Paradojas: una de las principales opositoras salvaría el acuerdo con el FMI

La idea de una de las dirigentes políticas más polémicas y cuestionadas, incluso desde el ámbito dirigencial donde participa, serviría de plataforma de negociaciones entre el Gobierno y la oposición para que se destrabe (y apruebe) el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) en el Congreso. Elisa Carrió impulsó hace algo menos de un mes una proclama curiosa, que hoy es tomada como eje negociador para salvar un problema de origen que Martín Guzmán consideró siempre fundamental para mostrar ante los funcionarios de Washington: desdoblar el tratamiento legislativo del acuerdo, dividiendo la toma de la deuda de los compromisos generales a los que se compromete el país. 

El ministro de Economía había hablado desde los primeros tiempos de las discusiones con el organismo que maneja Kristalina Georgieva, del compromiso del Gobierno de Alberto Fernández de mostrar ante el Fondo que el acuerdo al que se llegara tendría el apoyo casi total de la dirigencia política argentina. O que, al menos, el oficialismo en su conjunto y Juntos por el Cambio (JxC) votarían a favor en el Congreso, mostrando en la sede del FMI que el Facilidades Extendidas que se cerrara tendría detrás un respaldo de la clase dirigente argentina con posibilidades serias de conducir el país. Dada que siempre se discutió un acuerdo a 10 años (nunca estuvo en la mesa de negociaciones un plazo mayor ni menor), en el Fondo se consideraba importante que se buscara algún tipo de señal política de respaldo; dado que la mayoría de los compromisos que se cerraran en el acuerdo, implicarían pagos o metas a cumplir en las dos gestiones que sucedieran a Alberto Fernández.

Nunca Washington exigió que ese apoyo surgiera de una ley. Tampoco en los últimos días de negociaciones. Simplemente habló de la necesidad de percibir claramente compromisos de estado respaldados por los dirigentes opositores. Fue el ministro de Economía quién, de buena fe, habló en el primer semestre del 2021 de la posibilidad cierta que el acuerdo pasara por el Congreso como el gesto político de voluntad de apoyo general que el FMI requería. Sabía Guzmán que era una sobreactuación, pero lo consideraba necesario para mostrar fortaleza negociadora en el momento de discutir los términos del Facilidades Extendidas; además del mostrar en Washington el compromiso de cumplimiento de lo acordado más allá de la gestión albertista.

Con estos argumentos Guzmán convenció al presidente de la necesidad que todo el acuerdo sea aprobado por ley, descartando el ministro que políticamente no habría problemas para lograr ese cometido. Eran otros tiempos de la Argentina, ya que en el primer semestre del año pasado, parecía que la coalición gobernante no mostraría fisuras ante el programa económico más importante que encaraba la administración de Alberto Fernández, había confianza en que el board del organismo sería flexible con algunas cuestiones importantes como la reducción de la tasa de interés y se pensaba que más allá de protestas y malhumores el kirchnerismo no rompería lanzas con el oficialismo. Guzmán había mantenido además muchos contactos muy informales pero concretos con radicales y economistas cercanos al PRO, quienes le deslizaron que obviamente habría apoyo legislativo a la iniciativa y que se tomaría el proyecto como una política de estado. Luego todo el panorama cambió, y la clase política argentina estalló.

El oficialismo se rompió con la negativa del kirchnerismo de apoyar primero una suba de tarifas superior al 20% en el 2021, las protestas por el destino de los DEGs para el pago de intereses y, finalmente, las críticas públicas de Cristina Fernández de Kirchner ante el supuesto "sobreajuste" que Guzmán había aplicado en el primer semestre del año pasado y que, a la visión de la ex presidenta, había provocado la pérdida de las PASO. Finalmente la crisis llevó al rompimiento con Máximo Kirchner al  escenario legislativo de no contar con el apoyo total del bloque oficialista en el Congreso. Por el lado de la oposición, el panorama no era más alentador. La idea de avanzar en el juicio penal por el otorgamiento del Stand By del 2018, el panorama negativo que quedó luego del fallido tratamiento del Presupuesto 2022 y la propia crisis interna de JxC; provocan el panorama actual: no está garantizado que el paquete total negociado con el FMI tenga sustento político lo suficientemente fuerte como para que el ministro pueda mostrar en Washington un apoyo concreto y amplio de la clase política argentina.

Se llegó así a considerar dentro del gobierno y la oposición que quizá la propuesta que había hecho casi en soledad Elisa Carrió era la correcta. La dirigente además no estaba sola en la idea. Los economistas del bloque opositor la avalaban desde el primer momento. De hecho, Carlos Melconián y Hernán Lacunza, dos altos referentes del PRO, lo hicieron público. ¿Qué fue lo que propuso la titular de la Coalición Cívica?, simplemente que se apruebe el nuevo endeudamiento con el FMI, la refinanciación del Stand By y el cronograma del nuevo Facilidades Extendidas en un proyecto de ley; mientras que el resto del contenido del acuerdo quedaran separados o directamente sean aprobados vía decreto. La intención de Carrió era doble. Por un lado se le estaría dando un guiño al oficialismo, evitándole la exposición oral y pública de las diferencias ante la decisión política más difícil del Gobierno de Alberto Fernández. Por el otro, y ante la segura necesidad de renegociar el acuerdo en 2024/ 2025, el hecho de no discutir en el Legislativo Nacional los términos del acuerdo actual, dejaría la jurisprudencia sobre la posibilidad de renegociar el Facilidades Extendidas con otro escenario político y económico; en el supuesto caso que una gestión de JxC venza en las próximas elecciones presidenciales del 2023 y suceda a Alberto Fernández un Gobierno de otro signo. Como consecuencia secundaria, se caería el argumento acusatorio del kirchnerismo contra Mauricio Macri, Nicolás Dujovne y otros funcionarios de la anterior gestión, que basan el señalamiento de la ilegalidad del Stand By firmado en 2018 por el hecho que este no pasó por el Congreso y fue aprobado por decreto.   

El plafón técnico de la explicación para que el contenido del acuerdo con el FMI no pase por el Legislativo, se basa en que, para la visión opositora, no existirían argumentos sólidos y legales, ya que sólo se necesitaría que pase por el Poder Legislativo la aprobación o rechazo (o la abstención), de una reestructuración de deuda por una nueva. En el caso de la discusión con el FMI, el reemplazo del Stand By cerrado en el 2018, por un nuevo proceso de toma de crédito incluido en el Facilidades Extendidas. Pero sólo como dinero que ingresa en un plan de pagos para liquidar otro vigente.

Siguiendo esta lógica, opinan los economistas que de ninguna manera debe pasar por la cámara de Diputados y el Senado para institucionalizar su legalidad, un acuerdo con el FMI para avalar compromisos trimestrales y anuales acordados con el organismo financiero internacional. El compromiso y cumplimiento de las metas de déficit fiscal, monetarias, financieras, cambiarias, y previsionales, deberían ser negociadas y firmadas y comprometidas sólo por el ministerio de Economía, el Banco Central de la República Argentina (BCRA) y, firmadas y rubricadas por un decreto presidencial. Eventualmente, y sólo como una complementariedad formar institucional, sería tarea del Congreso debatir un proyecto de presupuesto que incluyera las métricas selladas con el Fondo. Pero no mucho más.

La clave teórica, es que la ley de Fortalecimiento de la Sostenibilidad de la Deuda Pública 27612, aprobada en marzo de 2021, dice en su artículo 2: “ Dispónese que todo programa de financiamiento u operación de crédito público realizados con el FMI, así como también cualquier ampliación de los montos de esos programas u operaciones, requerirá de una ley del Honorable Congreso de la Nación que lo apruebe expresamente”. Y que en el artículo 3 se menciona a “la emisión de títulos públicos en moneda extranjera y bajo legislación y jurisdicción extranjeras, así como los programas de financiamiento u operación de crédito público realizados con el FMI, y las eventuales ampliaciones de los montos de esos programas u operaciones”.

La interpretación que hacen los economistas, es que ninguno de estos párrafos se relaciona con las metas y el contenido técnico del acuerdo, sino de la renegociación de la deuda vigente. Se tiene en cuenta en esta visión, que tanto el Stand By como el Facilidades Extendidas son créditos, y que uno sirve para reestructurar el anterior. En este sentido, la ley exigiría que el Congreso apruebe el programa general, pero no las metas y las variables puntuales; lo que sería responsabilidad del Ejecutivo. En la misma línea, se piensa que todo el acuerdo con el FMI podría ser aprobado por un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU), sin que perdiera legalidad ni institucionalidad.

Más allá de la visión de Carrió y los economistas de JxC, es el propio Fondo Monetario el que quiere que el acuerdo pase por el Congreso, y que el principal frente opositor se involucre. Desde Washington se busca que en el momento de llegar al board, el Facilidades Extendidas muestre apoyo de la mayor parte de la clase política argentina. Ya bastantes explicaciones, consideran en la sede del organismo, habrá que dar para que haya votos positivos al acuerdo negociado por Alberto Fernández y Martín Guzmán, sin el aval explícito del kirchnerismo.