Con la firma de Anabel Fernández Sagasti, aprueban cambios judiciales que beneficiarán a imputados por corrupción

A partir de este miércoles los imputados por corrupción han conseguido un respiro. Con la entrada en vigencia de los nuevos artículos del Código Procesal Penal Federal,  las penas sólo podrán aplicarse una vez que se agoten todas las instancias judiciales, es decir que la Corte las ratifique. Esto quiere decir que una persona condenada por corrupción o narcotráfico tendrá la posibilidad de permanecer en libertad hasta que la Corte confirme la condena y la deje firme. 

Dos legisladoras nacionales mendocinas tuvieron un rol activo en la comisión Bicameral de Monitoreo e Implementación del nuevo Código Procesal Penal. Se trata de la diputada Marisa Uceda y la senadora Anabel Fernández Sagasti, quien es la presidenta de la comisión. Ambas pertenecen al kirchnerismo y hay quienes entienden que la aplicación de los nuevos artículos del Código Procesal terminan beneficiando a exfuncionarios kirchneristas involucrados en causas de corrupción. Entre ellos, la propia vicepresidenta Cristina Kirchner.

Desde el gobierno de Alberto Fernández se encargaron de aclarar que no se están modificando artículos sino que simplemente se han puesto operativos los artículos ya previstos. A partir de ahora, un condenado recién cumplirá su pena una vez agotadas todas las instancias judiciales del proceso.

Entre otras cosas permite revisar condenas, atrasar el concepto de condena firme y autorizar a esperar una decisión de la Corte Interamericana de Derechos Humanos antes de empezar a cumplir la pena de cárcel.

Hasta el momento se entendía que una condena de un tribunal oral estaba firme cuando la Cámara Federal de Casación Penal rechazaba un recurso extraordinario del condenado para ir a la Corte. Ahora habrá que esperar que la Corte se defina, alargando los tiempos para cumplir una pena de prisión.

La resolución fue firmada por Anabel Fernández Sagasti, Mariano Recalde, Ramiro Gutiérrez, Roberto Mirabella, María Inés Pilatti Vergara, María de los Angeles Sacnun, Martín Soria y Marisa Uceda, quienes aseguran que esto "evitará eventuales impactos en la litigiosidad del Estado argentino ante los organismos supranacionales".