La Justicia ratificó que el Gobierno debe garantizar la distribución de alimentos pero avaló las medidas tomadas por Capital Humano

El juez federal Walter Correa dio lugar al recurso de amparo presentado por Trabajadores de la Economía Popular (UTEP) y el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) para que el Gobierno garantice la entrega de alimentos. Sin embargo, también convalidó las políticas implementadas por el  Ministerio de Capital Humano para el financiamiento de programas alimentarios.

"Hacer lugar a la medida cautelar requerida por la Defensora Pública Oficial y, en consecuencia, dispóngase que el Estado Nacional–Ministerio de Capital Humano no innove respecto de los planes y programas enunciados en los considerandos”, sostiene el fallo del magistrado sobre el rol de la cartera liderada por Sandra Pettovello.

"Sin perjuicio de lo dispuesto precedentemente, se hace saber que, lo decidido no obsta a las facultades que posee el Poder Ejecutivo Nacional de reestructurar, revisar y auditar la ejecución de los diferentes programas y/o planes", sumó.

En la resolución, Correa reiteró que tampoco poseen "la potestad de creación de nuevos programas complementarios, siempre que el colectivo identificado y, a quien se encuentra dirigida el programa satisfaga de manera efectiva su derecho".

Sin embargo, el juez indica que esto debe ocurrir "sin perjuicio de las facultades del Poder Ejecutivo Nacional de reestructurar, revisar y auditar la ejecución de los diferentes programas o creación de nuevos programas complementarios siempre que signifique mejoras, desde la óptica del principio de progresividad, así como el poder de policía que detenta la autoridad de contralor sobre los comedores y merenderos preinscriptos o matriculados con o sin convenio del PNUD".

Además, el fallo le solicita al Ministerio que "deberá presentar un informe mensual acerca del desarrollo de las políticas públicas vinculadas con los comedores y/o merenderos, que tiene por finalidad la satisfacción del colectivo que allí asisten y la cantidad de población beneficiada discriminada por su ubicación geográfica".

De todas formas, el dirigente social Juan Grabois festejó la medida en redes sociales. "Otro freno de la justicia al plan de miseria planificada. El gobierno deberá continuar los programas de entrega de alimentos a los comedores comunitarios", escribió en un extenso mensaje.

"Desde el mes de diciembre distintos espacios comunitarios dejaron de recibir alimentos para sus comedores. Por eso, en el mes de febrero iniciamos esta acción así como también denuncie penalmente a la ministra", sumó.

Por último, Grabois utilizó el medio para criticar la gestión de Javier Milei: "Esta decisión judicial llega en un contexto en el que, según los propios datos oficiales, la pobreza aumenta y el empleo cae y se vuelve más precario".