Socios y enemigos: tensiones y deudas marcan el encuentro entre Alberto Fernández y Rodolfo Suarez
Alberto Fernández viene a Mendoza para hacer oficial que IMPSA, la histórica empresa mendocina, es estatal y que sellará una sociedad que políticamente parece extraña: el presidente será socio de Rodolfo Suarez, uno de los gobernadores con los que mayor tensión ha tenido. En este caso se pusieron de acuerdo para intentar rescatar una empresa que desde hace 8 años está en decadencia y que estaba en manos de los acreedores (principalmente el propio Estado). La Nación será quien conduzca la empresa, pues elegirá la mayoría del directorio y el organismo de control. Además, deben definir quién será el CEO de la compañía; si sigue Juan Carlos Fernández o cambian.
El acto tiene un fuerte componente político. Tras el fracaso del intento de estatización de Vicentín, ahora el Estado "rescata" otra empresa en crisis. Son modelos distintos, pues en el caso de la cerealera era una intervención compulsiva. IMPSA es al revés: luego de la crisis, ningún privado quiso comprarla y fue la firma la que pidió que el Estado se haga cargo. El camino de esa empresa es más un laberinto que una línea recta al éxito. Pero fuera de eso la sociedad entre la Nación y la Provincia genera algunos curiosos cruces y paradojas. Uno de ellos es lo que ocurre con Portezuelo del Viento.
La empresa IMPSA es el "líder espiritual" del proyecto dentro del único consorcio que se presentó para hacerla y que cotizó un precio muy por encima de lo presupuestado. Ahora el propio Estado debe decidir qué hace como poder concedente, aunque también es parte del negocio. Pero hay más. La obra tiene una traba política por el conflicto que hay en el COIRCO. Las provincias de la cuenca del Río Colorado se oponen y tienen a Alberto Fernández como aliado. El Presidente debe arbitrar, aunque hasta ahora se ha mostrado a favor de darle curso a los reclamos de la Nación. El escenario cambió y ahora la Nación como dueño de IMPSA también puede tener un ojo en la obra para que la empresa estatal pueda renacer. De hecho Portezuelo tiene una ventaja: el consorcio no tiene que poner nada y hasta se le entregará un adelanto de más de 100 millones de dólares para comenzar las obras.
Esa obra tiene una trabazón más compleja que ahora los socios y controladores deben resolver. El precio está muy por encima de lo presupuestado y la Provincia pidió una mejora de oferta. El tiempo límite es el 16 de junio, fecha donde el consorcio debe presentar la nueva propuesta. La diferencia es tanta, que cualquiera sea la salida, hace ruido. Es que el descuento pedido supera el 40% de lo que la empresa previó. El presupuesto de la obra no llegaba a los 900 millones de dólares. Todas las opciones presentadas por la empresa superan los 1100 millones de dólares. Si se cumple ese pedido la duda será por qué originalmente se postuló un precio tan elevado.
El reclamo de Mendoza por el PAMI
Pero el encuentro entre Alberto Fernández y Rodolfo Suarez tiene otro punto de discordia. Ambos dirigentes han tenido desencuentros por la estrategia que cada uno tiene para enfrentar la pandemia. Las clases presenciales se convirtieron en el eje de esa polémica: Pero también hay tensión por los recursos.
Alberto irá hoy a la sede del PAMI en Mendoza para visibilizar la campaña de vacunación. Justo ocurrirá cuando la Provincia hizo un fuerte reclamo a la obra social nacional por la falta de asistencia de sus afiliados. Desde el Ministerio de Salud de la provincia denunciaron que PAMI y las clínicas privadas que tienen sus cápitas no se se hacen cargo de las personas que tienen covid y esa demanda es trasladada a los efectores provinciales.
El tema explotó en San Rafael, donde hubo una auditoría encabezada por el subsecretario de Salud Oscar Sagás, Pero, aseguran, se reproduce en toda la provincia. El Gobierno acusó que había falta de inversión en PAMI, pero también problemas de gestión. Incluso aseguraron que había casos de clínicas que asisten a pacientes de PAMI que directamente no recibían personas a pesar de tener capacidad.
Ahora la Provincia le reclama una deuda de más de 100 millones de pesos al hospital de San Rafael. Según la Provincia la deuda es de $107.591.287.