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Clasificación de presos, jefaturas regionales y trabajo privado, los cambios que se vienen en el servicio penitenciario

Las modificaciones en el servicio penitenciario de Mendoza se están tratando en la Legislatura. Son iniciativas del Plan de Seguridad. La ministra Rus anunció la llegada de 50 policías federales.

El servicio penitenciario se prepara para una reorganización y modernización en toda la provincia. Es que la Legislatura está tratando dos leyes del Plan de Seguridad que el gobernador Alfredo Cornejo envió el 2 de mayo. Una de las iniciativas está vinculada a la ley orgánica del servicio penitenciario (jefaturas, personal, internos) y la otra crea una Dirección de promoción y control de liberados. 

Alfredo Cornejo y Mercedes Rus (Gobierno de Mendoza)

Esta semana pasaron por la comisión de Legislación y Asuntos Constitucionales del Senado el director general del servicio penitenciario, Eduardo Orellana, y la subdirectora Alejandra Llarena para explicar en detalle los proyectos que tienen por objetivo mejorar la seguridad y promover la reintegración social.

Actualmente, en Mendoza hay 6.300 internos y 2.857 efectivos distribuidos en 23 unidades penitenciarias. La ley actual data de 2008 cuando solo había 2 unidades por lo que es necesario una nueva norma que se adapte a la estructura y mejore la operatividad del sistema.  

Penitenciaría Boulonge Sur Mer en Ciudad. (Gobierno de Mendoza)

Uno de los cambios del proyecto está relacionado con el organigrama. Van a tomar de modelo la estructura policial y crearán jefaturas regionales para centralizar las decisiones. Además, van a eliminar el escalafón administrativo para poner énfasis en la formación técnica y la digitalización. 

Por otro lado, se hará una clasificación de los presos teniendo en cuenta algunos parámetros como género, edad, antecedentes y estado de salud. De esta forma podrán distribuir a los internos de acuerdo a los diferentes niveles de seguridad. 

El proyecto también plantea el desarrollo de protocolos para el uso de nuevas instalaciones, la mejora de las condiciones de seguridad, la rehabilitación y el incentivo de la inversión privada para proyectos laborales dentro de las cárceles. 

El control de liberados

El segundo proyecto prevé la creación de la Dirección de promoción y control de liberados que se ocupará de las personas bajo libertad condicional, excarcelación y otros regímenes similares. 

El sistema vigente indica que los liberados deben presentarse voluntariamente a firmar de forma presencial. A partir de la sanción de la ley se aplicará el modelo de monitoreo en terreno, es decir, que el personal penitenciario hará visitas domiciliarias y evaluaciones sociales.

El interior de Almafuerte II (Gobierno de Mendoza)

La iniciativa crea la figura del Oficial de Libertad Vigilada, un agente penitenciario responsable del seguimiento de los liberados. Será el encargado de ir hasta las comunidades, verificar datos personales y el cumplimiento de condiciones judiciales, la asistencia a trabajos, programas de tratamiento y espacios de tareas comunitarias.

Las penitenciarías en Mendoza

En casi 10 años, la población de las cárceles de Mendoza creció casi el 100%. Según los datos oficiales pasó de 3.900 internos en 2015 a 6.332 personas privadas de la libertad en abril de este año.

Según un informe publicado por el juez penal Sebastián Sarmiento, en los primeros meses del año de los 6.332 internos, 1.686 dormían en el piso porque hay superpoblación en las penitenciarías. 

Unos 1.600 internos duermen en el piso. (Gobierno de Mendoza)

En abril, el gobernador Alfredo Cornejo y la ministra de Seguridad, Mercedes Rus, participaron de un megaoperativo en el que trasladaron 400 internos al Complejo Penitenciario Almafuerte II para descomprimir el hacinamiento en otras unidades. 

Llegan 50 policías federales

En la cruzada por la lucha contra el narcotráfico, desde el Ministerio de Seguridad confirmaron que esperan la llegada de 50 policías federales a Mendoza y que solo resta confirmar un espacio de operaciones. 

Los efectivos que dependen de la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, conformarán una división de investigaciones que trabajará solo en causas federales como narcotráfico, lavado de activos y el mercado ilegal de bienes.