El Gobierno interviene un club de Guaymallén por irregularidades

El Gobierno de Mendoza dispuso la intervención administrativa del Club Social y Deportivo El Sauce, ubicado en Guaymallén, ante la detección de severas irregularidades en su funcionamiento. La decisión se formalizó este jueves 3 de julio mediante un decreto publicado en el Boletín Oficial.

La medida fue adoptada tras múltiples denuncias presentadas por miembros de la comisión directiva y personas vinculadas al club, quienes advirtieron sobre la imposibilidad de pagar la cuota social, la falta de reuniones y la ausencia de balances y documentación contable. Incluso, la presidenta de la institución, Marta Susana Torrez, reconoció en junio de 2024 que “no hay socios” y que los libros de registros están en su poder.

Sin socios ni autoridades legítimas

La situación del club quedó al descubierto tras constatarse que no posee socios activos, requisito indispensable para la elección de autoridades, según el artículo 31 de su estatuto social. A esto se sumaron denuncias de incumplimientos, como la negativa a recibir pagos de cuotas y el vencimiento de mandatos de los actuales directivos.

El conflicto interno escaló hasta el punto de suspenderse la asamblea convocada en noviembre de 2024 para renovar autoridades y tratar ejercicios pendientes desde 2021. Finalmente, en mayo pasado, la Dirección de Personas Jurídicas declaró ineficaz dicha asamblea por incumplimientos administrativos.

Designan interventora por seis meses

Ante este escenario, el Poder Ejecutivo resolvió el desplazamiento total de la actual comisión directiva y designó como interventora a Mónica Beatriz Elías. Su tarea será “normalizar y poner al día la documentación y estados contables del club, adecuar el estatuto vigente y actualizar el Libro de Registro de Asociados”.

Además, Elías tendrá la misión de organizar el proceso para elegir nuevas autoridades de forma legal. La intervención se extenderá por seis meses, período en el cual deberá rendir cuentas de su gestión cada 30 días y al finalizar su mandato.

La designación fue impulsada por la Municipalidad de Guaymallén y avalada por la Dirección de Personas Jurídicas de Mendoza, con el objetivo de garantizar la transparencia y la continuidad institucional de una entidad tradicional de la comunidad.