Se reaviva la industria del juego en Mendoza

La adjudicación de la concesión del Casino Central reavivó uno de los negocios que más se expandió en Mendoza: el juego. El Gobierno le otorgó la concesión de los tragamonedas de esa sala a la empresa Traylon, ligada al empresario Cristóbal López. Es la tercera concesión de salas de juego que el gobierno de Rodolfo Suarez ejecuta en lo que va de su gestión, pues cambió el eje que arrastraba Alfredo Cornejo de cerrar salas de manera definitiva.

Las tres concesiones que ejecutó Suarez fueron a empresas distintas; todos conocidos en el mundo del juego. Las pujas más grandes se dieron por las salas del Este y del Casino Central. Las empresas en pugna eran siempre las mismas; aunque con el mapa de empresas que quedó, pueden darse por “conformes” algunos de los principales actores. En el caso del mega casino de San Martín la adjudicación quedó en manos del grupo Kristich, que inauguró la sala en tiempo récord y luego debe anexarle un hotel. En esa sala la empresa se queda con un canon enorme: el 68% y 20 años de concesión. En el Sur, el Gobierno le adjudicó el anexo de Alvear a los dueños del hotel Tower de San Rafael, el grupo Andreani (a través de Hotelera Emprender SA), que de esa manera expandió el negocio en la provincia.

En el caso del Casino Central, Traylon se quedará con un 52% de la recaudación. Es un pozo mayor al que cobra hoy Mendoza Central Entretenimientos, que es del 43%, pero tendrá que hacerse cargo de los costos de mantenimiento, mejoras y del personal. Justamente ese había sido el gran problema del Instituto de Juegos y Casinos. En medio de la concesión, MCE consiguió mejoras inéditas en su situación, donde se duplicó el canon y no se agregaron responsabilidades. Tan fue el problema, que la sala dio pérdidas al Estado.

La flota de tragamonedas crecerá. De las 623 máquinas que hay hoy, pasará a 720. La oferta que hizo la empresa que gestó Cristóbal López tenía amplias diferencias con sus competidoras; exageradamente amplias. Ahora, explican en el mundo del juego, deberán seguir la implementación y el control. De la inversión, pues prometen más de 2 mil millones de pesos para mejorar el edificio e instalar las nuevas máquinas. Aunque desde el Gobierno resaltan que en la composición accionaria no figura Cristóbal López, en el mundo de los juegos de azar no lo entienden de la misma manera. Incluso el staff de gestión de Traylon, que antes era Casino Club, no ha cambiado. En Mendoza, por ejemplo, los representantes legales de la empresa son los mismos que en la época de oro de López en la provincia, cuando tenía todos los anexos del Sur y el Este. De hecho aún está activa la causa judicial contra el Estado iniciada por Traylon por daños y perjuicios que es patrocinada por su gerente general,  Alejandro Haure; el mismo gerente que había reclamado administrativamente el año pasado para frenar la adjudicación del casino del Este a favor de Kristich. Otras firmas vinculadas a ese grupo empresario no dejaron un buen antecedente en Mendoza. Es lo que pasó con la petrolera Oil, que incumplió los planes de inversión y las garantías de oferta y aún hay litigios en Tribunales.

Fuera del negocio quedan, por ahora, los actuales concesionarios del Casino de Mendoza. Se trata de Mendoza Central Entretenimientos, empresa del Alfredo Vila. Esa firma se había quedado con la concesión luego de varias triangulaciones. La empresa Cirsa y la propia Casino Club habían sido los concesionarios originales. Luego pasó a manos de MCE, que consiguió enormes ventajas. Allí también comenzó una guerra política y empresarial con quienes eran concesionarios del casino del Hyatt. Hoy, la situación es distinta y ambas firmas se vincularon para participar de la licitación del Casino Central. Pero perdieron.

Mendoza ejecutó un fuerte impulso al juego como política de Estado. Por un lado, con la ley 5.775, que permitió que haya hoteles con casinos, cuestión que se en la práctica se constituyó en casinos con hoteles. Y también con la concesión de anexos del casino provincial. La provincia pasó a ser el lugar con mayor cantidad de tragamonedas del país. Incluso en Mendoza aún hay autorizaciones de casinos no ejecutadas.

El Estado usa como mascarón de proa que los ingresos del Instituto de Juegos y Casinos derivan en inversión para planes de salud y sociales. En realidad hasta el 35% de los ingresos del Instituto se deben derivar (con una ecuación que no tiene en cuenta todos los ingresos en realidad). Este año, según el sitio oficial del IPJC, se destinaron 168 millones de pesos. Solo en el primer trimestre, los operadores de las tragamonedas cobraron 241.713.258 pesos.