Sospecha del PRO: "Si les conviene, van a suspender las elecciones"

La comisión de Asuntos Constitucionales de la Cámara de Diputados emitió hoy dictamen consensuado entre la mayoría de las fuerzas políticas sobre el proyecto del Gobierno para pasar la fecha de las elecciones PASO del 8 de agosto al 12 de septiembre y de las legislativas del 24 de octubre al 14 de noviembre, debido a la nueva ola de coronavirus.

La intención del bloque del Frente de Todos es introducir el tema en una sesión especial que se realizaría el miércoles de la próxima semana para debatir esta iniciativa.

El proyecto del Poder Ejecutivo refleja el acuerdo alcanzado el viernes pasado por el ministro de Interior, Eduardo 'Wado' de Pedro, con la conducción parlamentaria de Juntos por el Cambio, que preside Mario Negri, ya que se incluye una cláusula pedida por la oposición en la que se establece que este año no podrá volver a modificarse el calendario electoral.

De esta manera, y en su artículo 6, el proyecto fija que "la presente ley no podrá ser modificada ni derogada durante el año calendario en curso, en tanto regula un derecho público subjetivo de los partidos políticos, instituciones fundamentales del sistema democrático, a elegir sus candidatos a los cargos electivos previstos en la Constitución Nacional".

En el inicio de la reunión de hoy, el presidente de la comisión, Hernán Pérez Araujo (Frente de Todos), destacó "el consenso y el diálogo profundo al que se arribó, luego de algunas idas y vueltas, y del que surge este proyecto con un cariz de racionalidad en el marco de esta pandemia".

Por Juntos por el Cambio, el radical Gustavo Menna expresó: "Coincidimos en el proyecto, pero lamentamos que no se haya avanzado con la boleta única de papel, para mantener este sistema arcaico y perimido".

Sobre ese punto, la oficialista Carolina Gaillard, le respondió: "El calendario electoral coincide con una fecha que podría poner en riesgo a gran parte de la población y el proyecto modifica solamente ese punto. La boleta única implicaría una reforma electoral que requeriría otros tiempos".

Por su parte, el diputado del PRO Pablo Tonelli remarcó: "Pese a que no me parece bien cambiar las reglas electorales en el medio del proceso, celebro que si la mayoría lo ha considerado imperativo lo hagamos mediante un previo diálogo y búsqueda de acuerdos".

Pero más allá del acuerdo entre Juntos por el Cambio y el Frente de Todos para avanzar con un texto consensuado, el diputado del PRO Fernando Iglesias expresó una mirada distinta a la de sus líderes parlamentarios: "Acá no hubo ningún consenso, y si me cuesta la banca, que me cueste, porque acá lo que hubo fue chantaje, con una posible suspensión de las PASO o con una ley de lemas; y esto se da en contexto con el tratamiento de la ley de 'superpoderes' y del ataque contra el procurador (general) Eduardo Casal".

"Entiendo y respeto lo que decidieron las fuerzas a las que pertenezco, pero no les creo (al oficialismo). Creo que van a estar mirando las encuestas sobre las elecciones y si les conviene van a suspender todo", aseveró el legislador, que participó del debate más allá de no formar parte de la comisión.

Ante estos dichos, la diputada mendocina del Frente de Todos Marisa Uceda pidió "a las autoridades de esos bloques -que integran Juntos por el Cambio- que dejen en claro si hubo algún tipo de chantaje".

"El menosprecio que hacen algunos diputados me hace pensar que es muy cómodo desde una banca hacer antipolítica y después tener el privilegio de ser legisladores. A ellos les digo que hay otras formas de hacer política", completó.

El presidente del bloque de la Coalición Cívica, Maximiliano Ferraro, 'recogió el guante': "Tengo libertad en mi discernimiento, en mi intención y en mi voluntad para votar esta ley, no estoy bajo ninguna extorsión".

La iniciativa propone además reducir de 50 a 45 días previos a la elección general el plazo para que las juntas partidarias proclamen sus candidatos; al tiempo que pospone 5 días el inicio de la campaña electoral de las elecciones generales para que coincida con la proclamación.

Para ser aprobado, el proyecto requiere del respaldo de la mayoría absoluta de los miembros de cada cámara, 129 diputados y 37 senadores, por tratarse de una cuestión electoral.

Télam