Clientes bobos: las empresas de servicios ganan como nunca, incumplen como siempre

Que una empresa quiera ganar dinero está dentro de la lógica. Es su interés legítimo. Pero detrás de ese objetivo hay obligaciones éticas imposibles de obviar. Si esa empresa es además concesionaria de un servicio público, pues su orden de prioridades debería alejarse de las ecuaciones netamente mercantilistas, pues así lo dicen los contratos que firman. En Mendoza hay una tensión entre el interés comercial de esas empresas y la obligación que tienen de prestar un servicio de calidad.

Tienen el monopolio del “producto” que venden. Los “clientes” no tienen opciones para obviar sus obligaciones y desde hace 3 años el precio que cobran aumenta sin margen para pérdidas. Sin embargo la ambición crece y reclaman más.

Gas, el negocio

El caso paradigmático es lo que ocurre con la empresa Distribuidora de Gas Cuyana. Esa firma tiene detrás especialistas en el negocio financiero. Primero fue la empresa Puente (que compró las acciones previo a la asunción de Macri). Esa empresa ha multiplicado sus ganancias y ha tenido comportamientos más cercanos a otro tipo de negocios. La tarifa del gas natural es la que más creció, pero la empresa, que trabaja bajo el nombre de fantasía Ecogas, reclama un aumento superior al que le correspondería y, sobre ello, suma supuestos ingresos no percibidos. Al mismo tiempo también se aleja de las necesidades cotidianas de los usuarios y muda muchos de sus servicios.

El año pasado el aumento estacional de invierno quedó disimulado por el prorrateo de la boleta de los meses de mayor consumo. Fue una anestesia. La postergación de parte de los pagos generó un alivio temporal, pero para muchos se hizo un cuello de botella al superponerse vencimientos de manera casi ridícula. Pues ahora la empresa va por más y reclama que el aumento que correrá desde abril sea aún mayor porque, asegura, tuvo ingresos no percibidos. Según Ecogas, el último aumento estuvo mal aplicado y “perdió” casi 100 millones de pesos. Por eso pide un plus del 5% de aumento, llevando el aumento al 41,1%. Pero no se queda allí y reclama el pago de una diferencia por el flete del gas que se transporta a Malargüe y otra más por la diferencia de una semana en la aplicación del nuevo cuadro tarifario. Los antecedentes de la empresa no son positivos. El año pasado cobró de más por haber incluido en la tarifa obras que no se realizaron y el Enargas obligó a devolverle a los usuarios de Mendoza parte de esa diferencia y también por haber usado de manera discrecional una herramienta de contingencia, como es cobrar por “consumos estimados”.

Al mismo tiempo, Ecogas intentaba otra maniobra más cercana a una empresa financiera que de servicios. Ese intento fue fusionarse por completo con Distribuidora de Gas del Centro, su empresa gemela y “madre”, que funciona en Córdoba. En los hechos, todo está concentrado en la provincia mediterránea. Pero querían una fusión total, que fue rechazada por el Enargas. A pesar de los reclamos, a Ecogas no le va nada mal. Solo hasta el tercer trimestre del año pasado la empresa había ganado 1023 millones de pesos. El doble de lo que había ganado y repartido el año anterior. El resultado final del 2018 lo tendrán el mes que viene y también definirán el destino de esos recursos: si distribuye dividendos, como hizo hasta ahora, o reinvierte.

Edemsa, bajo auditoría

Con la principal distribuidora de electricidad de Mendoza también hay tensión. Edemsa, que abastece al 70% de la población de la Provincia, ha recibido compensaciones millonarias, tiene tarifa plena desde principio del año pasado. Pero mantiene deudas enormes que se niega a cancelar y sigue en plan de reclamo a la provincia.

En ese caso hay otro dato de contexto particular. El EPRE realiza una auditoría de los números de Edemsa para saber, entre otras cosas, el detalle fino del manejo de los recursos. El Estado provincial sigue siendo accionista y además el Ente Regulador tiene la potestad de auditar. Uno de los detonantes para ejecutar esa medida fue el reclamo de la propia empresa ante Cammesa por supuestos problemas financieros. En la Nación la empresa mendocina decía que no tenía ingresos suficientes por retrasos tarifarios y que por eso se endeudaba. En la Provincia, sin embargo, le habían otorgado tarifa plena (que ahora se ajustará por inflación).

El resultado de ese estudio no tendrá como destino un archivo. Al menos según la promesa del Gobierno. Según aseguran, será uno de los insumos fundamentales para que el gobernador Alfredo Cornejo decida el futuro de Edemsa. En particular quién se queda a cargo de la gestión de la empresa. “La obligación nuestra es hacer cumplir el contrato. Se está haciendo una auditoría. Cuando estén los resultados se verá qué acciones tomar. Hay situaciones previstas como son las multas. Pero se está haciendo la auditoría para ver otros puntos. Pero vamos a esperar los resultados de ese estudio”, aseguraron desde el Ejecutivo.  

Hubo pedidos de ampliación y la auditoría se hizo más compleja de lo esperado. Uno de los objetivo es saber el destino de los fondos percibidos. Durante años el Estado estuvo ausente de la gestión de esa empresa, a pesar de tener presencia den el directorio. Incluso se aprobaron balances a libro cerrado. El último año el representante estatal tomó otro camino. 

Como dato de contexto no pierden de vista en el Gobierno que el grupo económico que tenía a cargo Edemsa se ha desdibujado, aunque sigue teniendo una enorme capilaridad en distintos sectores del Estado. Por concesiones ya otorgadas en un bazar de negocios, por relaciones políticas y por la propia inercia que arrastraban en su relación con el poder político.

Detrás de esa compleja maraña está quienes pagan las boletas, esperando dejar de ser considerados meros clientes, para que por fin sea usuarios.