El PJ frena otra ley clave para Cornejo

El justicialismo encontró un mecanismo para bloquear otra ley clave de Alfredo Cornejo. Tras haber frenado en Diputados la ampliación de la Corte, ahora tiene decidido colocarle un cepo al nuevo Código de Faltas. Se trata de un proyecto que pretende regular con multas y/o penas de arresto la convivencia entre los mendocinos.

La propuesta de casi 190 artículos lleva varias semanas de discusión en el Senado. No hay acuerdo entre oficialismo y oposición sobre el contenido de la ley, que remplazaría al código de 1.965. Los radicales tienen el número para sacar la ley solos, salvo por un detalle: no controlan una de las comisiones por las que obligatoriamente tiene que pasar la iniciativa antes de llegar al recinto.

Se trata de la comisión de Derechos y Garantías, que está dirigida por el justicialismo (la preside Samuel Barcudi) y en la cual los oficialistas son apenas 3 de 9.

La jugada se concretó este martes, pero se venía anticipando desde la semana pasada, cuando los peronistas, que se oponen férreamente al código de Cornejo, dejaron sin quorum una reunión conjunta de las comisiones de Derechos y Garantías y Legislación y Asuntos Constitucionales (LAC) para discutir el tema.

Esta vez, el peronismo directamente avisó de antemano en la sesión que no aceptará un plenario de comisiones mañana. Es decir que el Código de Faltas deberá conseguir despacho de las dos comisiones por separado y, en ese contexto, Derechos y Garantías será un obstáculo casi insalvable.

Festejo peronista

Lograr que la ley del gobernador "duerma" un buen tiempo en el Senado era motivo de festejos ayer en el peronismo, que todavía le pasa facturas a Cornejo por las leyes que obstaculizó cuando Paco Pérez era gobernador. "Nos hizo parir por los endeudamientos", rememoran.

Es que el Código de Faltas tenía que pasar solamente por la comisión LAC, pero desde el peronismo pidieron que también se analizara en Derechos y Garantías. Nadie se avivó en la UCR o tuvieron que ceder. La misma estrategia se empleó para tratar de paralizar el proyecto que pretende crear una oficina de sumarios que controle la disciplina de los empleados públicos: además de LAC, estudiará esa idea Asuntos Sociales y Trabajo. Allí también hay menos oficialistas que opositores.

En el caso de este último proyecto, se trata de la última iniciativa que redactó el ex ministro de Gobierno, Dalmiro Garay, antes de convertirse en ministro de la Corte.

Que una ley se pare en una comisión le deja al Gobierno una sola opción: tratar el proyecto sobre tablas, sin dictamen, en cualquier sesión. Pero esa variante es complicada, porque le faltarían los votos: los senadores oficialistas constituyen la mitad de la Cámara Alta y el tratamiento de una ley sin despacho de comisión requiere los dos tercios.

"Hay que buscar alguna salida, pero es un hecho que nos quieren obstaculizar en comisiones", lamentó el radical Juan Carlos Jaliff. LAC se reúne este miércoles y los radicales sacarán el despacho del Código de Faltas al menos en esta comisión.

Después podrían pedir que el peronismo les permita que el código tenga al menos despacho de minoría. Pero es una gestión que no será sencilla.

Sucede que todos los bloques opositores están en contra del proyecto y nadie, empezando por el justicialismo, está interesado en facilitar el número en el Senado. "Tiene una filosofía derecha, es casi un Código Penal. A la gente que no pueda pagar la multa la van a meter presa", se quejó al respecto la jefa del bloque justicialista, Patricia Fadel.

Entre otras cosas, los peronistas hablan de "una discriminación de la pobreza" por propuestas como la que castiga a los trapitos.

¿Cambios?

Los peronistas se quejan de que el oficialismo aceptó apenas 3 de las 80 modificaciones al código que le sugirió. En el radicalismo, en tanto, niegan que estén cerrados a las propuestas, pero quieren acelerar los trámites para la sanción y que, en todo caso, las diferencias se resuelvan cuando se debatan en particular los artículos del proyecto.

Algunos senadores radicales, como Marcelo Rubio, han prometido revisar artículos confusos o que se contradicen con el Código de Convencia de la Capital, pero a la par, se avanza para obtener un dictamen rápido esta semana. En este sentido, un artículo discutido es el que establece penas para el ejercicio de la prostitución, pero no para el que contrata el servicio. Además, un párrafo de esa pieza (número 83) apunta contra los abusos policiales, pero la redacción no se entiende bien.

En el justicialismo aseguran que su rechazo al nuevo Código de Faltas no es meramente un boicot político a Cornejo. Dicen que las multas previstas en el proyecto son una exageración.

Detallan, por ejemplo, que la omisión de denuncia de pérdida de un perro puede llegar a costarle al infractor 23.750 pesos (2.500 U.F.) y tomar vino en un lugar de acceso público, hasta 4.750 pesos (500 U.F.). Además del decomiso de la bebida.

Otra multa que veta el PJ es la que se aplicaría por ofender a un funcionario público: hasta 28.500 pesos (3000 U.F.) o arresto de 15 a 30 días.

Tampoco están de acuerdo con castigar al vendedor estable o ambulante que pregonare, quien debería pagar multas de hasta 9.500 pesos o arresto de entre 3 y 10 días. "Hay gente que sobrevive vendiendo tortitas", señalan.