Van por todo: el motivo por el que Fernández Sagasti explotó contra Rodolfo Suarez
Ayer el gobierno de Rodolfo Suarez oficializó sus intenciones de modificar el funcionamiento de la Suprema Corte eliminando la actual conformación de salas y sorteando todas las causas entre los siete jueces del tribunal. Según esgrimen desde el Ejecutivo la intención es aportar transparencia y evitar que los litigantes puedan elegir en que sala ingresar sus causas, pero para la senadora nacional Anabel Fernández Sagasti el objetivo es otro.
"Lo que no controlan, lo disuelven. El proyecto que envió el gobierno a la Legislatura implica lisa y llanamente lograr una mayoría automática en la Suprema Corte de Justicia", disparó a través de las redes sociales la presidenta del Partido Justicialista de Mendoza.
"Manejan a dedo el Tribunal de Cuentas, la Oficina de Ética Pública, la Contaduría General de la Provincia, más las dos cámaras de la Legislatura. ¿Qué falta? Adivinaron: la Suprema Corte de Justicia", agregó Fernández Sagasti cargando las tintas contra la iniciativa que ayer ingresó a la Legislatura.
Según la senadora nacional, el gobierno de Rodolfo Suarez quiere garantizarse impunidad controlando los resortes del Poder Judicial y otros órganos de control. "De institucionalidad poco, de búsqueda de impunidad, todo", disparó.
Una corte partida
Desde hace años la Suprema Corte de Mendoza se encuentra partida en dos. Por un lado tres jueces identificados con el peronismo: Mario Adaro, Omar Palermo y Julio Gómez. Por el otro, cuatro jueces cercanos al radicalismo: Dalmiro Garay, Pedro Llorente, José Valerio y Teresa Day.
Las posiciones son irreconciliables y la mayoría de las causas que llegaban a la Corte entraban a la Sala II para que las resolvieran Adaro, Palermo y Valerio. El motivo es que se imponían dos a uno los votos "peronistas" en contra del gobierno.
El proyecto de ley viene a ponerle fin al "forum shopping" en referencia a esa posibilidad de especular sobre qué sala es la más conveniente para los intereses de quien demanda y elegirla.
Sin embargo, en el peronismo entienden que detrás de esa premisa de transparencia se esconde la ambición de licuar el poder de la Sala II y darle un marco de legalidad a la posibilidad de dirimir en plenario -voto de los siete jueces donde hay mayoría radical- cualquier causa que genere incomodidad en el gobierno.