Los beneficios que conserva Cristóbal López en Mendoza

A pesar de estar detenido hace tiempo por una defraudación millonaria al Estado Nacional y de haber sido procesado esta semana por lavado de dinero, el empresario Cristobal López sigue recaudando millones en Mendoza por la explotación del juego y cuenta con beneficios sorprendentes.

Por ejemplo, es todavía un activo de López el Casino Club de San Rafael. La concesión está muy cerca de caducar, pero la explotación de esa sala lleva casi 20 años (se inició durante la gobernación de Arturo Lafalla) y posee características únicas que favorecen al empresario.

La explotación de ese casino, cuyo edificio es estatal, es totalmente privada, pero el canon que tributa López al Estado provincial es muy inferior al que pagan el resto de las salas de juego que, como la suya, no están ligadas a hoteles en Mendoza.

En promedio, los casinos mendocinos que no tienen hoteles tributan el 45 por ciento de sus ganancias. Incluidas las que tiene la familia Vila, por nombrar a otro empresario famoso e influyente.

El casino de López en San Rafael, en cambio, paga una suma muy por debajo de ese porcentaje. En abril, el Casino Club erogó como canon 568.831 pesos. Durante ese mismo periodo, su recaudación bruta fue de 10,7 millones de pesos en máquinas electrónicas y de 632 mil pesos en mesas de juego. Es decir, 11,3 millones de pesos en total.

Cerca de la mitad de esos 11 millones tendría que haber terminado en las arcas del Estado provincial, si la concesión de esa sala de juegos sanrafaelina estuviera sujeta a las condiciones impositivas actuales. En cambio, pagó como canon poco más del 10 por ciento.

El negocio de aquella vieja concesión (“un régimen jurídico propio y sui generis”, según las autoridades) es tan bueno que el grupo de Cristóbal López, cuyo nombre aparece asociado a la corrupción de la era kirchnerista, pidió el año pasado una prórroga.

Sin embargo, se encontró con el obstáculo de un cambio de era en cuanto a la consideración política del tema: el gobierno actual ostenta como una virtud el cierre de las salas de juego legal y no promueve más aperturas.

Durante la gestión de Alfredo Cornejo se han cerrado cinco casinos en distintos lugares de la provincia. Todas fueron delegaciones del Casino de Mendoza, o sea, salas del Estado provincial, que décadas atrás promovía el juego en lugar de atacarlo. Pero Cornejo decidió que el Casino Club de San Rafael sea, además, el primer casino privado que cierra sus puertas al público.

No es un dato menor que López sea el dueño. A lo que se suma que el PJ ha cuestionado a la gestión de Cornejo por mejorar el negocio de las salas privadas de distintos departamentos con la decisión de clausurar los casinos públicos. Que el Casino Club deje de funcionar en octubre de este año le puede permitir sacarse de encima ese estigma.

Sin embargo, hay críticas importantes. A caballo de la queja y los temores por la inminente pérdida de unos 80 puestos trabajo, por lo menos, el peronismo sanrafaelino salió a combatir esta semana la decisión de cerrar el Casino Club.

Esta embestida se formalizó por medio de una ordenanza en cuya redacción participó ni más ni menos que la concejal Cristina Da Dalt, precandidata a vicegobernadora en la fórmula que encabeza el actual intendente de Maipú, Alejandro Bermejo.

Los ediles peronistas, quienes responden al intendente del mismo signo Emir Félix, le pidieron a Cornejo en la ordenanza que prorrogue dos años más la concesión del Casino Club. También reclamaron que, en caso de abrirse una nueva licitación, se incluya entre las condiciones “la absorción total de los trabajadores” del casino.

Fue una sesión acalorada en el Concejo Deliberante sureño. Con el ánimo recalentado por la campaña electoral, los ediles radicales acusaron a sus adversarios de cuidar los intereses del empresario detenido filo K.

Del otro lado, no hubo respuestas en primera persona. Apenas se dijo a modo de advertencia que esta decisión genera más preocupaciones sobre el empleo y el sustento de muchas familias en un momento de crisis.

Precisamente, el día que se aprobó la ordenanza, cerca de 30 empleados del Casino Club estaban dentro del Concejo Deliberante. El peronismo les entregó, a ojos del radicalismo local, apenas una “expresión de deseos”: una ordenanza no puede condicionar la decisión gubernamental de cerrar un casino.

La presidente del Instituto Provincial de Juegos y Casinos, Josefina Canale, aclaró en este sentido que el cierre del Casino Club no tiene marcha atrás. “Entendemos la angustia por los puestos de trabajo, pero esto no es una novedad, porque se sabe desde hace un año”, indicó. También afirmó que “la sobre oferta de juegos perjudica a las localidades”.

“Todos los casinos que hemos podido cerrar lo hemos hecho, pero además lo hacemos porque éste es el casino de Cristóbal López”, admitió Canale. La reacción del justicialismo fue, según la mirada oficial, una medida “populista”. Nadie en el PJ salió a enfrentar estas opiniones. 

También destacaron en el Poder Ejecutivo que los 12 millones de pesos mensuales que recauda el Casino Club dejarán de engrosar la fortuna de un empresario foráneo y que se quedarán en el departamento. Aunque probablemente nadie pueda garantizar que no tengan como destino el juego, a pesar de todo, ya que hay otro casino privado en el departamento: el que explota la familia Andreani, propietaria en San Rafael del hotel Tower.

El Tower, al ser un hotel, goza de los beneficios impositivos de la ley de promoción turística. Y gana más plata que su competidor local: más de 17 millones de pesos de recaudación tuvo en abril, según las cifras oficiales.

Ni siquiera Cristóbal López, a pesar de su desalentador presente judicial y del cierre inapelable del casino de San Rafael, quedó completamente afuera del negocio del juego en Mendoza: a través de un socio, explota otros cuatro casinos en San Martín, Rivadavía, General Alvear y Malargüe.