Lobby, culpas y favores: el detrás de escena del aumento de tarifas

La dirigencia política mendocina parece tener un descalce entre lo que pasa en la vida cotidiana y las prioridades de su propia coyuntura. El orgullo particular, la búsqueda de rédito personal o sectorial parece aún prioritario frente a una crisis que afecta de manera profunda a las familias, a las empresas y al propio Estado. Pues se avecina un 2021 incierto. Pero ya hay algunas señales que generan preocupación: el impacto de la crisis social y económica generada por la pandemia ya se siente con más del 15% de desocupación, con 6 de cada 10 niños viviendo en hogares pobres, con una economía que cae el 11%. 

El gobernador Rodolfo Suarez tiene entre sus manos algunas decisiones políticas incómodas. Deberá, por ejemplo, analizar cómo transfiere a la población el impacto del descongelamiento de las tarifas de servicios públicos; una medida que creen inevitable por la falta de recursos para mantenerlas congeladas. O surge dinero de algún lado, o se usa la creatividad financiera al extremo. O, como también ha ocurrido, se resiente la calidad de los servicios. Mendoza ha vivido todas las opciones. 

Las tarifas están congeladas. En el orden nacional ocurre con el gas y con una parte de la tarifa eléctrica. A nivel provincial el servicio más sensible es el transporte, que tiene el precio del boleto fijo desde diciembre del año pasado: 18 pesos de tarifa promedio. El Estado se hizo cargo de pagar el resto entre lo que cuesta el kilómetro recorrido y lo que se recauda con el boleto. La Nación restituyó parte del subsidio este año, pero la mayoría sale de rentas generales. Para el año que viene se presupuestaron 9 mil millones de pesos en la Provincia. Pero en diciembre se determinará el costo real del servicio. Saben que el boleto a $18 es insostenible, más teniendo en cuenta desde cuándo no sube. También saben que cualquier aumento tendrá repercusiones políticas. También, calculan, el 2021 será necesario repensar el servicio para responder a una demanda que será mayor y adecuada a la pandemia. 

Una vela para el verano

En el servicio eléctrico la ecuación es compleja por las variables políticas y las presiones que hay en el medio. La tarifa está también fija desde 2018. Se rompió la "corta armonía" y volvió la relación viciada entre el Estado y las empresas distribuidoras. Luego de que tuvieran "tarifa plena" y se saldaran las cuentas y juicios cruzados pendientes, todo volvió a embarrarse. La tarifa volvió a congelarse y las empresas, principalmente EDEMSA, tiene saldos a favor para presionar al Gobierno. Suarez ya tiene a costa de su gestión "ingresos no percibidos" de parte de esa firma. Son los costos que cargaron por no aplicar el aumento que le hubiera correspondido por actualizar el Valor Agregado de Distribución que se calculó, pero no se aplicó. Lo mismo por los costos de generación y distribución (que son nacionales). 

Ahora, el Gobierno llamó a revisar las tarifas y en ese plan están incorporadas varias cláusulas que hacen alusión a los vicios de la relación entre las empresas y el Estado. Se incluye, por ejemplo, un particular plan canje de multas: el Estado volverá a perdonarle a EDEMSA las sanciones por mal servicio y las canjeará por obras (o la promesa de ejecución de obras).

En realidad es una decisión culposa: temen que si le exigen el pago de sanciones la empresa recurra nuevamente a la Suprema Corte y que gane las demandas porque el propio Estado no cumplió. Como en el Día de la Marmota, todo vuelve a empezar: el Estado no cumple, la empresa no invierte, el contrato obliga a poner sanciones, pero el propio Estado no le cobrará esas sanciones porque originalmente no había cumplido. A Edemsa, entonces, le conviene tener buenos abogados que ganen juicios que buenos ingenieros eléctricos que solucionen problemas. En el medio, los usuarios deberán tener velas a mano: así como ya hubo cortes imprevistos (sacando lo ocurrido con las tormentas), en el verano puede volver a pasar. 

En el Gobierno ven como el "mal menor" el nuevo acuerdo. Justamente por esa mirada culposa. "El plan de obras va a ser controlado y no es cualquier obra. Está medido y planificado", argumentan. Durante la gestión de Alfredo Cornejo hubo una dura auditoría sobre EDEMSA donde se descubrieron distintas irregularidades. Daba, aseguran, para hacer caer la concesión. La decisión de Cornejo fue no avanzar por ese camino por temor a demandas en el CIADI, donde la empresa ya había ganado litigios. Entonces hubo una solución amistosa: pagar multas, incluir una oficina de control y promesas de cumplimiento. Ahora, la carga se revierte y el Estado parece el incumplidor. 

¿Un favor de Massa?

Pero hay otra variable nueva. EDEMSA, por ejemplo, ha seguido sumando deuda con CAMMESA, le empresa estatal mayorista de la electricidad. La cuenta ya supera los 8 mil millones de pesos. Pero nuevamente apareció en el Presupuesto nacional un "favor" a las empresas eléctricas. Si se ratifica el proyecto aprobado en Diputados, podría haber beneficios para EDEMSA para que salde su deuda con facilidades. Cuotas a largo plazo y tasas con beneficios.

Esa ayuda está en el nuevo artículo 87 del Presupuesto, que fue agregado en la Cámara de Diputados, pues no estaba en el proyecto original enviado por el ministro de Economía Martín Guzmán. Muchos le atribuyen ese guiño a las empresas al presidente de la Cámara, Sergio Massa. Justamente un amigo personal de José Luis Manzano y Daniel Vila, quienes conducen la principal distribuidora de electricidad de Mendoza. Ya había ocurrido algo similar en 2015, en otro agregado al Presupuesto atribuido al lobby de Manzano y Massa (entonces en el artículo 15 se reconocieron los ingresos no percibidos por la Convergencia Tarifaria). No es la única marca del líder del Frente Renovador en el Presupuesto, pues incorporó otros artículos que agregaron guiños a sectores empresarios, como las ensambladoras de Tierra del Fuego, y otros organismos estatales, como la empresa que conduce su esposa Malena Galmarini.

Los alcances del artículo "Massa" del Presupuesto serán debatidos en la audiencia pública para revisar la tarifa mendocina. Desde el Gobierno de Mendoza dicen que exigirán que EDEMSA "coparticipe" los beneficios de esa cláusula. Es decir que la ayuda que Massa pueda conseguirles sea "redituada en la tarifa" de los usuarios. 

En la audiencia pública que se realizará de manera virtual se analizará no solo el aumento de tarifas sino los otros puntos polémicos: 

• I. Asignación a Obras de Multas por Calidad de Servicio con destino a usuarios;
• II. Tarifa Social: incremento del cargo CCCE (Contribución para la Compensación de Costos eléctricos) del 5% al 7,5% para cubrir el beneficio de Tarifa Social, excluyendo al Riego Agrícola;
• III. Ingresos no percibidos: Para atender este Item se tomará en cuenta el beneficio financiero que logre la Distribuidora en los términos del Art. 87 del Presupuesto Nacional, que cuenta con media sanción de la Cámara de Diputados de la Nación. El saldo quedará condicionado a la consideración de oportunidad y conveniencia del poder Concedente para su traslado a tarifa.   

Con lo que ocurrirá con el agua y saneamiento de la provincia la relación es más brutal. Fue el único servicio público que no estuvo congelado. Este año aumentó un 80% y se destrabará el 20% de aumento que aún no se aplicó. Pero no es todo: la empresa Aguas Mendocinas va por un nuevo aumento del 50%. Todo, mientras sigue habiendo acequias que derivan líquidos cloacales por el colapso del sistema; zonas que con un mínimo calor se quedan sin agua y con la queja constante de los intendentes por la cantidad de roturas de calles que hay por el mal estado de todo el sistema. 

La inflación de octubre se acercó a reflejar lo que pasa en la vida cotidiana y por eso preocupa. El 3,6% de inflación ocurrió aún con poca actividad por la recesión (no está el efecto de la demanda agregada) y con tarifas congeladas. De hecho la suba de alimentos, por ejemplo, fue del 4,3% y superó el 40% anual. Por eso el temor a que el descongelamiento genere un impacto aún mayor.