterránea.
Más complicado será el futuro. Por la contaminación del acuífero, por ejemplo, se deben realizar una batería de pozos extractores e inyectores que debe gestionar YPF, todo a pesar de las restricciones.
Sin condena
En 2010 el escándalo terminó con la renuncia de Eduardo Frigerio, contra quien ya se había iniciado un jury. Irrigación determinó que había sido irregular el otorgamiento de los pozos, pues existían 84 pedidos previos y se le otorgó agua a ese grupo de empresas que “simularon” una organización intermedia que fue creada solo para acceder al agua, que luego fue explotada de manera individual y comercial. Incluso, el propio Frigerio defendía la medida asegurando que solo se iban a regar proyectos productivos. En todos los expedientes ya figuraban los negocios inmobiliarios que se proponían y que ahora se desarrollaron, que incluye hoteles, cabañas, posadas y hasta sitios para vivir "entre viñas".
En la causa judicial y el análisis administrativo, todos los especialistas coinciden en la irregularidad del otorgamiento del agua a ese grupo de empresas. Sin embargo no hubo ningún avance para determinar responsabilidades sobre los por qué; es decir si hubo delito. Las sospechas en ese momento eran que hubo pago de coimas. Una fuente ligada al tema explicó a MDZ el perjuicio que se generó a “quienes no entraron” en la lógica de acceder a los pozos ilegales. “No entramos porque no pagamos”, se sinceró un empresario.
En los alegatos de Fiscalía de Estado y el dictamen del Ministerio Público Fiscal, también quedó reflejada la irregularidad, que quedará impune. “En relación a la Asociación de usuarios -Cámara de Comercio, Vitivinicultura, Turismo y Producción Alto Agrelo- , efectivamente se acredita que fue constituida con único efecto de obtener un permiso de perforación en la aparente calidad de consorcio, asociación o cooperativa de usuarios... no podría avalarse y confirmarse dicho uso otorgado con evidente desviación de poder, lo que torna legítima la actuación del Departamento General de Irrigación en el acto administrativo cuya nulidad reclama la parte actora”, dice el alegato de Fiscalía de Estado.
Incluso, se cita un párrafo que es referencia en Mendoza sobre el manejo del agua, que fue pronunciado en una sentencia por Jorge Nanclares. “La Administración de las aguas, principal recurso natural de la provincia, exige una política hídrica muy transparente en el momento de decidir el orden de prioridades y las situaciones excepcionales, de modo tal que se eviten situaciones de corrupción o de favorecimientos privilegiados”, dice la cita.
Sin embargo en los alegatos se hace referencia a un concepto polémico y que da pistas sobre lo que pueda suceder: aunque el agua haya sido dada de manera irregular, la cantidad de obras e inversiones realizadas parecen generar una idea de “irreversible”. Es decir, sugieren que cegar los pozos ahora, como se ordenó, generaría un impacto grande. Por eso piden que se tenga en cuenta “la necesidad de valorar en la resolución del caso los desarrollos avanzados que están consolidados por exigencia del mismo DGI” y citan otros casos en los que ante “construcciones en una situación de ilegalidad, se entendió que el principio de proporcionalidad impedía la destrucción de los desarrollos producidos”.
No puede dejar de valorarse que esos desarrollos se hicieron al amparo formal de una resolución que otorgó un permiso que no ha sido revocado en ningún momento, donde se exigía las inversiones realizadas y el uso del agua producido. Casi idéntica postura toma el MPF. Es decir, que el aprovechamiento del agua se mantenga, aún cuando esté comprobado que fue irregular y sin tener en cuenta las señales que pueden llevar a un caso de corrupción y hasta lavado de dinero.