Y un día el jefe de los supremos dijo lo que piensa la mayoría

Tras los dichos Carlos Rosenkrantz en la apertura del año judicial, nunca más oportuna la frase “a confesión de parte, relevo de pruebas”. Según del presidente de la Corte Suprema, “los argentinos están perdiendo la confianza en el Poder Judicial”.

Por ser juez y parte, él no se incluye entre los argentinos y en esa no tan sutil omisión está justamente la explicación al porqué de esa alarmante falta de confianza: ni él ni la mayoría de la casta judicial se siente parte de la sociedad que integran.

En esa falta de empatía básica se sustenta un divorcio que se profundiza mientras más promiscuo es su vínculo con el poder político de turno. La mentada independencia de los tres poderes ya hace rato que dejó de ser un ideal republicano. De allí la crisis de legitimidad que admitió Rosenkrantz, la cual -según su acertada interpretación- se traduce en una crisis de confianza.

Un arco tan amplio abarcan las sospechas y la desconfianza que en él caben tanto las dudas en el accionar del fiscal Stornelli, los caranchos vip impugnando jueces a favor de sus exfuncionarios multimillonarios o las desprolijidades en investigaciones de “gente común”, como el Caso Cuattoni, donde un empresario estuvo dos años y medio preso por un crimen que no había cometido.

No es casualidad que Rosenkrantz admita que “la desconfianza de los ciudadanos en el Poder Judicial ha nacido en parte porque existe la sospecha de que servimos a intereses diferentes al derecho”. Lo que el magistrado considera una sospecha instalada, en realidad se sustenta en el día a día concreto, “basado en hechos reales”, donde el argentino de a pie ve cómo la puerta giratoria no es sólo para el motochorro de turno sino también para el funcionario o el empresario que no conviene que hable demasiado.

Para el jefe de los supremos, aún se está a tiempo de revertir la palpable crisis de la Justicia. Pero lo suyo no deja de ser una expresión de deseos, frases para que resuenen en los medios y en algunos de sus pares con verdadera vocación cívica, no encarna una acción política concreta donde las palabras purga, jurys y límites sean parte de una auténtica renovación de un poder hoy tan dudoso como espurio.

Tampoco la solución a este manto de dudas permanente hacia la justicia menguará porque los ciudadanos ocupen una silla en un juicio por jurados, como ocurrirá en unos meses aquí en Mendoza. En off, más de un abogado, funcionario de gobierno, o referente de tribunales, comparte sus reparos en que éste sea el mejor instrumento para enjuiciar a un acusado.

No es en este ámbito, sino en el de la política más clásica y artera donde se cocinan las grandes decisiones, por más que Rosenkrantz les pida a los jueces ser “refractarios a todo interés personal, ideológico, político”.

Como todo aquel que invoca la necesidad de cambios, el líder judicial aclara que estos son lentos, que llevan implícitos la lentitud estratégica de la que hablaba Napoleón. Una cosa es que sean lentos y otra que se mantenga el status quo porque les sirve, en sus respectivas proporciones, a todos los involucrados. Menos, claro, a la mayoría de los argentinos.