Máxima tensión en Tribunales

Máxima tensión en Tribunales

Se inicia el "año judicial" en uno de los momentos de máxima tensión entre el Gobierno y la Corte. Aunque hubo otras peleas con más violencia verbal, ahora hay conflicto de poderes que trascienden más allá. Las bravuconadas y denuncias que hacen caer el velo de "institucionalidad" que tenía Mendoza.

En una imagen que atrasa con la idea de una república moderna, el presidente de la Suprema Corte y el Gobernador estarán sentados en el alto estrado del salón de actos de Tribunales. Formalidades, buenos deseos e hipocresía. El “año judicial” se iniciará en uno de los momentos de mayor tensión entre los poderes del Estado.

Jorge Nanclares hablará para trazar los lineamientos de la gestión del Poder Judicial y su discurso tendrá bastante de balance con venias al gobernado Alfredo Cornejo. Uno impulsó las reformas para adecuar el Poder Judicial a su modelo; el otro las implementó. Ese balance tendrá resultados en la justicia laboral con baja de litigios, en la civil, con la oralidad y la aceleración de los procesos y en la penal con números sobre tiempos de resolución de causas. Algunos de los resultados inmediatos de la aplicación de los nuevos códigos que también tienen como dato escondido el cuello de botella que todos ven venir en los próximos años.

Probablemente Nanclares no hablará de algunas de las fallas estructurales del sistema judicial de Mendoza que hacen, por ejemplo, que se violen las normas nacionales e internacionales sobre las garantías del debido proceso. Una de ellas es el derecho a la segunda instancia, algo que en Mendoza no existe en el fuero penal porque no hay cámara de casación. El tema ya ha sido motivo de advertencia internacional por parte de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, pero no está en la agenda política.

El hombre prudente

El Presidente de la Corte es un hombre prudente. En exceso algunas veces. Quizá por eso le volvió a tocar estar en uno de los cargos de mayor poder dentro del Estado. Pero igualmente será imposible evitar la realidad que se vive por la causa en la que deben definir si es legal o no la promulgación de la enmienda del artículo 198 de la Constitución, que limita la reelección de los intendentes.

Nanclares ya se ha expresado sobre la judicialización de conflictos políticos y hay quienes esperan que hable en el mismo sentido; es decir que haga mención explícita a lo que pasa en Tribunales por las interferencias políticas. Los destinatarios serían el propio Gobernador, los intendentes que están invitados al acto y estarán a su lado los ministros de la Corte que en pocos días deben decidir el futuro institucional de Mendoza. Es que el tono que ha tomado esa causa hace que exceda el hecho puntual sobre si pueden o no reelegirse los intendentes.

Es probable que la cautelar recién se resuelva la semana que viene, aunque la Corte dice que tiene premura. También es probable que voten los 7 miembros de la Corte y no 3. Y es muy probable que esa cautelar se admitida y que temporalmente los intendentes puedan ser candidatos aunque arrastren varias reelecciones. Esto abarcaría no solo a los 4 peronistas que hoy están vedados, sino a todos, incluidos los del oficialismo. Es que, vale aclarar, el caudillismo y las dinastías departamentales no son patrimonio exclusivo del PJ.

Si hay un fallo en ese sentido, es por un dato del sentido común, explican en Tribunales: una vez detonado el litigio judicial, la Corte no puede obviar sus propios pasos y admitir un cambio de interpretación dado desde otro poder. Es decir, que para ellos rige el criterio “Kemelmajer” para modificar la Constitución hasta que se decida otra cosa. Y juegan en contra el “bache temporal” para la promulgación, el fracaso de la reforma del artículo 221 de la Constitución y otros argumentos.

Claro que todos entienden una cosa: hay consenso para limitar la reelección de los intendentes. Por eso la decisión que tomará la corte tiene un alto contenido político. Para vestir esa decisión, hay argumentos jurídicos que justifiquen cualquiera de los caminos. Los buenos oficios que intentará oficial la Corte para buscar un acuerdo político no tienen un buen preludio. Las bravuconadas repelen cualquier intento.

La estrategia de persuasión e influencia en el discurso público que montó el Gobierno se aceleró y antes de lo previsto fue Cornejo quien se puso a la cabeza, con acusaciones graves de “parcialidad política” hacia el Fiscal de Estado. Cornejo dijo que Fernando Simón actúa respondiendo al PJ y no a su función. El fiscal emitió un dictamen en el que sugiere darle curso a la cautelar para que los intendentes puedan ser candidatos. Pero es una opinión no vinculante. La acusación de Cornejo tiene una pata real, pero que tampoco le conviene al oficialismo: la costumbre mendocina es nombrar en cargos de control y de organismos extra poder a dirigentes afines. Lo hicieron todos los gobernadores, incluido el propio Cornejo.

Un día después de tamaña acusación el Fiscal de Estado y los funcionarios de Cornejo deben compartir la defensa de Mendoza por el conflicto por el río Atuel. El contexto no ayuda a generar confiabilidad en ese equipo y el intento de deslegitimación hacia Simón puede jugar en contra en otros temas de fondo. Curiosamente Simón fue un “buen aliado” de Cornejo y sus legisladores cuando estaba en el Senado. Fue el actual Fiscal quien elaboró con Tadeo García Zalazar el proyecto de ley de reforma electoral que impulsaba también Cornejo como jefe de la oposición. También fue Simón quien junto a Juan Carlos Jaliff redactó el proyecto para modificar el Jury de Enjuiciamiento e incluir penas intermedias; que fue uno de los primeros proyectos ponderados por Cornejo. Además del dictamen que no conformó al Gobierno, Simón tomó otra decisión que ofuscó al propio Cornejo: demandó por daños y perjuicios a Diego Gareca para que se haga cargo de parte de más de 20 millones de pesos que le costará al Estado el incendio del Espacio Contemporáneo de Arte.

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