Horas decisivas en la causa del Vacunatorio VIP

Aunque la mirada de todo el país sigue atenta a cómo continuará la investigación por los festejos en Olivos tras la imputación del presidente, Alberto Fernández, el expediente que descalabró parcialmente al primer Ministerio de Salud de la era Fernández luego de ser secretaría durante la gestión de Mauricio Macri revolverá las aguas de la política a poco más de dos semana de las PASO legislativas.

Según fuentes judiciales consultadas por MDZ, la resolución podría conocerse entre el día de la fecha o al inicio de la próxima semana.

Si bien el plazo ordenatorio de resolución de la apelación interpuesta por el Procurador de Investigaciones Administrativas Sergio Rodríguez que fue acompañada por el Fiscal General ante la Cámara Federal de Apelaciones, José Luis Agüero Iturbe venció hace exactamente una semana, los magistrados buscan no dilatar sus votos por lo que están en condiciones de dictaminar si avanza o no el expediente que entre otros, tiene como imputados al exministro Ginés González García.

Recordemos que la causa tuvo su inicio luego de que el periodista Horacio Verbitsky dijo que se había vacunado en el Hospital Posadas llamando al entonces ministro de Salud, González García. De las 70 personas inoculadas en iguales condiciones la magistrada consideró que 65 de esos hechos no implicaban delito más allá de los privilegios. 

Sin embargo para la PIA se pudieron haber vulnerado varios derechos humanos. Entre ellos el derecho a la igualdad, a la no discriminación y el derecho a la salud.

En caso de revertir el cierre parcial dispuesto por la jueza María Eugenia Capuchetti, los camaristas podrían ordenar que se realicen las medidas que quedaron pendientes, entre los que se encuentran informes de comunicaciones entre los ex funcionarios de la cartera sanitaria.

De ratificar la resolución de la magistrada Capuchetti, quedará por ver si la causa continuará su curso en el fuero administrativo. La titular del juzgado Federal Número 5 dictaminó la inexistencia de delito tras asegurar que el trato especial por parte de un funcionario público no se enmarca en la esfera penal, sino bajo la ley de ética del ejercicio de la función pública.