Tarifas: fuego amigo frena la aplicación de la "segmentación"

La ejecución del aumento de las tarifas en la luz y el gas comenzará en junio. Pero a mitad de camino. Por ahora el Gobierno sólo podrá poner en marcha los incrementos de entre 40$ y 45% correspondientes a la clase media y media alta, dejando para más adelante la segmentación para eliminar el 100% de los subsidios para los sectores de mayor nivel adquisitivo del país. Este último avance, fundamental para cumplir con la meta de reducción del gasto en subsidios en un 0,6% del PBI según lo pactado con el Fondo Monetario Internacional (FMI); prendió alertas dentro del propio Gobierno nacional, dado que varias reparticiones del Ejecutivo destinadas a verificar la legalidad total de las medidas  a aplicar.

El gran temor del oficialismo albertista de corte legalista es que antes de aplicar la segmentación pura y dura, debe haber una vuelta más de estudios jurisprudenciales para determinar que no habría posteriormente a la puesta en marcha de la eliminación de los subsidios, presentaciones judiciales que traben toda la puesta en marcha de los aumentos. Según muchos funcionarios (y funcionarias), el problema sería que la segmentación tal como está pensada podría dar lugar a cuestionamientos legales por "discriminación", dado que los criterios subjetivos para los que ingresen en los aumentos provocarían levantamientos de la Justicia. Se piensa que estos criterios (por ejemplo ganar más de $315.000  mensuales en bruto o poseer tres automóviles de menos de 5 años de antigüedad), sólo podrían haberse aplicado por ley. Y no por una resolución del ministerio de Economía.

Dentro de estos controles enmarcados en las misiones del FMI, una de las cuentas más importantes para que haya tilde verde desde Washington, es que la administración de Martín Guzmán pueda mostrar en las pantallas fiscalizadoras, que el principal factor de reducción del gasto público propuesto por Argentina (bajar los subsidios a los servicios públicos) se cumple en no menos de ese 0,6% pactado. Y que, de paso, Alberto Fernández puede imponerse en un debate político contra el kirchnerismo en un capítulo clave para la credibilidad del cumplimiento del Facilidades Extendidas.

La idea general es que este incremento de tarifas se aplicaría a un 60% o 65% de los usuarios con incrementos promedio de entre 40% y 60%; mientras que a un 10% se le eliminarían totalmente los subsidios. En este último grupo ingresarán los que considere el Estado nacional que se ubican en regiones geográficas privilegiadas (en zonas de todo el país); y, fundamentalmente, a personas y familias donde se detecten ingresos que justifiquen el pago de tarifas planas.

Entre estos se ubican los que perciban mensualmente salarios en blanco brutos de hasta $300.000 o $350.000 (por ahora el monto exacto sería de 315.000 pesos en bruto, aunque aún no está determinado) indexados por CVS, los autónomos de categorías superiores, quienes posean 3 o más automóviles de no más de 5 años de antigüedad, los propietarios de embarcaciones y aeronaves (de cualquier valor), los propietarios de hasta 3 inmuebles no afectados a la producción y destinados (o no) a la vivienda (se aplicará a todas las unidades) y quienes tengan un nivel de gasto en tarjetas de créditos y débito dentro del país o en el exterior por montos altos y relacionados con ingresos sostenidos en el tiempo. Se supone que en total estas restricciones alcanzarían a algo más del 10% de los clientes de las empresas distribuidoras de gas y electricidad, los que pasarían a pagar tarifas sin subsidios. Y probablemente en un límite de tiempo no superior a los tres meses.

El resto de los usuarios tendrán un incremento de hasta un 60% de pago actual; pero con promedios de entre 40% y 50%, en un esquema que se aplicaría desde le segundo semestre del año y se profundizaría en el cuarto trimestre. Una parte de la población importante permanecerá con los niveles de subsidios actuales, siempre que se encuentran dentro de los sectores menos favorecidos.

Se encontrarían en estos sectores los jubilados que cobren hasta dos mínimas, trabajadores irregulares, trabajadoras domésticas, monotributistas de las dos primeras categorías, beneficiarios de planes sociales nacionales y familias con trabajos registrados cuyos ingresos estén alcanzados por los límites de la canasta básica de pobreza que mide el Indec. Por ahora este es el único público al que se les aplicarían los incrementos de manera lineal.

Este esquema de incremento tarifario fue la promesa formal que Martín Guzmán le había efectuado a los negociadores del FMI durante las discusiones que derivaron en la aprobación del Facilidades Extendidas el 25 de marzo del 2022, y que luego se vio plasmado en la letra fina del acuerdo publicado en las páginas oficiales del organismo. Llega ahora el momento de fiscalizar el cumplimiento general del Facilidades Extendidas.

El ajuste tarifario que deberá aplicar el país, por arriba de las alzas que ya se anunciaron del 20% en el servicio de electricidad y gas deberá duplicarse, y trepar así a más de $325.000 millones; incluso en un monto más cercano a los $400.000 millones. El cuadro conocido hasta ahora con un alza tarifaria de 20% y la eliminación de los subsidios totales para algunas zonas favorecidas de CABA y el conurbano bonaerense, sólo llegaba al 0,2% del monto acordado con el Fondo, con lo que debió acelerar el nivel de ajuste; mirando el la meta de déficit fiscal de 2,5% de PBI comprometida para todo el 2022. Si hacia septiembre Guzmán se acerca a ese nivel, el ajuste podría ser menor. Si se aleja, el alza tarifaria se profundizará. En este caso, para saber el ajuste final de las tarifas eléctricas y del gas, habrá que esperar el incremento que muestren los salarios privados y públicos en blanco.