La bomba de tiempo contra el Gobierno que activó un aliado de Anabel Fernández Sagasti
El Diputado provincial mendocino, José Luis Ramón, presentó ayer por la tarde una demanda colectiva para que se declare la nulidad e inconstitucionalidad de los aumentos del servicio de energía eléctrica en todo el país. Ramón es el líder de Protectora, un partido provincial que se sumó al Frente de Todos luego de acordar con la senadora nacional Anabel Fernández Sagasti.
La demanda contra la Secretaría de Energía del Ministerio de Economía y contra el Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE) se realizó en representación de los usuarios de energía eléctrica de todo el país. El objetivo principal es que se retrotraigan las resoluciones N°105/2022 de la Secretaría de Energía y sus anexos, así como las resoluciones dictadas para autorizar los aumentos en las distribuidoras de los distintos puntos del país.
Según asegura Ramón, las resoluciones violan los derechos de protección de intereses económicos de usuarios y consumidores, como su derecho a “obtener información adecuada y veraz, a la defensa de la competencia contra la distorsión de mercados y control de monopolios, y a la calidad y eficiencia de los servicios públicos”.
En base a ello el exdiputado nacional solicitó una medida cautelar para que, en todo el territorio argentino, se suspenda el aumento hasta que se dicte la sentencia definitiva. El legislador sostiene que si se aplica el aumento, se produciría un daño irreparable sobre los intereses económicos de los usuarios y las usuarias afectadas.
Incluso pidió la declaración de nulidad genérica de toda facturación derivada de estas resoluciones y la devolución de los montos cobrados a usuarios residenciales; micro, pequeñas y medianas empresas, cooperativas de trabajo o empresas recuperadas inscriptas en el INAES; instituciones de salud y educativas públicas; entidades de bien público; mutuales; asociaciones sin fines de lucro y fundaciones.
La demanda, que contiene 112 páginas, fue elaborada para demostrar los incumplimientos en los procedimientos previos al dictado de la Resolución que se pretende anular, además de una infinidad de argumentos que sostienen desde el derecho de usuarios y consumidores, hasta los derechos humanos, la inconstitucionalidad del aumento y la necesidad de su derogación.
La falta de razonabilidad del aumento fueron los incumplimientos de inversiones que el propio Estado ha reconocido, sumado a la condonación de deudas a las empresas y el aumento desproporcionado del 700% que se efectuó durante los 4 años de gestión de Mauricio Macri.
“El servicio de energía eléctrica es un servicio público esencial, cuyo acceso resulta necesario para el disfrute efectivo de otros derechos fundamentales (…) cuya prestación y regulación es función indelegable del Estado Nacional, independientemente de la organización federal de nuestro país y las potestades locales en la materia, y aún cuando la gestión del mismo se encuentre concesionada (delegada) a entidades privadas como son las empresas distribuidoras citadas como terceros al presente proceso – EDENOR S.A y EDUSUR S.A –“, señala el escrito.