Reclamo

Denuncian que el nuevo juicio del Próvolo no tiene perspectiva de género

A dos años de la primera sentencia por abusos sexuales, que fue histórica, los denunciantes hicieron una manifestación frente a los tribunales de Mendoza y apuntaron fundamentalmente contra el funcionamiento de la Justicia y la postura de la Iglesia Católica. Un caso que fue noticia internacional.

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MDZ Policiales miércoles, 24 de noviembre de 2021 · 22:44 hs
Denuncian que el nuevo juicio del Próvolo no tiene perspectiva de género
La monja Kumiko Kosaka está acusada junto a otras ocho mujeres Foto: MDZ

Familiares y sobrevivientes de los abusos cometidos en el Instituto Próvolo de Mendoza reclamaron hoy frente a los Tribunales de esa provincia que el segundo juicio contra dos monjas, directivas y empleadas de ese institutución católica carece de perspectiva de género, diversidad y discapacidad.

Además, apuntaron contra los abogados de la defensa por "entorpecer" el desarrollo del proceso. La manifestación se realizó al cumplirse mañana dos años de la sentencia histórica en la que se condenó a dos curas por los abusos de niños y jóvenes sordos e hipoacúsicos.

El Colectivo por la Restitución de Derechos a Sobrevivientes del Próvolo denunció en un documento “que la Iglesia Católica, a través de sus abogados, revictimiza, censura y persigue” tanto a sobrevivientes de las vejaciones “como a periodistas y otros actores fundamentales en este proceso”.

Además, informó que, junto a la organización Xumek, realizó una ampliación de la denuncia ya presentada en el año 2020 en la Organización de la Naciones Unidas.

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“La instancia judicial de esta segunda causa se viene desarrollando con serias vulneraciones a los derechos de los sobrevivientes que tienen que ver con la no implementación de la perspectiva de discapacidad y de género” dijo Érica, hermana de una de las victimas.

"De 90 personas citadas a declarar, entre testigos y víctimas, sólo lo han hecho 3" (Érica, hermana de una víctima)

La joven, quien también pidió celeridad en el proceso que comenzó en mayo último, destacó que de las casi 90 personas citadas a declarar, entre testigos y víctimas, "solo lo han hecho completamente tres víctimas, en condiciones de extrema vulnerabilidad".

El documento del Colectivo agrega que "esto se debe a los constantes entorpecimientos que provoca la defensa de las acusadas, gracias a que el tribunal tolera esta situación al ignorar el grave daño que esto ocasiona en las víctimas”.

"Un procedimiento que tendría que devolverle sus derechos a las víctima está dañando su integridad psicofísica y la de sus familias, dados los constantes ataques de los representantes de la Iglesia que son tolerados por el nuevo tribunal”, añadió.

Erica resaltó que se trata de “sobrevivientes que pasaron hechos traumáticos y están poniendo a disposición su historia de dolor para que esto no vuelva a repetirse y obtener justicia" y advirtió que "ni siquiera hay una contención en la espera ni un trato adecuado”.

La causa

La causa se inició en noviembre de 2016, cuando el primer testimonio de los abusos salió a la luz y comenzó una investigación que reveló el horror que sufrían los niños, niñas y adolescentes sordos e hipoacúsicos en el Instituto Antonio Próvolo durante décadas.

El 25 de noviembre de 2019, el primer juicio llegó a su fin y los principales responsables, los curas católicos Nicola Corradi y Horacio Corbacho, recibieron condenas de 42 y 45 años de prisión, respectivamente.

Corradi murió en julio de este año.

Desde el 3 de mayo de 2021 se desarrolla el segundo juicio, que tiene como imputadas a dos monjas junto a otras autoridades y empleadas del Instituto. Esta segunda causa determinará la responsabilidad penal de la monja japonesa Kumiko Kosaka, por los delitos de abuso sexual agravado y corrupción de menores.

También se sientan en el banquillo de los acusados la monja Asunción Martínez (53), la representante legal Graciela Pascual (65), las ex directoras Gladys Pinacca (66), Valeska Quintana (48), Cristina Leguiza (50) y Laura Gaetán (60).

Junto a ellas estarán la psicóloga Cecilia Raffo (43) y la cocinera Noemí Paz (63), cuyas imputaciones giran en torno la participación necesaria por omisión, es decir que se las acusa facilitar los abusos al no denunciarlos.

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