FMI: se retoma la negociación con un punto determinante

Hoy no es una jornada más. Desde esta mañana, los negociadores argentinos y sus colegas técnicos del Fondo Monetario Internacional (FMI) retomaron el dialogo para tratar de acercar posiciones entre Buenos Aires y Washington para cerrar un Facilidades Extendidas por 10 años (no más). Fin del déficit fiscal en 2025 o 2027. Crecimiento de la economía promedio de 5% a 7% o 3% para abajo. Reservas anuales de más o menos 5.000 millones de dólares obligatorias. Una inflación que debe llegar a un dígito antes o después de comenzar a pagar los vencimientos del 2026. Estos son los (grandes) puntos técnicos e indispensables de acordar, que separan un acuerdo entre el país y el Fondo, y que llevaron ayer al presidente a reconocer la realidad. “El FMI intenta imponernos un programa y no estamos de acuerdo” dijo ayer Alberto Fernández en declaraciones radiales, completando la frase de Martín Guzmán que unos días antes reconoció que la distancia para llegar a una fumata exitosa en las negociaciones por el Facilidades Extendidas, es la falta de acercamiento en las cuestiones fiscales.

A esta altura del conflicto, se pueden ya identificar las distancias que los técnicos de ambos bandos mantienen para llegar a un acuerdo. Se trata de variables muy mensurables y que, por definición, sus metas anuales para los próximos cinco años determinarán lo más parecido que hubo en los últimos ejercicios de un plan económico estructurado. Con fines y caminos determinados y sobres los que, cualquiera que gobierne, deberá respetar. Y por 10 años. El problema, básico, es que desde el FMI no le creen al ministro de Economía y sus proyecciones macro. Y la Casa Rosada y el Palacio de Hacienda no quieren aceptar lo que desde la sede del organismo que maneja Kristalina Georgieva exigen. Esto es, simplemente, un gran ajuste en el gasto público.

A esta altura, en realidad, la discusión es una sola. Y se reduce a la credibilidad que tenga en Washington la proyección de crecimiento de la economía argentina que propone el ministro. Todo se desprende de coordinar dos variables conectadas, de cuyo cumplimiento futuro dependerá el sostenimiento del pacto: cuánto crecerá Argentina y cuál será el camino para llegar a un equilibrio fiscal en 2025. Sobre el primero se sabe que Martín Guzmán le asegura al organismo, que el país puede crecer 5% (o más) el año próximo, y que puede sostener porcentajes similares en el trayecto de los primeros cuatro años de vigencia del Facilidades Extendidas.

Los técnicos del Fondo que deben lidiar con los negociadores argentinos, dudan de esta posibilidad. Consideran que no es posible crecer de manera real a ese nivel; y mucho menos sostenerlo en el tiempo. Los hombres y mujeres del FMI tienen un argumento bastante sólido: al país le faltan dólares para garantizar un incremento sólido y constante del PBI. La visión desde Washington es que no hay divisas suficientes como para financiar la llegada de los insumos necesarios para sostener un nivel de crecimiento sustentable. Tampoco para financiar un nivel de consumo energético que coincida con la demanda de electricidad, combustibles e infraestructura que sostenga el pronóstico.

Y se cuestiona desde Estados Unidos que las políticas de trabas de exportaciones que crónicamente aplica el Gobierno, coincidan con la visión de un país abierto a la llegada irrestricta de divisas; la única manera de garantizar un superávit comercial sostenido. Para el FMI, no hay entonces manera de asegurar un crecimiento superior al 2,5% para el 2022; nivel que se sostendría en porcentajes similares durante los ejercicios 2023, 2024 y 2025.

La resolución de este debate es fundamental. El corazón del Facilidades Extendidas depende de lograr un equilibrio fiscal, reduciendo el déficit del 2021 (que llegaría al 3,5%), a un equilibrio en 2025. Guzmán asegura que el camino para lograrlo es aumentar los ingresos de manera suficientemente sólida y constante, cuestión que se refleje en la recaudación impositiva; la que debería estar por arriba de la inflación. El ministro de Economía muestra los datos acumulados a noviembre, donde la recaudación impositiva alcanza el 60% con una inflación anualizada algo inferior al 50% y un nivel de crecimiento de la economía en el 9% interanual; datos que, proyectados al mediano plazo, determinarían que su tesis tiene razón.

El FMI contra argumenta que esa recuperación se debe al despegue de la pandemia, y que los datos comparativos de este año no tendrán relación con los del 2022. Para Guzmán sostener estas proyecciones de recaudación y crecimiento, con un nivel de gastos sólo ajustado con una racionalización de las tarifas de servicios públicos básicos (con una tenue y leve reducción en la electricidad y el gas), alcanzarán para conseguir las metas fiscales a las que se comprometerá al país.

Del resultado de este debate, dependerá en gran parte el éxito (o el fracaso) de las discusiones que desde hoy se retomaron entre el delegado del país ante el FMI Sergio Chodos y los responsables del caso la secretaria adjunta para el Hemisferio Occidental Julie Kozac, y el responsable del caso argentino Luis Cubeddu. El tiempo apremia. El 31 de marzo habría que pagar unos US$4.080 millones por el primer vencimiento fuerte de capital que la Argentina se comprometió a liquidar por el Stand By firmado en 2018 durante la gestión de Mauricio Macri. Se sabe que no hay manera, económica y política, de cumplir con ese compromiso. Entonces, si no acuerdo antes, ese día exacto Argentina se convertirá en paria internacional.

¿Dónde hay acuerdo? El Facilidades Extendidas será a 10 años, con una tasa no preferencial de 4,05% y con una cláusula especial que si existieran en el futuro mejores condiciones de pago que las que impone un clásico Facilidades Extendidas, automáticamente Argentina podría acceder a esos beneficios. Las inspecciones vinculadas al artículo IV serán espaciadas (dos veces por año), no invasivas y discretas. El país comenzará a pagar 4,5 años después de firmado y el Gobierno se compromete a llegar a un equilibrio fiscal antes de comenzar a concretar esas liquidaciones. Se podrá anotar la posibilidad de extender el tiempo sin liquidaciones a los 4,5 años después de haberse aprobado el acuerdo en el board.

Si se cerrara antes de diciembre un acuerdo del tipo hoy vigente, debería comenzar a liquidar capital a los 4,5 años de firmado; lo que implica que los primeros pagos serían en el segundo semestre del 2026. Pero además, si Argentina cumpliera con los compromisos firmados de metas y objetivos, ese dinero a liquidar podría ser renegociado con lo que en concreto no habría que realizar desembolsos si la currícula monetaria, financiera y fiscal se lograra.