Un relato falso e interesado

Por Juan Horacio Day, abogado, 

Ante una nueva condena a un ex magistrado federal por su supuesta participación en los crímenes de la dictadura militar se difundió en este medio un artículo que continúa el relato falso e interesado que tanto daño ha hecho a personas inocentes y a su familia.

 Para que pueda dimensionarse debidamente el asunto debe saberse que el Terrorismo de Estado tuvo su epicentro en Buenos Aires, con sus grandes centros clandestinos de detención (ESMA; Campo de Mayo; etc.; etc..) y con la acumulación de la inmensa mayoría de las acciones judiciales que infructuosamente presentaron los familiares de las miles de víctimas que sufrieron la conducta criminal de los represores.

Al día de hoy, ningún juez o fiscal de Buenos Aires ha sido sometido a proceso penal por la supuesta complicidad que su accionar judicial habría implicado, a pesar de haber actuado en los expedientes exactamente igual a la de los ex magistrados de Mendoza (como al menos se reconoció en la terrible e injusta condena impuesta al Dr. Otilio Romano y a otros ex magistrados “elegidos”). Para lograr entender la situación de los magistrados de entonces basta con leer en internet las explicaciones del Dr. Raúl Eugenio Zaffaroni en el Senado de la Nación en noviembre de 2003 al ser propuesto como miembro de la Corte Suprema de Justicia por Néstor Kirchner (dicho renombrado penalista fue uno de los jueces de la dictadura que más Hábeas Corpus rechazó y nunca jamás investigó a ningún represor).

Ningún magistrado de aquélla “cajoneó” ningún expediente, y sólo un ignorante, o una persona que comunica con mucha mala fe, puede decir lo contrario, ya que en aquélla época los fiscales no investigaban, lo hacía sólo la policía. Cualquier duda al respecto puede dilucidarse leyendo también la sentencia de absolución dictada al Dr. Pedro Hooft ante una embestida política que quedó trunca en la ciudad de Mar del Plata.

Nunca los magistrados de aquéllos tiempos tuvieron competencia para garantizar impunidad –no podían “punir” a los represores, lo que recién ocurrió a partir del dictado de la ley 23.049 en 1984-, ni tuvieron dolo en sus supuestas omisiones –el Terrorismo de Estado tuvo como principal arma la clandestinidad, como lo sabe cualquier persona que haya estudiado el tema-.

Debe saber la ciudadanía que la inmensa mayoría de las acciones de Habeas Corpus y por privaciones de la libertad de personas que luego fueron desaparecidas o torturadas recalaron en la justicia provincial de Mendoza (en los viejos “Juzgados de Instrucción”, tal como puede corroborarse compulsando los libros de Mesa de Entradas), no en la Justicia Federal, pero los impulsores de estos juicios de “lesa humanidad” nunca tuvieron interés en investigar a los jueces y fiscales provinciales porque en realidad todo este desgaste jurisdiccional que nuestro país ha realizado en estos años persiguiendo a unos poquitos ex magistrados (nunca a todos porque nos les interesa) estuvo alimentada por la ambición de desplazar a los magistrados federales “antipáticos”, nada más, y nada menos.

Hoy en día ex magistrados como Zaffaroni o Arslanián, que fueron representantes por excelencia de los magistrados de la dictadura, pueden vivir tranquilos y recibir homenajes sin temor a ningún tipo de recriminación por su actuar en la década de los años 70 en razón que los impulsores de estos terribles juicio de lesa humanidad no tienen interés en pedirles cuenta alguna, ya que en realidad no les interesa ni la verdad ni el dolor de las víctimas sino exclusivamente la utilización de este relato para construir poder, para apoderarse de cargos en la Justicia Federal.

Nadie que tenga reales sentimientos de justicia podría permitir que prácticamente casi todos los magistrados de los años 70 sigan sus vidas normalmente si es que resulta verdadero el hecho que actuar como lo hicieron en su momento constituye complicidad con el Terrorismo de Estado.

Se planificó un ejercicio selectivo de la acción penal, eligiendo a quiénes se iba a perseguir y a quiénes no, dirigiendo la persecución a magistrados que seguían en actividad (como lo destaca el Dr. Marcelo Alegre en su artículo “De la ESMA al INDEC”, en la obra ¿Usted también Doctor?, Buenos Aires, 2015, pág. 402) porque querían sus cargos, y que no adherían al ideario kirchnerista (porque a los que juraban fidelidad a los K no los persiguieron).

La Justicia Federal seguirá condenando personas inocentes, como ya lo ha hecho en estos casos, y eso no debe extrañarnos porque casi ninguno de sus integrantes se anima a enfrentar al poder de turno o a la presión mediática. Ojalá alguna vez reparen en que han hecho mucho daño, mucho.