La acción judicial contra el Distrito Minero y el próximo paso del Gobierno
Ya está en la Justicia una acción de amparo colectivo contra la ley 9.588 que ratificó 34 proyectos mineros dentro de Malargüe Distrito Minero Occidental. Fue presentada este martes 26 de noviembre por la tarde por dos reconocidos defensores del ambiente: Eduardo Sosa y Jeniffer Ibarra (Fundación Cullunche) y en el amparo, que tiene 85 páginas, se solicita a la Justicia que declare la inconstitucionalidad de la norma aprobada por la Legislatura provincial y además, piden una medida cautelar, es decir que no se pueda aplicar mientras se defina la cuestión de fondo. Pero en simultáneo, este miércoles 27, por la mañana, salió la resolución de inicio desde el ministerio de Energía y Ambiente para presentar 29 iniciativas más, que deberán, como el resto, ser avalados por la Legislatura provincial.
Hace unos días, MDZ contó que se estaba preparando una acción contra los 34 proyectos que dieron inicio al Distrito Minero Malargue Occidental. Es decir que las empresas mineras interesadas, ya cuentan con la ley para poder comenzar a explorar en el distrito que se ubica en el sector cordillerano y centro-sur del departamento de Malargüe y que tiene una superficie de casi 20.000 km2 y 1,9 millones hectáreas. Se trata de una iniciativa del gobernador provincial Alfredo Cornejo (Cambia Mendoza) pero que además tiene el aval del intendente del departamento sureño Celso Jaque (PJ).
Finalmente este martes por la tarde, Sosa e Ibarra - con el patrocinio de la abogada Daiana Rusalen-, pideron a la Justicia la nulidad de la norma que habilitó a los primeros 34 proyectos porque consideran que el procedimiento de evaluación de impacto ambiental realizado es "arbitrario e ilegal, violando leyes nacionales, provinciales y acuerdos internacionales, además piden que se elaboren los estudios científicos necesarios para despejar toda duda acerca de la viabilidad de los proyectos mineros".
Los principales cuestionamientos que plantearon son "la violación al Acuerdo de Escazú, al promover un acceso a la información defectuoso, debido a que, si bien convocaron a audiencia pública y colocaron la información del estudio de impacto ambiental a la consideración del público, no ocurrió lo mismo con varios dictámenes técnicos que no estuvieron disponibles en los plazos que marca la ley, y además no publicaron el informe de síntesis (art. 33° ley 5.961 y art. 30° decreto 820 que reglamenta la Evaluación de Impacto Ambiental minera, y hasta el Código de Minería) al que están obligados, con la finalidad de explicar de manera sencilla los alcances del proyecto a quien no entiende las complejidades técnicas del proyecto minero", de acuerdo a lo que sostienen los denunciantes.
Además, incluyeron en su presentación como argumento la violación a la ley 7722, "al no presentar la manifestación específica de impacto ambiental sobre los recursos hídricos (art. 4°), que es obligatoria para los proyectos mineros metalíferos"; a la ley de glaciares 26.639, "ya que muchos de los cateos se encuentran en ambientes periglaciales, siendo que está prohibido por esta ley la exploración y explotación minera, entre otras actividades"; el código de minería, "al fusionar los procedimientos de evaluación de impacto ambiental de prospección y exploración en uno solo", cuestión que el Código no permite (art. 252) y al Decreto 820/06 de reglamentación de la EIA Minera, "al presentar un Informe de impacto ambiental que no respeta los requisitos de presentación (art. 4°) al no especificar ni las ubicaciones precisas donde realizarán las actividades, ni las actividades mismas que pretenden", sostiene el texto del amparo.
La acción judicial pide "impugnar la ley 9588 que ratifica las resoluciones aprobatorias de los 34 proyectos mineros, que se subsanen los vicios que existen en el procedimiento de evaluación de impacto ambiental y que se hagan los estudios que recomiendan los dictaminadores evaluadores del proyecto en forma previa a la autorización, y que, a partir de toda la información disponible, se evalúe la viabilidad ecológica y legal de los emprendimientos".
El Gobierno, en tanto, seguirá con su plan, sin tener en cuenta esta presentación judicial. De hecho, este miércoles 27 por la mañana, salió la resolución de inicio desde el ministerio de Energía y Ambiente para presentar 29 iniciativas más, que deberán, como el resto, ser avalados por la Legislatura provincial, que ya había sido anunciada por el Gobernador. Pero además, por estas horas, Mendoza es sede la Cumbre de Minería sostenible 2024, en la que participan los gobernadores de la región y empresarios mineros.