Las tres dudas sobre Portezuelo y una nueva prórroga para adjudicar la "obra del siglo"

El gobernador Rodolfo Suarez sentó a los técnicos de EMESA, la empresa provincial de energía, y pidió una sola respuesta; si Portezuelo del Viento "se llena o no se llena" con el agua disponible. La información que buscaba tener era mucho más compleja: si esa obra sería realmente eficiente y no una carga a futuro para la provincia. Pues Suarez salió convencido de la reunión y, por eso, al menos por ahora, tiene decidido avanzar con la adjudicación, aún a pesar de las advertencias para que tome otro rumbo. "Se hace", aseguran que dijo. 

Pasó más de un año desde que se abrieron los sobres de la licitación y aún no se adjudica la obra Portezuelo del Viento, la "obra del siglo". El tiempo corre y juega en contra del propio proceso. Ahora se estirará un poco más. La propuesta y rebaja del precio presentadas por Malal Hue, el único oferente, aún no convencen ni están claras. Por eso el Gobierno le pidió al consorcio que "aclare y detalle" cómo explica la reducción de costos de más de 280 millones de dólares que hizo. En particular, que explique a qué llama "mayor eficiencia". Por eso habrá que esperar hasta principio de agosto para conocer ese detalle y luego el Ejecutivo analizará nuevamente todo. 

Con la nueva prórroga, el Gobierno gana tiempo, aunque es paradójico porque el tiempo también juega en contra del propio Rodolfo Suarez. Mientras más se demore, Portezuelo estará cerca de ser menos una obra propia y más de quien lo suceda. Pero además hay algo de prevención: para todos sigue siendo raro el volumen de descuento. En realidad, el precio elevado que originalmente había presentado la empresa que hace relativo cualquier valor. Portezuelo estaba presupuestado en 884 millones de dólares. La empresa pretendía que se pagaran más de 1200 millones. Luego la rebajó, aunque con pocos argumentos. A eso hay que sumarle cerca de 100 millones de dólares para la inspección de obra. El dinero disponible es 1023 millones de dólares. Las negociaciones no son sencillas y siguen los tironeos con la china Sinohydro, líder del consorcio. 

La obra tiene objeciones externas y también internas, pues hay cada vez más presión cerca del poder para abortar ese proyecto y, luego, tomar dos caminos posibles: volver a licitarlo o usar ese dinero para otras obras. Quienes analizan el tema tomando algo de distancia diferencian entre quienes cuestionan la obra porque creen que es inviable; los que creen que es un mal negocio para la provincia y un tercer grupo que considera que es un "mal negocio para ellos". 

Las tres amenazas

Mientras tanto, hay otro elemento clave en el futuro de la obra y está en Fiscalía de Estado. A la denuncia que presentaron los juristas Alejandro Pérez Hualde y Miguel Mathus Escorihuela, se le agregó otra similar de Marcelo Giraud , uno de los referentes de la Asamblea por el Agua. Fiscalía de Estado está el pleno análisis del tema y dio curso a las partes. Ahora se agregaron actores, por lo que el dictamen podría demorarse algunas semanas más. 

Ese organismo extra poder podría ahondar en varios sentidos. Por un lado si hubiera alguna ilegalidad evidente o una "irracionalidad brutal" en el proceso, podría recomendar no adjudicar. No sería el caso porque la licitación no tiene vicios groseros, al menos en principio. La conveniencia política de avanzar corre por cuenta del propio Gobierno, pero desde Fiscalía sí podrían plantear los escenarios de riesgo y allí está la clave. Es decir qué puede pasar, cuáles son los inconvenientes actuales y los que puedan venir en caso de adjudicar. 

En ese plan, hay tres riesgos. El primero es la incertidumbre hídrica. En la última década hubo 9 años en los que el agua del Río Grande "no hubiera alcanzado" para embalsar. Pero en el Gobierno explican con otra parte de la biblioteca y aseguran que si se toma un período más amplio se encontrarán otras décadas de "sequías extraordinarias" que, creen, no serán la norma. El otro riesgo tiene que ver con la licitación en sí. Por ahora no hay impugnaciones fuertes, aunque sí cuestionamientos por el precio, tensiones con el consorcio y confusiones de roles. Las dudas de Sinohydro, la flaqueza de CEOSA e IMPSA y el doble rol de poder concedente y "parte" que ahora tiene el Estado en esa empresa generan ruido. Pero no, al menos por ahora, ilegalidades. 

El tercer punto de "dolor" es el más complejo y tiene que ver con cuestiones jurídicas ajenas. Por un lado las trabadas dentro del COIRCO, con la oposición de La Pampa principalmente, y un factor de amenaza futura en la Corte Suprema. Esa es, quizá, la amenaza que más preocupa.

Ya  hay tres demandas presentadas en la Corte nacional  para frenar la obra. Una es del Estado de La Pampa y las otras dos de organizaciones que son funcionales al mismo propósito. Las causas están dormidas, pero se especula que se reactivarán cuando la obra se adjudique, es decir cuando haya "hecho judiciable". Quienes analizan a fondo el tema ven en la Corte el principal obstáculo a futuro, sobre todo por los antecedentes precautorios en materia ambiental. Y más porque se trata de una decisión independiente de la política. Mientras que creen que en el COIRCO el presidente Alberto Fernández laudará y accionará a favor de la realización de la obra, sobre el accionar de la Justicia hay mucha más incertidumbre porque consideran que el máximo Tribunal actúa de manera independiente y "tiene perfil ambientalista". Igualmente defienden la solidez de los estudios de impacto ambiental realizados para Portezuelo. 

El contexto hace que le decisión que deba tomar Suarez es, probablemente, una de las más trascendentes de su gestión.