Beneficios para dos delincuentes: los casos que destapan la crisis del sistema judicial

Andrés Di Césare zafó de ser condenado a perpetua porque aunque mató a una mujer con la que tenía una relación, no lo consideraron femicidio. Cristian Reina Flores debía estar en la cárcel por una condena, pero estaba libre y ahora lo acusan de un homicidio. Ambos casos podrían estar ajustados a derecho, pero generan polémica. Entonces, lo que se cuestiona son las "convenciones" que rigen a la Justicia y quiénes tomas las decisiones en el sistema. 

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Pablo Icardi

Andres Di Cesare

Pachy Reynoso/MDZ

Dos hechos, dos polémicas. Dos supuestos beneficios para delincuentes  que sacan a la luz las dudas que genera el funcionamiento de la Justicia y que demuestran cómo las “convenciones” que implican las normas y las personas que interpretan y ejecutan esas normas (los jueces, por ejemplo) están en una profunda crisis

A Julieta González la mató Andrés Di Césare de manera brutal. Tenían una relación íntima y el hecho quedó probado en el juicio. Sin embargo para el tribunal no hubo violencia de género porque no estaba probado el nivel de “solidez” de esa pareja para considerarla como tal. A esa conclusión llegaron tras describir la vida íntima de la víctima en base a chimentos, dimes y diretes que se convirtieron en testimonios en el juicio.

Aunque los jueces quisieron aclarar que no buscaban hacer un juicio de valor moral sobre la joven, sí hicieron una descripción detallada de su vida íntima y la califican como mentirosa. Claro, no hay forma de contrarrestar esa reconstrucción de la relación que hizo el acusado, pues era una relación de dos y ella está muerta.

Al acusado lo mencionan de manera sugestiva como un hombre de una buena familia. “Debe tenerse en cuenta que Andrés Di Césare es un hombre de buen nivel social; de alto nivel cultural dado que al momento del delito se encontraba cursando estudios universitarios según sus propios dichos. Además, integrante de una familia normalmente constituida y de muy buen nivel económico. Asimismo, con amplias posibilidades laborales en la empresa familiar en la que se desempeñaba”, describen. Y aunque lo mencionan como “agravante” a la situación cómoda que vivía el acusado, el contraste argumentativo y semántico entre la víctima y el victimario es notorio y el resultado también: Di Césare zafó de la condena más dura y aunque le aplicaron 18 años de cárcel, en una década podría quedar en libertad.

Los propios jueces advierten en la sentencia que la decisión será impopular, pero que no pueden direccionar su decisión por presiones, interpretaciones o búsqueda de “una verdad objetiva”. Lo que hacen, explican, es reconstruir la verdad jurídica. Y la ventana que deja la ley que incorporó al femicidio como figura es por la que se meten los argumentos del acusado y de los jueces: para ellos no se pudo probar que entre Julieta y Andrés había una relación de pareja y que el joven ejercía violencia sobre ella. Eso, más allá de la brutalidad del crimen y el intento de ocultamiento. La decisión generó un fuerte rechazo social, como pronosticaban los jueces en el fallo. Todo cuestionable desde las interpretaciones; pero que hay quienes lo defienden desde lo legal. Ese caso no tiene su camino cerrado. La Suprema Corte seguramente es avocará y también buscan que haya repercusiones internacionales, pues aseguran que la decisión del Tribunal viola convenciones que defienden los derechos de las mujeres. 

Liberado

Con pocos días de diferencia otra polémica rondó la justicia y también involucró una muerte. El asesinato de Héctor Quiroga, un comerciante de Maipú, puso en alerta a la comunidad y también a los dirigentes políticos municipales y provinciales por la repercusión pública del caso. Tras una rápida acción, fue detenido un sospechoso: Cristian Reina Flores, un delincuente que fue condenado a 18 años de prisión por robo agravado, pero que salió antes de cumplir la condena.

Reina Flores accedió a los beneficios que le otorgan la ley para salir tras cumplir dos tercios de la condena. La noticia genera shock de primera mano: lo dejaron libre antes de cumplir la condena y estando aún en período de supervisión judicial, siguió delinquiendo y mató. Más cuando se conoció que había informes que desaconsejaban dejarlo en libertad porque por su personalidad no estaba bien predispuesto para reinsertarse en la comunidad.

El juez que lo liberó es Sebastián Sarmiento, ex funcionario del gobierno, ex director de la cárcel y ex juez de ejecución. También recurrente polemista con las decisiones del Gobierno de Cornejo. Fue, por ejemplo, quien cuestionó la cantidad de detenciones que se ejecutan en la actualidad por causas leves. El contraataque contra Sarmiento no demoró y lo cuestionan por “extremo garantista”, cargando culpas políticas por el homicidio. El contexto político es imposible de obviar. Porque todos los protagonistas tienen una enorme carga en ese sentido, por lo que la inseguridad genera en la sociedad (y cómo golpea a los gobiernos municipales y provinciales) y por el desprestigio que tiene la Justicia.

Entonces: ¿Quién es el culpable cuando todos parecen tener razón?

Crisis

Pues lo que está en crisis es más profundo.

Las normas son convenciones que se establecen para poder vivir en comunidad, con derechos, garantías, sanciones, etc. En el caso de los delitos, el sistema judicial es el que interpreta y ejecuta esas convenciones. En ese plano se incluye no solo al Poder Judicial, sino a sus organismos colaboradores (la investigación técnica las hace aún la policía que depende del Ejecutivo), la propia injerencia del Poder Ejecutivo en Tribunales, o de los legisladores sobre los jueces (a través del Jury y de la votación de los pliegos para acceder a cargos). Es decir, es un entramado complejo que hace a la administración de justicia. Es decir, para hablar de “la Justicia” hay que ampliar la mirada y no enfocarse solo en los jueces.

En el caso "Di Césare", por ejemplo, uno de los integrantes del Tribunal era juez "suplente" y su pliego era tratado por el Senado para ser nombrado de manera efectiva (por propuesta del Ejecutivo). Ese proceso quedó embarrado por el caso puntual. Sarmiento, ya  lo dijimos, está en constante polémica con el Gobierno por los enfoques distintos de la política criminal. 

Pues es probable que ante las protestas que se generan por las decisiones del sistema judicial lo que se pone en duda son las convenciones que están redactadas. O los encargados de ejecutarlas. O ambas cosas.

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