Cuál es el plan del Gobierno para domar las paritarias y acordar con el Fondo en 2022

La “coordinación de precios y salarios” que el Fondo Monetario Internacional (FMI) exigió para dar cauce a las negociaciones que tienden a posponer los vencimientos de la deuda externa por US$44.500 millones en los años venideros forzó al ministro de Economía, Martín Guzmán, y a la misión que al semana pasada fue enviada a Washington a recalibrar los próximos pasos a seguir para finalmente sellar un acuerdo entre el Estado argentino y el organismo multilateral de crédito.

El pasado viernes, mientras la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner congregaba multitudes en la Plaza de Mayo y sus alrededores, y exigía a su vez al presidente Alberto Fernández no homologar ningún pacto que postergue la recuperación económica, el titular del Palacio de Hacienda congregó a funcionarios de primera y segunda línea para explicar los avances y proponer un camino a seguir que, incluso días después, al defender el Presupuesto 2022, implica “un acuerdo de precios e ingresos”.

El mensaje de Cristina al Fondo

Por el lado de los ingresos, el Gobierno aspira a repetir el esquema paritario atado a la pauta inflacionaria oficial, que Martín Guzmán fijó -para muchos, arbitrariamente- en el 33% anual.

Así las cosas, desde el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, a cargo de Claudio Moroni, se preparan para pedir a los gremios “responsabilidad institucional”, un eufemismo típico de las temporadas paritarias para pedir moderación en los reclamos a las patronales.

Para el paladar oficial, las negociaciones salariales del año venidero deberían converger hacia una suba levemente superior al 33%, y asegurar que las revisiones o “cláusulas gatillo” no se activen antes de los seis meses de firmada la paritaria.

Teniendo en cuenta que las paritarias no se corresponden en la mayoría de las actividades con el año calendario, estos acuerdos comenzarían a ejecutarse entre marzo y abril, y podrían perdurar hasta agosto o septiembre.

Esta semana, el triunviro de la Confederación General del Trabajo (CGT), Héctor Daer, pareció acompañar la propuesta oficial al sostener, durante un encuentro de integrantes del Consejo Económico y Social (CES), al sostener delante de periodistas acreditados en la Casa Rosada que “el Presupuesto tiene una pauta inflacionaria, y nosotros estamos dispuestos a llevar adelante cualquier política antiinflacionaria, aunque siempre resguardando el poder adquisitivo del salario”.

Además, Daer avisó que “si no se cumple la pauta, discutiremos las revisiones que sean necesarias para cuidar el bolsillo”. Habrá que ver si hay consenso posible en la mesa chica de la central obrera, donde el massista Carlos Acuña sería de la idea de acompañar, pero un sector más refractario, representado por el tercer secretario, Pablo Moyano, podría poner palos en las ruedas.

Sensatez a las cámaras empresarias

Si el sindicalismo cumple su palabra –como lo hizo este año- el acuerdo de precios y salarios que exige el Fondo Monetario Internacional como método para bajar progresivamente la inflación naufragará si no logran moderarse los márgenes de ganancia que maniobran con más facilidad las compañías con una posición monopolística.

Entre marzo y abril, el Gobierno intentó sin suerte consolidar en mesas sectoriales un sistema de monitoreo de los precios que morigerara los retoques de precios, a la salida del congelamiento generalizado dispuesto en los momentos más duros del confinamiento.

A poco de andar, la mesa de diálogo puesta en cabeza de los ministros Guzmán, Matías Kulfas (Desarrollo Productivo) y el entonces jefe de Gabinete, Santiago Cafiero y su alfil económica, Cecilia Todesca, quedó sin fuerza por la inflación de las commodities agrícolas y otros insumos básicos de la industria, como plástico, vidrio o cartón.

Con la inflación internacional pegando en una económica acostumbrada a la revisión al alza de los precios, y señales equívocas desde el Gobierno, con una pizca de desinterés empresario, la propuesta quedó en eso: una propuesta. Ahora, asumiendo que los precios internacionales cederán en 2022, vuelven a la carga y exigirán, para eso, “responsabilidad al sector privado”.

Las discusiones con el FMI, según pudo saber MDZ, no incluirán más elementos relativos a la política laboral o previsional. No hay pedidos de ajuste sobre los salarios ni jubilaciones. Una fuente empapada del diálogo con el organismo sí notó el interés del Fondo por comprender cómo funciona el fondo de cese laboral que obra en la construcción, pero sin exigir que ese tipo de mecanismo se extienda a otros rubros.