La Corte, el Casino y el juego de relaciones en el poder de Mendoza

La sentencia de la Suprema Corte en la que exculpa administrativamente a Carlos Bianchinelli, Miguel Bondino y Federico Domínguez por el supuesto pago de sobreprecios a una empresa de limpieza es al menos polémico por todo lo que acarrea esa causa, iniciada por un fallo del Tribunal de Cuentas, pero fuera de los detalles del caso también sirve para tejer el juego de relaciones institucionales que suele haber alrededor del poder en Mendoza.

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La Corte anuló cargos millonarios contra Bianchinelli, Domínguez y Bondino

El Tribunal de Cuentas había ordenado que los directivos del Instituto de Juegos y Casinos devolvieran más de 2 millones de pesos porque entendían que se habían pagado sobreprecios a la empresa Masterful por el servicio de limpieza del Instituto. El mismo mecanismo ocurrió al menos por tres años. Los funcionarios recurrieron a la Suprema Corte para que se anule esa decisión y en un fallo que generó polémica la Sala 1 les dio la razón. Conclusión, no deberán pagar esos cargos. Pero las consecuencias políticas son mayores, pues esa sentencia puede condicionar la investigación penal que se lleva adelante, donde se investiga si hubo corrupción en esas maniobras. Ahora la Fiscalía de Delitos Económicos tiene por encima la opinión de tres jueces de la cúpula de Tribunales que dicen que no hubo perjuicio al erario público, a pesar de que no hubo investigación penal.

El juego de relaciones

Fuera de los detalles del caso administrativo, el caso de Masterful sirve para entender cómo funciona el andamiaje de poder. Esa empresa es propiedad de Alejando Balengo, quien es allegado a Bianchinelli, quien lo contrató en el Casino y, como consta en los testimonios de las causas administrativas y penales, tenía privilegios para cobrar los millones que facturaba. La demanda recayó en la Sala 1 de la Corte y fue Pedro Llorente el sorteado para “preopinar” en la causa y votar en primer lugar. Pues el propio Llorente reconoció que es íntimo amigo de Miguel Bondino, el radical que como ex directivo del Casino también había sido sancionado por el Tribunal de Cuentas. A pesar de esa relación, ambos son de San Rafael y tienen origen radical, Llorente no se apartó de la causa.

El otro juez que votó es Mario Adaro, quien compartió militancia en el PJ con Bianchinelli, pero además tiene un vínculo cercano con el Instituto de Juegos. Su hermano, Gustavo, fue gerente del Hipódromo de Mendoza y tuvo a Bianchinelli como jefe político. Masterful también tenía a su cargo la limpieza del Hipódromo. En la causa tramitada por la Corte se mencionan testigos que también tienen un pasado particular. Uno de ellos es Miguel Alonso. No se trata de un simple empleado, sino de un ex presidente del Instituto en un momento clave: fue quien ejecutó la política de expansión del juego en la provincia, con una red de tragamonedas que fue repartida entre empresas y el propio Estado. Alonso fue investigado por enriquecimiento ilícito y Cobos "lo echó". Sin embargo, como tenía un cargo de planta permanente, ese empleado radical sigue dentro de la estructura del Instituto.

La empresa Masterful también tiene un vínculo que incomoda a la actual gestión. Es que los mismos dueños de esa empresa son los propietarios de Dela SA, la empresa que la Secretaría de Cultura contrató para arreglar el Espacio Contemporáneo de Arte. Ese arreglo terminó en una tragedia patrimonial: el ECA se incendió, destruyendo la cúpula y generando una pérdida para la cultura y el patrimonio que costó cerca de 20 millones de pesos. Los directivos de esa empresa y el secretario de cultura Diego Gareca fueron demandados por Fiscalía de Estado para que paguen los daños.

Bianchinelli consiguió “piedad” o, para ser más agudos, protección del oficialismo. A pesar de las denuncias por “lentitud de la justica para investigar” casos donde se sospecha que hubo corrupción, en el caso del Casino no ocurre lo mismo. Justamente ese organismo descentralizado ha sido parte siempre de los repartos de cargos y responsabilidades entre los partidos políticos. Por eso, por ejemplo, en el directorio hay siempre al menos un peronista y un radical. Eso genera que cualquier intento de avanzar, se anule por los intereses cruzados. 

En esos casos es cuando cobra sentido la queja por el copamiento de funcioanrios políticos en los organismos de control y el cruce de cargos. Ocurre en la Corte, donde hay ex ministros políticos, en al Tribunal de Cuentas, donde pasa exactamente lo mismo, y también en Fiscalía de Estado. En Mendoza el mismo "círculo de confianza" gira alrededor de cargos clave para ejecutar e investigar; o todo lo contrario. 

Uno de los argumentos de la Corte para exculpar a los dirigentes políticos que pasaron por el Casino es que el servicio se prestó (más allá del costo). Pues sí; en el lugar hay menos polvo, aunque a la luz de los hechos está en duda si está limpio.