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Pidieron indagar a Isabel Perón por delitos de lesa humanidad

Consideran que la ex presidenta y viuda de Juan Domingo Perón tuvo responsabilidad en el operativo Independencia, ocurrido en Tucumán entre 1975 y 1976.
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Hoy tiene 83 años y a los 44 años fue presidenta de la Nación, en un período muy complicado y oscuro de la historia argentina, porque fue el escenario previo que luego desencadenó la dictadura militar de 1976/83. Se la conoció popularmente cono Isabelita y llegó al máximo cargo de la Nación luego de que su marido Juan Domingo Perón la ubicara como vicepresidente en la boleta del Frejuli, que el 12 de octubre de 1973 fue elegido por 7.359.252 argentinos (61,85% de los votos). Tras el deceso de Perón, Isabelita se puso al frente de la Casa Rosada el 1º de julio de 1974 (fecha de la muerte de su marido) y el mandato debía concluir el 25 de mayo de 1977, pero fue interrumpido por el golpe el 24 de marzo de 1976.

Pasaron 39 años y los fiscales Pablo Camuña y Patricio Rovira, que dependen de la kirchnerista Gils Carbó e intervienen en las causas de terrorismo de Estado en Tucumán, hicieron una presentación ante la Cámara de Casación Penal para que deje sin efecto una resolución de la Cámara Federal -que aparta la figura de Isabelita del operativo Independencia- para que la ex presidenta sea llamada a indagatoria y poder ser acusada de crímenes de lesa humanidad durante el Operativo Independencia.

El decreto 262/75 del gobierno de María Estela Martínez de Perón habilitó al Ejército Argentino y la Fuerza Aérea Argentina para aniquilar al grupo guerrillero Ramón Rosa Jiménez (Ejército Revolucionario del Pueblo) -con ayuda de Montoneros-, que buscaba crear un ofco revolucionario en el monte tucumano. Si la iniciativa guerrillera prosperaba el objetivo era pedir la intervención de Naciones Unidas para independizar la zona tomada del país. De un lado habían cuatro mil efectivos de las Fuerzas Armadas y del otro lado, unos 500 entre Montoneros, ERP y elementos de respaldo.

La superioridad logística y operativa del ejército, al mando del general Acdel Vilas primero y luego del general Domingo Antonio Bussi, logró diezmar en pocos meses a los efectivos de la guerrilla.

Lo sucedido en el operativo Independencia fue clave para lo que vino después, ya que cuando el conflicto con la guerrilla recrudeció en todo el territorio nacional, y mientras Isabel estaba de licencia médica, el presidente provisional Ítalo Argentino Luder -en octubre de 1975- firmó los decretos 2770/71/72, que permitieron a las FFAA replicar lo hecho en Tucumán al resto del país.

La Justicia nunca convalidó la indagatoria de Isabel Perón para determinar su responsabilidad en los delitos de lesa humanidad. Anteriormente, la Cámara Federal de Tucumán rechazó un pedido para que la ex presidente sea llamada a declarar. Lo propio consideró el juez federal de instrucción Daniel Bejas, a cargo de la megacausa "Operativo Independencia", que tiene 16 procesados e investiga delitos de asociación ilícita, violaciones de domicilio, privaciones ilegales de libertad con apremios ilegales, vejaciones y torturas agravadas, violaciones, abusos sexuales y homicidios calificados en perjuicio de 270 víctimas.

Sin embargo, los fiscales Rovira y Camuña consideran que la firma del decreto presidencial nº 276/75 "resulta crucial para el desarrollo del plan militar" e insistieron en responsabilizar a Isabelita de lo sucedido en Tucumán y luego en el resto del país.

El argumento de no involucrar a la ex presidenta en esta caso fue que el decreto de febrero de 1975 no resultó ser una "aquiescencia" a los militares y que el Operativo Independencia fue una fase del plan de las Fuerzas Armadas para derrocar al gobierno posteriormente.

Fuente: Infobae