Los jueces rebeldes llegaron a un acuerdo con la Corte
Los jueces civiles de la primera circunscripción llegaron a un acuerdo hoy con la Suprema Corte de Justicia en el marco del conflicto que se había generado por el personal que trabaja en los juzgados de gestión asociada.
Después de una serie de reuniones, el grupo de magistrados que se había rebelado contra una acordada del alto tribunal que disponía el traspaso de unas 60 personas a los juzgados de familia, anunció el fin del conflicto por medio de un comunicado.
"Manteniendo nuestra intención de proteger el servicio que brindamos a la ciudadanía, y luego de un diálogo extenso y arduo, en el día de la fecha la Suprema Corte se ha comprometido a dictar una Resolución, que entendemos favorece al mantenimiento de niveles mínimos aceptables de nuestros equipos de trabajo, para poder seguir atendiendo los reclamos que diariamente nos requieren los mendocinos", dice la parte más importante del comunicado de los jueces.
En términos prácticos, los jueces civiles se aseguraron "un piso" de empleados y funcionarios para los cuatro juzgados de gestión judicial asociada (Gejuas) que funcionan en tribunales.
Los 30 jueces en conflicto conservarán los prosecretarios de todos los juzgados (uno por juez), dos de los cuatro administradores que tenían originalmente los Gejuas y cuatro secretarios (dos que serán elegidos por los magistrados y dos por la Corte).
Los jueces deberán resignar empleados, pero quedaron conformes más que nada por la continuidad de la mitad de los administradores. "Son el eje del proyecto de gestión judicial, porque los administradores tienen profesiones afines a la administración, no se ocupan de lo jurisdiccional", explicaron los magistrados.
Los jueces civiles llevaban varias semanas de conflicto con los ministros de la Corte. Todo arrancó apenas se conoció la acordada 24.989, la cual se originó en mediciones de la Secretaría de Gestión de la Corte que marcaban que en los juzgados de familia había una mayor carga de trabajo que en los tribunales civiles.
Los magistrados señalaron que esta quita de personal, funcionarios y administradores lesionaba el sistema de "oralidad judicial" de los Gejuas y podía bajar el rendimiento en un fuero de la Justicia que se diferencia de los otros por la agilidad de las causas y la satisfacción de sus usuarios.
El pico de confrontación se produjo cuando los jueces emitieron pedidos de informes para que la Corte transparente cuánta gente (relatores y empleados) presta servicios en ese ámbito y elevaron un recurso de revocatoria de la acordada 24.989. El presidente de la Corte, Jorge Nanclares, cuestionó con dureza a los magistrados y el conflicto siguió creciendo. Pero a la vez, esta semana abrió una instancia de diálogo.
No fue sencilla la negociación. Durante tres días consecutivos, delegados de los magistrados fueron reuniéndose con los ministros de la Corte y la presidente de la Asociación de Magistrados, Silvina Furlotti.
En la primera reunión hubo tres ministros de la Corte (Nanclares, Julio Gómez y Mario Adaro). En tanto que la segunda se realizó ayer, con Nanclares, Gómez y un detractor de la acordada: Dalmiro Garay.
Finalmente el acuerdo fue sellado hoy con cinco de los siete ministros: el presidente de la Corte, Gómez, Palermo, Adaro y Garay.
Hay que recordar que la Corte sufría una grieta por el cuestionamiento de los jueces civiles. Los tres miembros de la Sala Administrativa (autora de la acordada) por un lado, es decir, Nanclares, Gómez y Palermo. En cambio, Garay y José Valerio, más Pedro Llorente, opinaban que no había que "desvestir" los Gejuas.
El acuerdo incluye a futuro la sanción de una ley para los juzgados civiles. El trabajo es a mediano plazo e implica el armado de una comisión amplia, con participación de la Asociación de Magistrados, para elaborar el proyecto.
El reclamo de los jueces civiles fue la chispa de un incendio mayor que está lejos de apagarse. Derivó en una polémica por los altos salarios de empleados y funcionarios designados por la Corte. Por ejemplo, la secretaria del presidente de la Corte cobra 400 mil pesos.
El gobierno de Rodolfo Suarez se hizo eco de esta arista del debate y decidió enviar un proyecto a la Legislatura que apunta a reducir los sueldos de empleados de la Corte y funcionarios con sueldos equiparados a los de los magistrados.