Washington sonríe con el aval de Juntos por el Cambio al acuerdo con el FMI
La "recomendación" para que Juntos por el Cambio (JxC) acompañe el tratamiento del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) y su eventual aprobación legislativa (dependerá del contenido final del texto que se envíe al Congreso); llegó también desde Washington. Más precisamente, desde los muchos contactos que varios de los principales economistas que acompañan y asesoran a los líderes políticos del bloque, mantienen y profundizan con algunos de los hombres y mujeres fuertes del organismo financiero. Y que dejaron en claro una consigna clara y directa: el Facilidades Extendidas que busca Argentina, además de las metas fiscales, monetarias, cambiarias, y macroeconómicas generales; requiere de manera imprescindible de un acuerdo político importante que incluya a la oposición.
No por cuestiones vinculadas a las relaciones exteriores del país con el mundo. Y mucho menos por conceptos ideológicos (de izquierda o derecha) que en el organismo sólo son anecdóticos al momento de tomar decisiones. Lo que el FMI quiere tener certeza, que un acuerdo a 10 años, que involucra no sólo al Gobierno actual de Alberto Fernández sino, por lo menos, a las dos gestiones que lo sucedan; tiene el suficiente apoyo de la clase política como para tener leves garantías que se respetará.
Más si se tiene en cuenta que lo que se firmaría, implica que el primer pago real del nuevo préstamo, caería en 2025, segundo año de gestión del sucesor de Alberto Fernández. Desde Washington se transmitió el mensaje vía los economistas asesores, que desde el FMI se "compró" hace tiempo la idea que llevó al organismo Martín Guzmán; sobre que el acuerdo pasaría por el Congreso y que esta sería la muestra que tendría el apoyo de la clase política que se reclamaba desde el Fondo. Algo que, por otro lado, siempre estuvo presente en las mesas de negociaciones.
Para el FMI, que cualquier cosa que se negocie tenga apoyo de la clase política argentina, era, es y será, indispensable. Y que más allá que las leyes argentinas avalaran una posición ambigua sobre la necesidad que el acuerdo pase por el Congreso; para el complejísimo caso criollo, la propuesta de Guzmán era válida. Y que había sido "comprada" por el organismo.
Los profesionales cambiaron así algo de su posición ante la reunión programada para ayer por la tarde, donde los máximos dirigentes de JxC definirían cuál sería la actitud ante la inminente llegada del acuerdo con Congreso. La posición técnica original era la siguiente: no existirían argumentos sólidos y legales, para que el Facilidades Extendidas deba ser aprobado por el Congreso Nacional; y sólo se hubiera necesitado que pase por el Poder Legislativo, la aprobación o rechazo (o la abstención), de una reestructuración de deuda por una nueva.
En el caso de la discusión con el FMI, el reemplazo del Stand By vigente, por un nuevo proceso de toma de crédito incluido en el Facilidades Extendidas. Pero sólo como dinero que ingresara en un plan de pagos para liquidar otro vigente. Siguiendo esta lógica, de ninguna manera, hubiera debido pasar por Diputados o el Senado para institucionalizar su legalidad, un acuerdo con el FMI para avalar compromisos trimestrales y anuales acordados con el organismo financiero internacional.
En este caso, el cumplimiento de las metas de déficit fiscal, monetario, macro, financiero y cambiarias, deberían ser firmadas y comprometidas sólo por el ministerio de Economía y el Banco Central de la República Argentina (BCRA). Esto es, que, en la actualidad, Martín Guzmán y Miguel Pesce tendrían que rubricar el acuerdo; y discutir trimestralmente con los enviados del FMI al país el cumplimiento (o no) de esas metas. Eventualmente, y sólo como una complementariedad formar institucional, sería tarea del Congreso debatir un proyecto de presupuesto que incluyera las métricas selladas con el Fondo. Pero no mucho más.
El basamento institucional y legal del debate es la ley de Fortalecimiento de la Sostenibilidad de la Deuda Pública 27612, aprobada en marzo de 2021, habla en su artículo 2 que "Dispónese que todo programa de financiamiento u operación de crédito público realizados con el Fondo Monetario Internacional (FMI), así como también cualquier ampliación de los montos de esos programas u operaciones, requerirá de una ley del Honorable Congreso de la Nación que lo apruebe expresamente". Y que en el artículo 3 se menciona que "la emisión de títulos públicos en moneda extranjera y bajo legislación y jurisdicción extranjeras, así como los programas de financiamiento u operación de crédito público realizados con el Fondo Monetario Internacional (FMI), y las eventuales ampliaciones de los montos de esos programas u operaciones".
Según la interpretación economicista, el texto es ambiguo, y sólo refiere a la necesidad de tratar en el Legislativo cuestiones de pagos y reestructuraciones de deudas, incluso las del FMI. Pero no acuerdos completos donde figuren cumplimientos de metas. Eventualmente, cada año, para esto estaría el debate del Presupuesto.
Este es el punto exacto que se modificó ayer en la reunión política. Prevaleció la visión, compartida desde el sede del organismo en Washington, que es mejor (mucho mejor) que todo el acuerdo tenga un aval explícito de una ley concreta que despeje dos incógnitas que se miran desde los Estados Unidos. La primera, que el acuerdo tenga el apoyo político necesario como para que haya cierto compromiso de cumplimiento futuro; aunque, en Argentina como se sabe, nada es 100% seguro. Lo segundo, importante para los hombres del FMI, que no haya ninguna posibilidad futura de volver a vivir peligros de juicios internos por no haber respetado leyes o normas. Esto es clave dentro de la estructura del organismo con sede en Washington; dado que en el Fondo, por el Stand By otorgado durante el Gobierno de Mauricio Macri, hay gente importante que ha perdido su trabajo.