El kirchnerismo sigue presionando al Gobierno para estatizar la Hidrovía

El kirchnerismo no cesa en sus intentos de lograr la ansiada estatización de la Hidrovía del Río Paraná, para lo cual presentó un estudio elaborado por la diputada Fernanda Vallejos en el que propone recuperar la gestión estatal en ese corredor fluvial, incluir el cobro de peajes a cargo del Gobierno nacional y crear diversos mecanismos de control para regular fuertemente la actividad privada.

A través de un informe que lleva el sello de las organizaciones Proyecto Económico y el Instituto Argentino para el Desarrollo Económico (IADE), Vallejos advierte que el actual sistema de explotación comercial del Paraná "tiene serias deficiencias y genera graves perjuicios económicos" y su problema central "reside en el déficit en materia de controles y regulaciones, lo que facilita el fraude fiscal y las prácticas ilícitas".

En ese sentido, el estudio de la diputada ultra K propone la administración y control estatal de la hidrovía, la creación de un órgano de control sobre prácticas ilícitas, y centralizar en una base la información económica y financiera de puertos públicos y privados habilitados, así como la de zonas de producción, embarcaciones en operaciones y procesamiento a transporte, de forma de poder monitorear el tráfico comercial.

Entre las catorce propuestas concretas que aparecen en la síntesis final, se plantea la “revisión integral de la Ley Nacional de Puertos con el objetivo de recuperar la capacidad de control, fiscalización y transparencia en el movimiento de las mercancías, lo que debe ser incluido en la legislación”. Otro de los puntos establece la creación de un “Registro Nacional de Puertos Públicos y Privados” y el control de las habilitaciones.

A su vez, el informe sugiere que la Administración General de Puertos (AGP) podría ser parte de la administración y control estatal de la ruta fluvial, para el fortalecimiento de los mecanismos de control y combatir las operaciones fraudulentas en las declaraciones mediante subfacturación de exportaciones y sobrefacturación de importaciones, y el contrabando.

"Se trata de tener la capacidad soberana sobre las propias aguas, para fiscalizar la operatoria de transporte, carga y descarga de granos, oleaginosas y derivados, así como del conjunto de bienes transportados objeto del comercio exterior argentino, con el propósito de evitar operaciones fraudulentas que lesionen el interés nacional y debiliten el bienestar general del pueblo argentino", concluye el trabajo citado por la agencia de noticias Télam.

El Río Paraná es la principal autopista navegable de la Argentina por la que se transporta el 80% de la mercadería que exporta el país e ingresa el 95% de sus importaciones y a lo largo de sus 820 kilómetros operan 18 puertos que reciben por año carga transportada en 1.200.000 camiones y 250.000 vagones de tren.

Las tareas de mantenimiento, dragado y balizamiento del Paraná están en manos desde 1995 del consorcio Hidrovía SA, integrado por la empresa belga Jan de Nul y la argentina Emepa, que hoy cobran los peajes a las embarcaciones que recorren la vía navegables. Sin embargo, la concesión del corredor fluvial venció el 30 de abril último y se estableció una prórroga de 90 días hasta el llamado de una nueva licitación.

Pero desde mediados del año pasado, el kirchnerismo viene presionando para que el Estado retome el control de la Hidrovía, mientras que el presidente Alberto Fernández y su círculo de colaboradores en el Ejecutivo pretenden relicitar la concesión para mantenerla en manos privadas, aunque no descarta la participación de empresas chinas en el negocio como forma para equilibrar las tensiones en el oficialismo.