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Antes de irse de la fiscalía, Martearena pasó factura a la UCR y perdonó al PJ

Por un lado, elevó a juicio causas muy viejas: una contra el ex intendente de Capital, Eduardo Cicchitti, y las dos secretarias de Fayad acusadas de ser "ñoquis", y otra contra el ex titular del Casino, Miguel Alonso. La investigación por la polémica contratación de Los Cadillacs, por ahora quedó en la nada.

Y de pronto, los expedientes salieron del cajón, se desempolvaron, bostezaron y volvieron a activarse, como si el tiempo no hubiese pasado. Eso hizo ayer Eduardo Martearena antes de llevarse sus pertenencias de la Fiscalía de Delitos Complejos para luego mudarse a la Tercera Cámara del Crimen.

El ahora ex fiscal elevó a juicio dos causas que tuvo congeladas durante años: por un lado, la acusación por “fraude a la administración pública” contra dos secretarias de Víctor Fayad y contra el ex intendente de Capital, Eduado Cicchitti. Por el otro, la investigación contra el ex titular del Instituto de Juegos y Casinos de la gestión iglesista y cobista, Miguel Alonso.

La movida de Martearena pareció más política que judicial y se pudo interpretar como un pase de factura al sector radical que responde a Roberto Iglesias, desde donde sospecha Martearena, vinieron las únicas bolillas negras cuando se trató su pliego en el Senado provincial.

Sin embargo, nada ocurrió con la pesquisa iniciada por la irregular contratación de Los Fabulosos Cadillacs, donde, por momentos, dio la impresión de que Martearena cargaría contra la cúpula mayor del gobierno de Celso Jaque. Es más: tuvo la posibilidad de volver a imputar al jefe de asesores del gobernador, Raúl Leiva, pero nunca volvió a tocar ese expediente.

Con el radicalismo la situación fue diferente. Sobre la hora, el actual camarista decidió sacarse de encima dos causas cuyos plazos procesales se habían prorrogado más de lo aconsejado.

La investigación contra Alonso, por caso, se inició en la segunda mitad de 2006. Y el 9 de febrero de 2007 fue imputado oficialmente, sospechado de haberse enriquecido ilícitamente.

La causa se inició a raíz de una denuncia anónima que mostraba la gran vida que Alonso se daba con su sueldo estatal. Casas, autos y fideicomisos por montos millonarios.

A partir de esa fecha, el expediente se aletargó. Y pareció olvidado en el tiempo hasta que, tres años después, y antes de despedirse de su cargo como fiscal, Martearena decidió dar la última estocada y elevarlo a juicio.

Con las secretarias de Fayad, Carolina Demaría y Laura Salvo, pasó menos tiempo. A ellas las imputó el 29 de octubre de 2008. Y unos días antes hizo lo mismo con Cicchitti, a quien responsabilizó de haber estado pagando sueldos a estas mujeres sin trabajar.

Se trata de dos mujeres que, cuando Fayad asumió la intendencia, no sólo se convirtieron en funcionarias claves de la actual gestión del cacique capitalino, sino que puso a sus nombres las cuentas bancarias donde iban a parar los supuestos aportes voluntarios para la Unión Cívica Radical.

De todos modos, Martearena no arremetió contra toda la UCR. Quedó claro que en su mira estuvo sólo un sector: el identificado con Roberto Iglesias y quienes coquetearon con el cobismo. Y ni Fayad ni el PJ fueron blanco del último y expeditivo día del fiscal especial.